*Mediante la utilización de métodos no convencionales de extracción de oro, el vertimiento de sustancias tóxicas y el abandono de residuos sólidos estarían ocasionando graves daños en la ronda del río Quinamayó.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a 11 personas señaladas de extraer oro de manera ilegal en las modalidades de socavón y aluvión en la vereda La Alegría, en zona rural de Santander de Quilichao (Cauca).

Estos hombres fueron capturados en situación de flagrancia en una acción coordinada con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional.

En el procedimiento se constató que serían los encargados de realizar las actividades de minería sin los permisos de ley, usar métodos no convencionales de explotación, arrojar residuos sólidos y verter sustancias tóxicas a las fuentes hídricas, generando graves afectaciones al ecosistema, especialmente al río Quinamayó, principal receptor del material contaminante.

De igual manera, en el lugar fueron encontrados 2 motores que eran utilizados para activar un sistema de poleas que trituraba el material obtenido; 2 motobombas empleadas para el drenaje de los socavones y el manejo del agua, 4 dragas tipo buzo, 6 clasificadoras de oro y tres taladros percutores.
Una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a los capturados los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero, daño en los recursos naturales y ecocidio, y contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburos.

Los procesados fueron identificados como: Jhon Jairo Mina Zapata, Mayken Steven Palacios Balanta, Leiner Edilson Gómez Tegue, José Wilson Camilo Caicedo, Ronald Stiven Trochez Coronado, Niber Felipe Mera Asprilla, Juan David Mera Cortez, Julián Andrés Mina Mera, José Jairo Mena Mina, Rogelio Lasso Campo y Víctor José Molina Cortez.

Estas personas no aceptaron cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro
carcelario.

*También sería el responsable del traslado de personal, armamento y dinero entre estructuras criminales que tienen injerencia en el occidente del país.

La Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación CTI y en coordinación con unidades del Ejército Nacional, logró la captura de Juan Esteban Durango Pardo, alias El Flaco o Choroto, presunto cabecilla del autodenominado frente 18 de las disidencias de las Farc.

Este hombre tendría a su cargo redes criminales dedicadas al cobro de extorsiones, secuestro de comerciantes, compra y venta de estupefacientes y ejecución de ataques contra la fuerza pública.

Asimismo, sería el enlace entre las estructuras que tiene injerencia en Antioquia, Cauca y Valle del Cauca para facilitar el traslado de armamento, víveres y personal.

Los elementos materiales probatorios indican que habría participado en el reclutamiento de dos menores de edad en Medellín, en 2023.

Las víctimas fueron incorporadas al grupo armado ilegal mediante falsos ofrecimientos laborales y amenazas de muerte, y llevadas a una zona campamentaria en Ituango (Antioquia).

Por lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y reclutamiento ilícito.

Durango Pardo no aceptó los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Durante el procedimiento de captura del hoy procesado realizado en Medellín, fueron incautados dos proveedores para pistola, dos cartuchos calibre 9 milímetros, un teléfono celular y 25’900.000 pesos en efectivo.

*El uniformado agredió al deportista sin justificación alguna y posteriormente le disparó con el arma de dotación.

El Tribunal Superior de Cartagena (Bolívar) en fallo de segunda instancia señaló que la Fiscalía General de la Nación cumplió con la carga probatoria y presentó argumentos para acreditar la responsabilidad del patrullero Octavio Darío Porras Vides en la muerte de un joven futbolista y en las maniobras posteriores realizadas para intentar justificar su actuación.

En ese sentido, dejó en firme la condena de 33 años y cuatro meses de prisión en contra del uniformado por los delitos de homicidio agravado y falsedad ideológica en documento público.

Durante la investigación orientada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos se conoció que, el 24 de agosto de 2020, el policía llegó a un lavadero de carros ubicado en el barrio San Francisco, en Cartagena, y golpeó al adolescente porque no brindó información exacta sobre los horarios de atención del establecimiento de comercio.

La víctima escapó del lugar para poner fin a la agresión, pero fue perseguida y alcanzada por Porras Vides, quien le propinó un disparo en el abdomen con el arma de dotación. El menor de edad fue trasladado a un centro asistencial y allí murió.

Posteriormente, el uniformado participó en la alteración de los reportes oficiales para indicar que el deportista hacía parte de una pandilla y había atacado a varios policías con un arma artesanal, la cual fue obtenida y entregada en cadena de custodia. Sin embargo, las verificaciones y los análisis de balística evidenciaron que esa versión era falsa porque el joven no portó ni usó un arma de fuego, y el artefacto hechizo aportado no era apto para disparar.

En el fallo emitido por el Tribunal fueron absueltos los patrulleros Iván Darío Olivo de Ávila y Juan Esteban Gómez Ricard, quienes habían sido sentenciados en primera instancia por los delitos de favorecimiento agravado y falsedad ideológica en documento público. Contra esta determinación la Fiscalía interpuso el recurso de casación.