*La Contraloría declara impacto nacional y revela un caso donde la obra existe, los contratos están firmados, pero el servicio nunca llegó a la comunidad

En el corregimiento de Doña María, en el municipio de Fundación, Magdalena, la historia del acueducto y alcantarillado quedó atrapada entre dos realidades que no coinciden entre sí: la del papel y la del territorio.

En los documentos oficiales, el proyecto aparece como una obra terminada, con actas de recibo, porcentajes de ejecución casi completos y recursos prácticamente ejecutados en su totalidad. Pero en la práctica, la comunidad sigue sin contar con un sistema de agua potable funcionando de manera real y continua.

El caso terminó escalando hasta la Contraloría General de la República, que lo declaró de impacto nacional, al advertir un posible daño fiscal por $4.719.514.179.

UNA OBRA TERMINADA EN PAPEL, PERO INEXISTENTE EN SERVICIO

El proyecto de acueducto y alcantarillado fue ejecutado bajo el contrato de obra L.P.-006-2022, con interventoría del contrato CMA-006-2022, y fue presentado como una intervención integral para mejorar el acceso al agua potable en el corregimiento.

En los registros aparece una ejecución física del 100% y una ejecución financiera del 99,85%, lo que en principio sugiere una obra concluida.

Sin embargo, el hallazgo central es otro:

El sistema construido no es funcional, no está operativo y no presta el servicio para el cual fue diseñado.

La comunidad de Doña María continúa sin recibir agua potable desde esta infraestructura, pese a la inversión ejecutada.

UNA RESPUESTA OFICIAL QUE NO DESVIRTUÓ LOS HALLAZGOS

Dentro del proceso, la Alcaldía de Fundación remitió una respuesta extensa con anexos técnicos, documentos y soportes para controvertir las observaciones del equipo auditor.

Sin embargo, el análisis de la Contraloría fue categórico al respecto:

La documentación aportada por la Alcaldía no desvirtúa las observaciones; por el contrario, las confirma, las detalla y las agrava.

Es decir, la defensa institucional no logró desmontar los hallazgos, sino que terminó reforzando la conclusión del ente de control sobre la inoperancia del sistema.

PERMISOS INCOMPLETOS Y UN PROYECTO QUE AVANZÓ SIN SOPORTE TOTAL

El expediente describe que el proyecto se ejecutó sin que estuvieran completamente asegurados los requisitos técnicos, ambientales y legales necesarios para su operación.

Entre los elementos identificados se encuentran:

Concesiones de agua que no fueron completadas o fueron devueltas por la autoridad ambiental
Ausencia de autorización sanitaria en firme
Falencias en permisos ambientales y urbanísticos
Inconsistencias en la situación predial del terreno donde se construyó la infraestructura

Incluso se registra que la autoridad ambiental competente devolvió solicitudes por falta de documentación completa.

UNA FUENTE CON RIESGO SANITARIO ELEVADO

El análisis técnico también advierte sobre la fuente de abastecimiento del sistema, la cual presenta condiciones críticas.

Se reporta un índice de riesgo de calidad del agua (IRCA) cercano al 89%, catalogado como alto riesgo sanitario, y descrito en los informes como una fuente “inviable sanitariamente”.

Pese a ello, la infraestructura fue construida y pagada dentro del proyecto.

INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA, PERO SIN VIDA OPERATIVA

Las verificaciones en campo muestran un sistema físicamente existente, pero con múltiples fallas funcionales:

Componentes eléctricos expuestos a la intemperie
Equipos fuera de operación
Estructuras con signos de corrosión y deterioro prematuro
Pozos de inspección con obstrucciones
Elementos del sistema sin uso real ni mantenimiento efectivo

Todo esto refuerza la conclusión central del expediente: la obra existe, pero no cumple su función.

RECURSOS PAGADOS CASI EN SU TOTALIDAD

El proyecto fue financiado con recursos del Sistema General de Regalías, y los pagos superan los $4.700 millones, distribuidos entre contratistas e interventores.

En el expediente aparecen como principales ejecutores:

ARCA – Asociación Regional de Municipios del Caribe, como contratista de obra
Consorcio Inter Doña María, encargado de la interventoría.
A pesar de estos desembolsos, el resultado final no se traduce en la prestación efectiva del servicio de agua potable.

LA CONTRALORÍA DECLARA EL CASO DE IMPACTO NACIONAL

Frente a la magnitud del hallazgo, el Contralor General de la República expidió el Auto No. 689 del 27 de marzo de 2026, mediante el cual:

Declara los hechos como de impacto nacional
Ordena investigación fiscal especializada
Activa el Grupo de Responsabilidad Fiscal del Sistema General de Regalías
Asigna el caso a la Contraloría Delegada correspondiente

El caso pasa así de ser un asunto municipal a una investigación de relevancia nacional.

LOS NOMBRES Y CARGOS EN EL EXPEDIENTE

El proceso involucra múltiples actores institucionales, contractuales y de control.

En el nivel territorial aparecen:

Carlos Sierra Sánchez, alcalde municipal y ordenador del gasto durante la ejecución del proyecto, Javier María Segebre, secretario de infraestructura y supervisor del contrato

En la ejecución contractual:

ARCA – Asociación Regional de Municipios del Caribe, contratista de obra, consorcio Inter Doña María, interventoría del proyecto, Seguros del Estado S.A., aseguradora del contrato de obra, Seguros Mundial S.A., aseguradora de garantías contractuales

En el control fiscal:

Carlos Rodríguez Becerra, Contralor General de la República, Diana Molina Méndez, coordinadora del Grupo Interno de Trabajo para Responsabilidad Fiscal del SGR, Lázaro Salcedo Caballero, contralor Delegado Intersectorial del Grupo de Responsabilidad Fiscal, Equipo auditor integrado por Soraya Astrid Murcia Quintero, María Alejandra Suaza Zambrano, Cristian Enrique Palacio Fonseca y Diego Armando Posada Vargas

UNA HISTORIA QUE SIGUE ABIERTA

El expediente deja una inquietud que atraviesa todo el caso: cómo una obra puede ser recibida, pagada y reportada como terminada, si en la práctica nunca ha funcionado como sistema de agua para la comunidad

En Doña María, la infraestructura está construida, los contratos están cerrados y los recursos fueron ejecutados. Pero el servicio que justificó la inversión aún no se materializa.

En Fundación, Magdalena, la indignación ya no se comenta en privado: se expresa públicamente. Existe una sentencia judicial en firme, confirmada en segunda instancia, que ordena proteger a la comunidad frente al riesgo de desbordamiento del río. Es una orden clara, ejecutoriada y obligatoria. Sin embargo, su cumplimiento integral sigue pendiente.

El 25 de agosto de 2023, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Santa Marta amparó el derecho colectivo a la seguridad y a la prevención de desastres, ordenando al Municipio adoptar medidas estructurales concretas. El fallo fue confirmado por el Tribunal Administrativo del Magdalena y quedó en firme. Desde entonces, su ejecución no depende de voluntades políticas sino del deber constitucional de obedecer a la justicia.

En los sectores ribereños la percepción es de abandono

Habitantes sostienen que la administración encabezada por la alcaldesa Luz Helena Andrade, habría priorizado tres obras viales que, aunque importantes para la movilidad, no tendrían la urgencia de una sentencia destinada a prevenir una posible emergencia por desbordamiento.

“Las murallas quedaron bien hechas, eso hay que reconocerlo”, afirma un líder comunitario. “Pero la sentencia no hablaba solo de murallas. Hablaba de obras complementarias para garantizar que cuando el río crezca y se desborde, no volvamos a vivir con miedo. Eso no se ha cumplido”.

Otra voz de rechazo es aún más directa: “Aquí no estamos discutiendo política, estamos hablando de seguridad. Cada invierno vivimos con la incertidumbre. No entendemos por qué se pueden hacer otras obras y no completar lo que ordenó el juez”.

Para los habitantes ribereños, el riesgo no es una hipótesis técnica. Es una experiencia repetida. Cada temporada de lluvias revive la preocupación. Cada aumento del caudal del río recuerda que la sentencia ordenó acciones adicionales que siguen sin ejecutarse.

En medio de esa tensión, también surgen voces de respaldo a la accionante Carmiña Mireya Escorcia Barrios, promotora de la Acción Popular que dio origen al fallo. Algunos ciudadanos la reconocen como una mujer persistente que no ha dejado que el proceso se diluya en el tiempo.

“Carmiña es una voz que no se rinde”, dicen vecinos del sector. “Gracias a ella existe una sentencia que nos protege. Si hoy seguimos hablando del tema es porque ella no ha permitido que quede en el olvido”.

El caso fue puesto en conocimiento del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Santa Marta mediante solicitud de incidente de desacato, mecanismo previsto por la ley para hacer cumplir las órdenes cuando la autoridad obligada no actúa de manera integral.

«Aquí no está en juego únicamente una diferencia entre administración y ciudadanía, está en juego la seguridad de quienes viven junto al río y la credibilidad del Estado, porque cuando una sentencia firme no se cumple en su totalidad, el mensaje es preocupante: que las prioridades administrativas pueden imponerse sobre la autoridad judicial», dijo Escorcia.

En Fundación la sentencia existe, está confirmada y obliga. Lo que sigue en discusión es si se cumplirá completa y oportunamente, antes de que la naturaleza vuelva a poner a prueba lo que la justicia ya advirtió.

*La justicia advirtió incumplimiento real de una orden del Tribunal Superior y concedió 48 horas para obedecerla, bajo advertencia de sanciones personales.

El Juzgado Cuarto de Familia Oral del Circuito de Santa Marta profirió un contundente auto judicial mediante el cual requirió al Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, y al Gerente Departamental Colegiado del Magdalena, Jorscean Federico Maestre Toncel, por el incumplimiento material, real y sustancial de un fallo de tutela emitido por el Tribunal Superior de Santa Marta.

La decisión, adoptada el 3 de febrero de 2026, se produce dentro de un incidente de desacato promovido por un ciudadano del municipio de Fundación, Magdalena, quien denunció que la Contraloría General de la República no acató de fondo la sentencia de tutela proferida el 3 de diciembre de 2025 por la Sala Cuarta de Decisión Civil–Familia del Tribunal, la cual había revocado un fallo de primera instancia.

Según el despacho judicial, la Contraloría se limitó a informar que el asunto había sido trasladado a la Procuraduría General de la Nación, sin demostrar que dicho órgano hubiese asumido efectivamente competencia, ni certificar la existencia real de una investigación disciplinaria, su estado procesal, actuaciones concretas o responsables identificados. Para la jueza, este proceder no satisface la orden judicial, pues sustituye el cumplimiento sustancial por respuestas genéricas, abstractas y meramente formales.

El auto señala además que la entidad requerida eludió el deber constitucional de informar de manera clara, específica y verificable, desnaturalizando el alcance del fallo de tutela y vulnerando el derecho fundamental de petición del accionante.

Ante este escenario, el juzgado aplicó el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 y requirió al Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, para que, en su calidad de superior jerárquico, conmine al gerente departamental colegiado del Magdalena, Jorscean Federico Maestre Toncel, a cumplir estrictamente la orden judicial dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación del auto.

La providencia advierte que, de persistir el incumplimiento, el despacho procederá a abrir formalmente el incidente de desacato, con la eventual imposición de sanciones personales, incluidas multas y arresto, conforme a la ley.

Este pronunciamiento judicial refuerza el principio según el cual las órdenes de tutela son de obligatorio cumplimiento, incluso para los más altos organismos de control del Estado, y que no pueden ser reemplazadas por actuaciones evasivas o dilatorias, independientemente del rango del funcionario requerido.