En tres jornadas de entrega de predios, la Unidad de Restitución de Tierras (URT), a través de su Dirección Territorial Magdalena, acompañó al Juzgado Segundo Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta en el cumplimiento de órdenes judiciales proferidas por el Tribunal Superior de Cartagena.

El Juzgado materializó la restitución de ocho predios a familias campesinas que fueron despojadas por la violencia de grupos armados hace más de 20 años, en Aracataca.

«Estoy contenta porque volví a mi tierra con mis hijos y amigos. Agradecida con Dios y con el señor presidente Gustavo Petro, que nos dio esto y nos tiene en cuenta a los campesinos», dijo Sonia Esther Pérez de Roján, quien vivió los hechos victimizantes.

Las órdenes judiciales fueron proferidas por el Tribunal Superior de Cartagena.
Las órdenes judiciales fueron proferidas por el Tribunal Superior de Cartagena.
Unidad de Restitución de Tierras

Con una sonrisa en su rostro, hijos y nietos acompañaron el momento en el que firmó las escrituras que formalizaron la restitución material de su predio de 25 hectáreas.

En las jornadas participaron delegados de la Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC) y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), quienes han llevado la representación de las víctimas, que hoy materializan su anhelo de trabajar en sus tierras.

Avances del convenio de litigio estratégico

La Unidad trabaja de manera conjunta con organizaciones como CJYC y la CCJ, con ocasión a un proyecto de financiación respaldado por el Fondo Multidonante de Naciones Unidas para la Paz en Colombia (MPTF).

El despojo de sus tierras ocurrió hace 20 años.

Este litigio estratégico articulado busca responder a casos complejos e impulsar el restablecimiento de derechos territoriales en departamentos como el Magdalena.

“Este convenio es uno de los logros representativos de la administración: permitió impulsar casos de difícil resolución y generar puentes para avanzar donde antes no los teníamos. Colectivizar el proceso de restitución nos permite leer el territorio de forma integral”, afirmó Paula Villa, directora jurídica de la URT.

Para muestra de los resultados de esta alianza, en las tres jornadas se restituyeron cerca de 200 hectáreas y varios parceleros de Macaraquilla van retornando paulatinamente a las tierras que la violencia les arrebató.

Este paso es tan solo el inicio del proceso de reparación transformadora, pues las familias restituidas recibirán el apoyo de la entidad para poner en marcha proyectos productivos u órdenes de sentencia que abarcan subsidios de vivienda o mejoramiento de esta.

El uniformado de 24 años fue asesinado mientras realizaba labores de control durante una feria. En la zona delinquen estructuras de las disidencias de las Farc.

Un nuevo hecho de violencia sacudió al departamento del Caquetá, cuando un ataque armado contra uniformados de la Policía en el municipio de Cartagena del Chairá dejó como saldo un patrullero muerto y cuatro personas heridas, entre ellas tres policías y un civil.

La víctima fue identificada como Jason Rayo Espinoza, de apenas 24 años, quien se encontraba cumpliendo labores de registro, control de establecimientos y verificación de antecedentes en el marco de un dispositivo especial de seguridad desplegado durante una feria local.

De acuerdo con la información preliminar, los uniformados habían sido enviados únicamente durante ese fin de semana para reforzar la seguridad en la zona. Fue en medio de esas actividades cuando fueron sorprendidos por criminales, en un ataque que las autoridades calificaron como una acción violenta y directa contra la Fuerza Pública.

Tras el atentado, tres policías y un civil resultaron heridos y fueron trasladados de inmediato a la clínica Medilaser, donde recibieron atención médica especializada. Según los reportes, los lesionados ingresaron en condición estable.

Las autoridades rechazaron el hecho y anunciaron el inicio de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables. En esta zona del país hacen presencia estructuras armadas ilegales como la Rodrigo Cadete y la Carolina Ramírez, pertenecientes a disidencias de las Farc.

Se trata de beneficios otorgados por Finagro al hijo de la senadora María Fernanda Cabal y el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie.

El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, habría encontrado inconsistencias estructurales en un crédito y un subsidio de Incentivo a la Capacitación Rural (ICR) concedidos al abogado penalista Juan José Lafaurie Cabal, hijo de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal y el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie.

Según información de El Reporte Coronell, la auditoría ordenada por Finagro habría encontrado “una secuencia de inconsistencias estructurales sobre la tenencia de la tierra y la identificación de los beneficiarios del proyecto”.

Hallazgos de la auditoría al crédito
Juan José Lafaurie Cabal habría recibido un crédito blando por 400 millones de pesos, de los cuales $95.273.700 habrían sido pagados por los contribuyentes a través de un subsidio de ICR, concedido en calidad de pequeño productor.

Lafaurie Cabal habría declarado que era el dueño de la tierra en la que se invertirían los recursos públicos. Esto, en un formulario entregado para recibir los beneficios.

Cabe aclarar que el Estado figuraría como el fiador del 80 % de la deuda, a través de una garantía FAG (Fondo Agropecuario de Garantías).

La auditoría habría verificado en los registros de propiedad que la tierra no es suya, sino de una empresa: Inversiones Lafaurie Cabal. Esa empresa le habría comprado tierra a Lafaurie padre.