*Estados Unidos incrementa uso de fuerza contra migrantes detenidos: golpes, gas pimienta y ataques con pistolas ‘taser’ por pedir agua o atención médica.

Al menos 106 detenidos resultaron heridos desde comienzos de 2025, con lesiones que incluyen convulsiones, dislocaciones, fracturas y traumas.

Un nuevo informe del diario The Washington Post reveló un fuerte incremento en el uso de la fuerza contra inmigrantes detenidos por ICE durante el primer año de este segundo mandato de Donald Trump.

Según la investigación del diario capitalino, en los últimos 13 meses los incidentes en los que funcionarios recurrieron a la fuerza aumentaron 37 por ciento respecto al año anterior.

Paralelamente, el número de personas afectadas por el uso de la fuerza creció casi un 55 por ciento, con más de 1.330 detenidos involucrados en algún tipo de incidente.

El tipo de violencia documentada por el medio abarca un amplio espectro.

Los reportes internos describen golpes, patadas, maniobras de reducción, el uso de sillas de restricción y dispositivos eléctricos, como pistolas taser.

También el uso recurrente de agentes químicos, como el gas pimienta y proyectiles conocidos como pepper balls que liberan irritantes al impactar.

Al menos 106 detenidos resultaron heridos desde comienzos de 2025, con lesiones que incluyen convulsiones, dislocaciones, fracturas y traumatismos craneales.

La propia investigación advierte que la cifra real probablemente es mayor, ya que muchos reportes omiten información médica.

El aumento coincide con un crecimiento acelerado de la población detenida, que creció un 45 por ciento en el mismo periodo. Para los especialistas citados por el Post, esa presión ayuda a explicar parcialmente el fenómeno.

El experto en entrenamiento policial, Jeff Schwartz, apunta a factores como el hacinamiento, la falta de personal y deficiencias en la capacitación.

Otros exfuncionarios sostienen que el problema es más estructural, pues estos centros de detención migratoria operan bajo una lógica carcelaria en la que el control prima sobre otros criterios, lo que facilita el uso de la fuerza ante cualquier forma de resistencia o incumplimiento.

Reportes reflejan situaciones en las que las protestas o las negativas a acatar órdenes derivan rápidamente en el uso de gas pimienta u otras medidas coercitivas.

Los documentos analizados también muestran que muchos de estos incidentes no se debieron a actos violentos por parte de los detenidos.

En varios casos, la fuerza se utilizó cuando estos reclamaban acceso a comida, agua, atención médica o sus pertenencias, derechos contemplados en las propias normas de ICE.

Esas normas establecen que la fuerza debe ser el último recurso y nunca un castigo, pero los reportes reflejan situaciones en las que las protestas o las negativas a acatar órdenes derivan rápidamente en el uso de gas pimienta u otras medidas coercitivas.

¿Qué justificación da el Departamento de Seguridad Nacional?

La explicación oficial difiere. El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que los agentes están entrenados para aplicar la mínima fuerza necesaria y que las intervenciones responden a situaciones de riesgo o a la negativa de cumplir órdenes legítimas.

Empresas privadas que operan centros de detención, responsables de buena parte de las instalaciones, defienden el mismo criterio y aseguran que estas prácticas buscan mantener la seguridad y el control.

Sin embargo, la investigación identifica inconsistencias entre los reportes oficiales y otras evidencias, como grabaciones de llamadas de emergencia o testimonios de testigos.

En algunos episodios, incidentes que no registraron heridos en los informes sí derivaron en emergencias médicas. En otros, eventos graves ni siquiera aparecen en los registros internos.

El trabajo del Post se basa en un conjunto de correos electrónicos internos de ICE conocidos como “Daily Detainee Assault Reports” que resumen cada incidente en el que se utilizó la fuerza en centros de detención.

*Ocurrió minutos después de que el convoy del vicepresidente JD Vance pasara por el lugar.

Un enfrentamiento a tiros este lunes cerca de la Casa Blanca entre un hombre armado y agentes del Servicio Secreto dejó heridos al sospechoso y a un transeúnte menor de edad que se encontraba en la zona de Washington.

El tiroteo ocurrió en la intersección de la calle 15 y la avenida Independencia, pocos minutos después de que el convoy del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, pasara por el área, aunque las autoridades no ven indicios de que sucesos estén relacionados.

El incidente se produjo cuando agentes de civil del Servicio Secreto que patrullaban el perímetro exterior del complejo presidencial detectaron a un sospechoso que parecía portar un arma de fuego, informó el subdirector de la agencia, Matt Quinn, en rueda de prensa.

Al ser abordado, el individuo huyó brevemente a pie, sacó un arma y abrió fuego contra los agentes, quienes respondieron al ataque e hirieron al sospechoso.

El individuo fue trasladado a un hospital, aunque las autoridades no han detallado su estado de salud.

Durante el tiroteo, un transeúnte menor de edad resultó herido por disparos efectuados por el sospechoso, si bien su vida no corre peligro.

A raíz del incidente, los reporteros que trabajan en los jardines de la Casa Blanca fueron confinados brevemente en la sala de prensa como parte del protocolo de seguridad.

El suceso no impidió que el presidente, Donald Trump, participara a la misma hora en una ceremonia en la Sala Este de la Casa Blanca con pequeños empresarios.

Gianinna Maradona, hija de Diego Armando Maradona, denunció que existió un «plan de fondo» para acabar con la vida de su padre motivado por intereses económicos de su equipo legal, el que «manejaba» a los profesionales de la salud acusados por la muerte del ídolo argentino.

«Yo creo que había un plan de fondo, y no me entra en la cabeza por qué lo hicieron», expresó Gianinna esta semana en una videoconferencia con un grupo de medios -entre ellos EFE- en coincidencia con la celebración del juicio que busca determinar responsabilidades por la muerte de su padre, acaecida el 25 de noviembre de 2020.

Si bien consideró que los siete acusados «son todos responsables» por el fallecimiento del astro, subrayó que el abogado y apoderado de su padre, Matías Morla, era quien «manejaba los hilos».

«Lo querían matar. El plan de Morla era que mi papá ya no esté más», añadió Gianinna, que denunció que el abogado tenía una motivación económica, centrada en el usufructo de las marcas comerciales del exfutbolista.

«Había negocios. Pensaban todo el tiempo en la parte económica y no pensaban en la salud de mi papá», subrayó.

Gianinna puso como ejemplo de su teoría la decisión de exponer a su padre a situaciones que perjudicaron su salud, incluida una aparición pública poco antes de su muerte en la que lució una chaqueta de la petrolera YPF acordada por contrato.

Aquel día, en el que el astro cumplió 60 años, lo visitó temprano y, al encontrarlo débil e inestable, le propuso irse con ella.

Según su relato, incluido en su declaración testimonial, su padre estiró los brazos y dijo «sí», pero la hija del ‘Diez’ fue desalojada por la policía -por instrucción de Morla- y no logró llevárselo.

Si bien el abogado no está imputado en este juicio, la Justicia argentina decidió esta semana elevar a juicio una causa paralela en la que se lo acusa de haber defraudado a los herederos de Maradona con la gestión de sus marcas comerciales.

Morla, junto a dos asistentes, una escribana, y dos de las hermanas del exfutbolista, está acusado de «haber defraudado los intereses de los herederos legítimos de Diego Armando Maradona» por medio de una sociedad -a nombre suyo y de su cuñado- que administraba 246 marcas comerciales ligadas al ídolo argentino y valuadas en unos 100 millones de dólares.

Tras la muerte del astro, como parte del trámite sucesorio, se intimó a los dueños de la sociedad a ceder y transferir en forma inmediata la totalidad de las marcas a los herederos legítimos de Maradona -sus hijos Dalma, Gianinna, Jana, Diego Fernando y Diego Junior Maradona-, una disposición que Morla rechazó, antes de transferir la totalidad de las acciones a dos hermanas del exfutbolista.

Entre el dolor y la búsqueda de justicia

Gianinna, querellante en ambas causas, ha sido la primera de las hijas del ‘Pelusa’ en declarar en el nuevo juicio por su muerte, que comenzó el 14 de abril tras la anulación del primero en mayo de 2025 al descubrirse que una de las juezas participaba de forma encubierta en un documental sobre el proceso.

En su declaración, la hija de 36 años apuntó contra los profesionales imputados, acusó haber sido manipulada y, entre lágrimas, describió el impacto que representó para ella la muerte de su padre: «Tuve que recurrir a un psiquiatra porque no tenía ganas de vivir. Yo tenía un hijo que dependía de mí y lamento que me escuche así, pero yo me quería morir, no quería vivir más, yo me quería ir con mi papá».