*La Gobernación convocó un Puesto de Mando Unificado permanente.

Un artefacto fue detonado la noche de este sábado en el PK 87+650 de la vía férrea en el municipio de Fundación, Magdalena.

La noticia fue informada por la Gobernadora del departamento, Margarita Guerra.

«En articulación con la Policía y el Ejército, convocamos un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente hasta que se esclarezcan los hechos y su procedencia», indicó.

«Hacemos un llamado a todos los fundanenses a mantener la calma y mantenerse informados a través de las fuentes oficiales», agregó.

Guerra puntualizó que no se han reportado heridos, solo daños materiales.

«El Hospital San Rafael de Fundación y la ESE Luisa Santiaga Márquez se encuentran con el protocolo activado», concluyó.

El periodista Tachi Nieto no ha anunciado una candidatura, no está haciendo campaña ni ha salido a recorrer a buscar reconocimiento en los barrios, pero aun así, su nombre se mueve, y no precisamente por iniciativa suya.

Amigos, ciudadanos que han seguido sus investigaciones y un grupo de empresarios del Magdalena ya se han sentado a hablar con él y estudian la posibilidad de respaldarlo en diferentes escenarios, con el propósito de promover su nombre como una alternativa frente a la corrupción que, según ellos, carcome al municipio.

No sería una candidatura construida sobre promesas electorales, sino sobre una trayectoria de investigaciones, denuncias y confrontaciones alrededor del manejo de los recursos públicos y de problemas que afectan directamente a los ciudadanos.

EL ACUEDUCTO DE DOÑA MARÍA: EL HALLAZGO FISCAL QUE PUSO AL EXALCALDE SIERRA BAJO LA LUPA

Durante los últimos años, el periodista se convirtió en una de las voces más incómodas de Fundación frente al manejo de los recursos públicos y varias de sus denuncias terminaron en organismos de control, procesos judiciales y actuaciones institucionales.

Uno de los casos más representativos es el acueducto de Doña María. La Contraloría General de la República estableció responsabilidad fiscal contra el exalcalde Carlos Sierra, la empresa contratista RCA y el interventor Luis Machado por irregularidades relacionadas con más de 1.600 millones de pesos destinados a la construcción de la obra.

A esto se suman los hallazgos fiscales y disciplinarios que terminaron poniendo la obra bajo la lupa de los organismos de control y que le permitiera a la Contraloría Nacional, declarar la obra como Impacto Nacional.

Para quienes impulsan su nombre, este caso demuestra que sus denuncias no son de redes sociales ni discursos de calle: llegaron hasta las instituciones y produjeron actuaciones oficiales.

LA EXGERENTE DIANA CELEDÓN Y EL PLIEGO DE CARGOS QUE LE ABRIÓ LA PROCURADURÍA

Otra de sus investigaciones terminó en una actuación de la Procuraduría General de la Nación, que abrió pliego de cargos contra la exgerente del Hospital San Rafael, Diana Celedón, por hechos relacionados con la ejecución de 5 contratos de igual objeto, por valor superior a los 2 mil millones de pesos, contratos que fueron denunciados por el periodista.

La diferencia, dicen quienes lo respaldan, está precisamente ahí: no se trató solamente de cuestionamientos públicos, sino de investigaciones que fueron llevadas ante las autoridades competentes y para algunos sectores, quien ha demostrado determinación para investigar y denunciar desde afuera, también debe estar dispuesto a administrar y responder por sus propias decisiones desde el gobierno municipal.

INTERASEO Y LA OFICINA QUE VOLVIÓ A ATENDER PRESENCIALMENTE

Durante un periodo, los usuarios, no contaban con una oficina física para recibir atención presencial. El periodista llevó el asunto a los tribunales mediante una acción popular y, a raíz de esa actuación, Interaseo volvió a poner en funcionamiento una oficina de atención presencial en el municipio.

Para quienes promueven su candidatura, ese episodio tiene un significado claro: no se limitó a denunciar una inconformidad, sino que llevó el problema a la justicia hasta conseguir un cambio concreto en la atención a los usuarios.

LAS TRES OBRAS VIALES: MÁS DE $19.000 MILLONES Y EL 40 % QUE TERMINÓ EN EL FONDO MIXTO CON EL SILENCIO DE LA ALCALDESA

Otro de los grandes cuestionamientos está relacionado con tres obras viales bajo la administración de la alcaldesa Luz Helena Andrade y el Fondo Mixto Sierra Nevada.

El paquete supera los 19.000 millones de pesos y los recursos provienen de un préstamo obtenido de la banca nacional. Según los cuestionamientos formulados, la banca privada desembolsó el 40 % de esos recursos al Fondo Mixto Sierra Nevada para la ejecución de las obras y allí aparece una pregunta política difícil de esquivar: si la Alcaldía tenía la posibilidad de abrir una licitación pública, ¿por qué terminó utilizando este mecanismo para entregar la ejecución a través del Fondo Mixto Sierra Nevada?

Las tres obras, además, permanecen cuestionadas por su falta de avance, pese a los recursos que ya habrían sido desembolsados.

DENUNCIAR Y PERSEGUIR SON DOS COSAS DIFERENTES

La administración municipal publicó un comunicado oficial en sus redes sociales, catalogándolo como una persecución, cuando está claro, que denunciar y perseguir son dos cosas diferentes.

La discusión, por tanto, debería resolverse revisando contratos, desembolsos, obras, decisiones administrativas y actuaciones de los organismos de control, no mediante calificativos contra quien formula las denuncias.

EL BARRIO 6 DE ENERO TAMBIÉN LLEGÓ A LOS TRIBUNALES

La acción popular relacionada con el alumbrado público del barrio 4 de Enero es otro ejemplo, ya que el periodista llevó ante los tribunales la situación de una comunidad que paga por el servicio de alumbrado público mientras las luminarias permanecen incompletas.

El problema pasó así de la inconformidad ciudadana a una discusión judicial. Es otra señal de la forma como ha decidido enfrentar los problemas: llevarlos hasta donde tengan que llegar.

LAS AMENAZAS NO LO HAN SACADO DEL CAMINO

También ha recibido amenazas. La Policía Nacional le brinda acompañamiento mientras la Unidad Nacional de Protección, UNP, determina si el nivel de riesgo amerita una medida de protección.

Quienes lo conocen saben que esa situación pudo haberlo llevado a bajar el tono o abandonar algunas de sus denuncias, pero no ha ocurrido, ya que continúa escribiendo desde el perfil de Facebook que administra para sus seguidores y esa permanencia también hace parte del carácter que ahora algunos quieren llevar a la política.

EMPRESARIOS DEL MAGDALENA YA SE SENTARON A HABLAR

Un grupo de empresarios del Magdalena ya se reunió con él y estudia la posibilidad de respaldarlo en diferentes escenarios, promover su nombre y construir una alternativa frente a lo que consideran prácticas de corrupción enquistadas en el municipio. Eso le da a la posibilidad de una candidatura una dimensión política que antes no tenía.

EL PROBLEMA NO ES SI TIENE MADERA

Quienes están impulsando su nombre lo resumen de una manera directa: “Tachi, tiene madera y tiene con qué para ser alcalde”, pero hay una segunda frase que explica mejor lo que están pensando: así como no le tembló la mano para denunciar, enfrentarse al poder y lograr que varias de sus investigaciones llegaran hasta organismos de control y tribunales, menos le temblará para asumir el reto de acabar con la corrupción que, según ellos, carcome al municipio.

El reto sería pasar de denunciar desde afuera a tomar decisiones desde adentro; de cuestionar contratos y obras a tener que administrarlos y vigilarlos; de exigir cuentas a tener que rendirlas.

LO QUE CAMBIARÍA SI EL DENUNCIANTE LLEGA A LA ALCALDÍA

El escenario cambiaría completamente si quien durante años ha cuestionado el poder termina ocupando el despacho de la Alcaldía, ya que desde allí tendría que responder por contratos, convenios, obras, presupuesto, contratación, decisiones administrativas y, sobre todo, por el manejo de los recursos públicos.

Para algunos sectores podría convertirse en una amenaza política y para otros, en una oportunidad para intentar cambiar la manera de administrar el municipio, ya que no todos los días alguien que ha pasado años enfrentando públicamente al poder decide intentar llegar a él por la vía electoral.

EL SILENCIO DEL PROTAGONISTA Y EL MOVIMIENTO DE LOS DEMÁS

Mientras tanto, el protagonista guarda silencio, no ha dicho que sí. Tampoco que no y son sus amigos, ciudadanos que conocen su trabajo y empresarios que ya se han sentado con él quienes están poniendo el nombre sobre la mesa.

Él continúa escribiendo y en política, cuando un nombre comienza a circular sin que su propio dueño lo esté promoviendo, hay una señal que no puede ignorarse: alguien está viendo allí una posibilidad real de competir.

TACHI NIETO DEBE LANZARSE

Sí. Tachi Nieto debe lanzarse a la Alcaldía de Fundación. Debería hacerlo porque ya tiene una historia pública: la del periodista que ha confrontado problemas de servicios públicos, ha llevado denuncias ante organismos de control, ha acudido a los tribunales y ha conseguido que algunas de esas actuaciones produzcan resultados concretos.

Está el caso de Doña María, las actuaciones relacionadas con el Hospital San Rafael, las denuncias sobre Aqualia, la acción popular que terminó con el regreso de una oficina presencial de Interaseo, el cuestionamiento a las tres obras viales por más de 19.000 millones de pesos y el 40 % desembolsado al Fondo Mixto Sierra Nevada, además de la acción popular por el alumbrado público del barrio 4 de Enero.

Todo eso no garantiza que vaya a ser un buen alcalde. Pero sí demuestra algo que en política no se fabrica con publicidad, vallas ni discursos: carácter para enfrentar el poder y ahora quienes lo impulsan le están planteando un nuevo desafío: si no le tembló la mano para denunciar, enfrentarse al poder y llevar sus investigaciones hasta las instituciones, tampoco le temblará para asumir la responsabilidad de gobernar y enfrentar la corrupción que, según ellos, carcome al municipio.

Fundación no necesita otro candidato de discurso. Necesita, dicen quienes están promoviendo esta posibilidad, a alguien con carácter para poner orden y ese nombre, guste o no, ya está sobre la mesa.

El informe elaborado por José Manuel Saucedo Vides, Profesional Especializado – Auditor de la Contraloría General del Magdalena, encontró diferencias en el valor del proyecto, actividades sin ejecutar, trabajos realizados por fuera del contrato, atrasos reiterados, problemas de planeación y dudas sobre las licencias. Ahora el expediente pasa a la Contraloría General de la República porque más del 92 % de los recursos son de la Nación.

Lo que comenzó como una denuncia ciudadana terminó convertido en un documento oficial que deja abiertas numerosas preguntas sobre la construcción del nuevo servicio de urgencias de la E.S.E. Hospital Departamental San Rafael de Fundación.

Y no son preguntas surgidas de rumores ni de comentarios de pasillo. Están consignadas en un Informe de Atención Inicial y Evaluación elaborado por José Manuel Saucedo Vides, Profesional Especializado – Auditor de la Contraloría General del Magdalena, después de revisar contratos, actas, facturas, informes de interventoría, documentos técnicos, modificaciones, suspensiones, prórrogas, pagos y respuestas entregadas por el propio hospital.

La conclusión fue contundente: hay situaciones que ameritan un examen fiscal más profundo.

Pero hay algo todavía más importante: la Contraloría del Magdalena determinó que el caso debe pasar a la Contraloría General de la República, porque el proyecto fue financiado principalmente con recursos nacionales.

UNA OBRA QUE TERMINÓ COSTANDO MÁS

Según el informe elaborado por José Manuel Saucedo Vides, el proyecto tuvo inicialmente un valor de $9.187.781.188, correspondientes a recursos asignados por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Sin embargo, la propia entidad reportó posteriormente un valor final de $9.909.827.141.

La diferencia asciende a $722.045.953.

Y la Contraloría advierte que esa diferencia no quedó plenamente explicada en cuanto a su fuente, acto presupuestal y trazabilidad.

Es decir, mientras el proyecto tenía una asignación nacional claramente identificada, el costo terminó siendo superior y los auditores encontraron que todavía era necesario establecer con precisión de dónde salió esa diferencia y cómo fue incorporada al proyecto.

EL CONTRATO QUE ERA PARA CUATRO MESES TERMINÓ LLEGANDO HASTA 2026

Otro de los puntos que llama la atención está relacionado con el tiempo de ejecución.

El contrato de obra comenzó con un plazo inicial de cuatro meses, pero terminó extendiéndose hasta el año 2026.

Durante ese camino aparecieron suspensiones, reinicios, prórrogas, modificaciones, mayores cantidades de obra y actividades adicionales.

El informe identifica además una adición económica aproximada de $413.880.770,90 al contrato de obra, además de mayores costos relacionados con la interventoría.

La Contraloría advierte que estas modificaciones, por sí solas, no significan necesariamente que exista un daño patrimonial. Pero sí considera necesario establecer cuáles de esos mayores costos pudieron tener relación con deficiencias de planeación, rediseños o situaciones atribuibles a los diferentes participantes del proyecto.

MILLONES PAGADOS, PERO LA OBRA NO APARECE COMO TERMINADA AL 100 %

Aquí aparece uno de los aspectos más delicados del informe.

Con corte al 31 de julio de 2026, la documentación revisada registraba aproximadamente $6.190 millones facturados o reconocidos mediante las actas de obra y cerca de $5.343 millones transferidos netos al contratista, después de descuentos y retenciones.

La Contraloría señala que no encontró, con los documentos examinados, un pago claramente superior a la ejecución acreditada.

Pero eso no significa que todo estuviera resuelto.

Por el contrario, el informe encontró que no podía afirmarse un cumplimiento físico integral y recibido al 100 %.

Y allí aparecen cifras que merecen especial atención.

MÁS DE $183 MILLONES EN ACTIVIDADES QUE NO SE EJECUTARON

El informe de terminación identificó actividades contractuales no ejecutadas por aproximadamente $183.520.409,60.

Pero además encontró actividades ejecutadas que no habían sido incorporadas formalmente al contrato y cuyos APU no estaban aprobados, por aproximadamente $303.175.639,61.

En otras palabras, aparecen trabajos que estaban pendientes y otros que fueron ejecutados por fuera del marco contractual formal que los auditores estaban revisando.

La Contraloría no dice que esas cifras constituyan automáticamente un detrimento. Lo que dice es que son circunstancias que deben ser examinadas dentro del control fiscal.

Y eso es precisamente lo que ahora tendrá que hacer el organismo nacional.

LOS ATRASOS NO FUERON UNO NI DOS

El expediente también registra una historia de retrasos.

Hubo un procedimiento administrativo sancionatorio iniciado por un atraso de -7,21 %, que posteriormente fue archivado cuando una nueva programación mostró temporalmente un avance superior al programado.

Pero el archivo de ese procedimiento, advierte la Contraloría, no significó una declaración general de cumplimiento.

Después aparecieron nuevos atrasos.

El informe menciona porcentajes de -7,25 %, -13,55 %, -14,56 % y -5,07 %.

Y los documentos examinados no permitieron acreditar una nueva actuación sancionatoria frente a esos retrasos.

Hasta los documentos del procedimiento sancionatorio tienen un problema: la Contraloría encontró una inconsistencia cronológica en el Auto No. 001, cuya fecha aparece anterior al oficio utilizado como fundamento.

¿QUIÉN ESTABA REALMENTE SUPERVISANDO?

Otro asunto que quedó sobre la mesa es el de la supervisión.

La interventoría dejó constancia de advertencias relacionadas con atrasos, insuficiencia de personal, incumplimiento de planes de contingencia y deficiencias técnicas.

Pero mientras la E.S.E. señaló a la Secretaría de Infraestructura Departamental como responsable de la supervisión, los documentos contractuales identificaban a la Gerencia de la E.S.E. como supervisora y al Departamento como apoyo.

Para los auditores, esa diferencia debe ser aclarada.

Porque en una obra de casi $10.000 millones, saber quién tenía formalmente la responsabilidad de vigilar al contratista no es un detalle menor.

Y APARECE OTRO PROBLEMA: LAS LICENCIAS

El informe también encontró una situación relacionada con la licencia de construcción.

La obra inició el 6 de octubre de 2023, mientras que la licencia inicial aparece expedida mediante Resolución No. 174 del 13 de diciembre de 2023.

Por eso, la Contraloría considera necesario verificar qué actividades físicas fueron ejecutadas antes de la expedición de la licencia.

Pero hay más.

La vigencia ordinaria de esa licencia llegaba aproximadamente hasta diciembre de 2025 y, según el informe, no se aportó una prórroga que cubriera la ejecución durante 2026.

Tampoco quedaron acreditadas las autorizaciones urbanísticas correspondientes a los rediseños ni las certificaciones técnicas y sanitarias finales necesarias para poner en funcionamiento el nuevo servicio.

EL PROBLEMA NO TERMINÓ CON LA CONSTRUCCIÓN

La revisión tampoco encontró una cadena contractual completamente reconstruida.

La relación entregada inicialmente por la E.S.E. no resultó integral. Los documentos permitieron identificar, además del contrato principal y las interventorías, antecedentes relacionados con estudios y diseños, una contratación posterior para reorganización de diseños y un convenio con el Departamento del Magdalena para apoyar la supervisión.

Para la Contraloría, esto obliga a reconstruir la historia completa del proyecto: desde la planeación y los diseños hasta la ejecución, las modificaciones y el control ejercido sobre el contratista.

Porque cuando una obra pública pasa de cuatro meses a extenderse durante años, aumenta su valor, cambia sus diseños, acumula suspensiones, presenta atrasos y termina con actividades pendientes y otras ejecutadas por fuera del contrato, la explicación no puede limitarse a decir que hubo inconvenientes durante la ejecución.

Hay que establecer quién tomó las decisiones, por qué se tomaron y cuánto le costaron al patrimonio público.

AHORA EL EXPEDIENTE CAMBIA DE MANOS

La Contraloría General del Magdalena dejó algo muy claro en su informe: no está archivando la denuncia ni descartando los hechos.

Por el contrario, concluyó que existen situaciones que ameritan profundización mediante un ejercicio de control fiscal.

Lo que sucede es que determinó que la competencia prevalente corresponde a la Contraloría General de la República, debido a que los recursos nacionales asignados al proyecto ascienden a $9.187.781.188.

Incluso tomando como referencia el valor final reportado de $9.909.827.141, esos recursos representan aproximadamente el 92,71 % del proyecto.

Por esa razón, el expediente, junto con la documentación, respuestas y soportes recopilados durante la evaluación inicial, debe ser trasladado al organismo nacional.

CASI $10.000 MILLONES Y TODAVÍA HAY DEMASIADAS CUENTAS POR ACLARAR

La historia de esta obra deja por ahora una conclusión incómoda.

El nuevo servicio de urgencias del Hospital San Rafael de Fundación involucró recursos nacionales por más de $9.187 millones, terminó con un valor reportado superior a los $9.909 millones, tuvo una ejecución que se prolongó desde un contrato inicialmente previsto para cuatro meses hasta 2026, acumuló modificaciones y adiciones, registró múltiples atrasos y dejó documentadas actividades pendientes y otras ejecutadas sin incorporación formal al contrato.

Y mientras tanto, la Contraloría General del Magdalena decidió que ya no le corresponde continuar con el control fiscal de fondo, sino trasladar el expediente a la Contraloría General de la República.

Ahora será el organismo nacional el que tendrá que determinar si detrás de todas esas inconsistencias existen responsabilidades fiscales, administrativas o de otra naturaleza.

Porque una cosa es que una obra pública tenga dificultades.

Otra muy distinta es que después de gastar miles de millones de pesos todavía haya que reconstruir cómo se planeó, cómo se contrató, por qué se modificó tantas veces, qué se ejecutó realmente, qué quedó pendiente, qué se hizo por fuera del contrato y quién tenía la obligación de vigilar todo ese proceso.

Y eso, esta vez, ya no lo está diciendo solamente el denunciante.

Lo dejó escrito José Manuel Saucedo Vides, Profesional Especializado – Auditor de la Contraloría General del Magdalena, en un informe oficial de 11 páginas que ahora acompaña el traslado del caso a la Contraloría General de la República.