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Fiscalía lanza plan estratégico para investigación y judicialización de delitos electorales

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*Con mayor presencia en regiones; seguimiento, análisis y articulación de actividades de policía judicial para identificar las conductas ilícitas que más inciden en el desarrollo normal de los certámenes democráticos, y difusión de los canales de denuncia, entre otras acciones, la Fiscalía busca atender y avanzar en la judicialización de los hechos delictivos que ocurran antes, durante y después de las jornadas electorales de 2026.

La Fiscalía General de la Nación está preparada para las próximas jornadas electorales. A través de la resolución 0047 de febrero de 2026, fue definida la estrategia transitoria de investigación y judicialización de los delitos que se presenten con ocasión de los comicios legislativos y presidenciales.

El plan definido contempla acciones para conocer y abordar con todas las capacidades institucionales los hechos delictivos que ocurran antes, durante y después de las votaciones previstas. En ese sentido, se realizó un mapa de riesgo electoral que permite identificar fenómenos delictivos en las regiones, teniendo en cuenta la capacidad de respuesta estatal y las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Esto facilitará la priorización de las
zonas con altas probabilidades de afectación.

Paralelamente, se avanzará en análisis integrales sobre las denuncias recibidas y las investigaciones que se siguen por cualquiera de los 16 delitos electorales, así como las alertas conocidas por presencia o posible injerencia de los grupos armados ilegales, con el propósito de optimizar y orientar de mejor manera los esfuerzos.

Las delegadas y direcciones estarán en permanente articulación para ejecutar la estrategia. De igual manera, trabajarán conjuntamente y mantendrán rutas de comunicación con entidades como la Defensoría el Pueblo, a efectos conocer de primera mano las alertas tempranas emitidas; y la Registraduría Nacional del Estado Civil y otras autoridades electorales para acudir a insumos de interés como el censo electoral.

Con relación a las acciones violentas contra candidatos y representantes de comunidades, la Fiscalía mantendrá mesas de trabajo con la Oficina del Alto Comisionado en Colombia para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organizamos internacionales con el propósito de obtener detalles sobre las conductas que afecten la vida, integridad y libertad de las personas o líderes que participan en el proceso y así poner en
marcha las respectivas investigaciones.

La financiación de las campañas es otro aspecto significativo que advierte la estrategia. Para esta temática se creará un Observatorio de Financiación Electoral para verificar asuntos relacionados con la violación de topes, gastos de campaña y fuentes de financiación. Las valoraciones servirán para construir una herramienta de seguimiento y emitir informes focalizados en territorio que sirvan para abrir las respectivas noticias criminales.

Los días 8 de marzo y 31 de mayo, la Fiscalía dispondrá de puntos de recepción de denuncias en lugares de alta afluencia de votantes o donde no hay presencia física de la entidad. Esta labor se articulará con la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) del Ministerio del Interior.

Las denuncias o información relevante que llegue a la Fiscalía o Uriel tendrán una ruta de atención especial a cargo de fiscales y equipos especializados de policía judicial con disponibilidad exclusiva en el Nivel Central y en las 35 seccionales.

Al servicio de la ciudadanía, en la página web de la Fiscalía (www.fiscalia.gov.co), se habilitó un micrositio con aspectos de interés como los canales de denuncia, los delitos de recurrencia, el mapa de riesgo electoral y todo lo que se debe saber sobre los certámenes democrático que se aproximan.

Fiscalía

Cae red de narcos señalada de traficar cocaína y lavar activos

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*Cinco de los presuntos integrantes fueron capturados con fines de extradición a Estados Unidos y 27 bienes avaluados en más de 20.000 millones de pesos afectados con medidas cautelares.

Una operación trasnacional coordinada por la Fiscalía General de la Nación, a través de las direcciones especializadas contra el Narcotráfico y de Extinción del Derecho de Dominio, con apoyo de la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA, permitió afectar el componente estructural y el patrimonio de una red internacional involucrada en el envió de cocaína a destinos internacionales y el blanqueo de capitales.

En diligencias realizadas en Bogotá, Cali, Palmira y Jamundí (Valle del Cauca) fueron capturados cinco de los señalados articuladores principales de esta organización criminal, quienes son requeridos con fines de extradición por una Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida por cargos relacionados con tráfico de estupefacientes y lavado de activos, entre otros.

Se trata de Johan Alberto Gutiérrez Alonso, alias Gordo; Diego Alonso Gómez, alias Godie; Santiago Jaramillo Cortés, alias Góngora; Edinson Castillo González, alias Edinson; y Sergio Darío Corredor Henao, alias Darío. Estas personas serían las responsables de la salida de cocaína camuflada en encomiendas, mantener vínculos con el cártel mexicano de Jalisco Nueva Generación y ocultar los recursos ilícitos mediante la creación de empresas y la compra de bienes muebles e inmuebles.
En ese sentido, Gutiérrez Alonso, como presunto cabecilla del grupo ilegal, estaría a cargo de organizar los alijos y garantizar su envío a otros países desde las terminales áreas de carga de Bogotá y Cali.

De igual manera, se le atribuye el uso de criptoactivos y la creación de sociedades en los sectores automotriz e inmobiliario para ocultar y facilitar el tránsito de los dineros producto del narcotráfico.

Los demás capturados, al parecer, cumplían roles relacionados con el blanqueo de capitales, la conversión de monedas virtuales y el traslado de millonarias sumas recurriendo a diversas maniobras comerciales.

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Fiscalía

Cae red delictiva señalada de expedir licencias de conducción de manera ilegal

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*Los integrantes de la organización ilegal eran trabajadores de un centro de formación automovilística que presuntamente registraban usuarios en los sistemas como si hubieran aprobado las clases prácticas, sin haberlas cursado.

La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto una red delictiva que estaría conformada por siete empleados de un centro de formación automovilística de Samacá (Boyacá), que serían los responsables de expedir irregularmente certificados de aptitud para la obtención de las licencias de conducción a personas que no cumplían con los requisitos exigidos.

Se trata de Karen Julieth Escala Rodríguez, Julieth Alejandra Muñoz Sanabria, Euliber Páez Tovar, Jorge Andrés Zapata Rico, Cristian Camilo Cuadrado Pimiento, Winston Andretti Forero y Ronald Albeiro Trujillo Moreno.

Estas personas habrían participado, de manera individual, en 18 eventos ilícitos ocurridos entre enero y septiembre 2024.

En estos casos, Escala Rodríguez y Muñoz Sanabria presuntamente consignaron información falsa en los sistemas que se entrelazan con el Ministerio de Transporte y las secretarías de movilidad para acreditar que usuarios superaban todas las pruebas requeridas sin dificultad, cuando la realidad era otra.

Los demás involucrados, en su rol de instructores, son señalados de alterar las planillas para reportar que los aprendices aprobaban el ítem de clases prácticas. Sin embargo, los elementos materiales probatorios evidenciaron que los beneficiados no asistieron ni superaron esta obligación en la intensidad que fija la normatividad vigente.

Adicionalmente, se les atribuye adelantar registros biométricos a través de maniobras fraudulentas para dar apariencia de legalidad a la actividad que realizaban.

Un fiscal de la Unidad de Fe Pública y Patrimonio Económico de la Seccional Boyacá imputó a estas siete personas los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.

Los cargos no fueron aceptados.

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Encarcelado mototaxista señalado de abusar sexualmente de una menor de edad

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*El hombre habría intentado asfixiar a la víctima y dejado inconsciente.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a Luis Fernando Varona Guevara, un mototaxista señalado de abusar sexualmente de una adolescente, la tarde del pasado 23 de enero en Cali (Valle del Cauca).

La menor de edad tomó el servicio de transporte informal en el barrio Alfonso López. En el trayecto, el hoy procesado presuntamente se desvió hacia una zona rural, despoblada y rodeada de cañaduzales en el sector de Caucaseco, en la vía que conduce a Palmira, intimidó y atacó a la víctima con un arma blanca, y la agredió sexualmente.

Las evidencias recopiladas indican que el hombre le habría presionado el cuello a la joven, dejado inconsciente, arrebatado el teléfono celular y escapado del lugar. Finalmente, la adolescente reaccionó, logró conseguir ayuda y fue trasladada a un centro asistencial.

Por estos hechos, Varona Guevara fue capturado por unidades de la Policía Nacional y servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en Candelaria (Valle del Cauca). Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes (UENNA) de Cali (Valle del Cauca) le imputó los delitos de feminicidio en grado tentativa, acceso carnal violento, secuestro simple y hurto calificado, todas las conductas agravadas.

El hombre no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

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