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Fiscalía

Condenada exfuncionaria de la Superintendencia de Salud por corrupción

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*La condenada recibió dinero del representante legal de la entidad para que le aprobara ilegalmente un plan de restructuración y mejoramiento que no correspondía a la realidad financiera y administrativa.

Ante las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, Eva Katherine Carrascal Cantillo, exfuncionaria de la Superintendencia de Salud aceptó mediante preacuerdo su
responsabilidad en el recibimiento de dinero para favorecer a una EPS de Cauca.

Una juez de conocimiento avaló la negociación judicial y la condenó a 38 meses y 12 días por el delito de cohecho impropio. Además, le impuso una multa de 40 salarios mínimos legales
mensuales vigentes para 2018 y la inhabilidad para ejercer cargos y derechos públicos por 80 meses. La pena se cumplirá en lugar de residencia por ser madre cabeza de familia.

En virtud del preacuerdo Carrascal Cantillo realizará el reintegro de la totalidad del dinero que
recibió por su actuar ilícito en seis meses. Hasta el momento devolvió una parte.

La hoy condenada como delegada para la Supervisión Institucional aprovechó su cargo para
reunirse en 2017 con el representante legal de Asmet Salud EPS, Gustavo Adolfo Aguilar Vivas, y se comprometió a ayudarle en la formulación y aprobación de un plan de mejoramiento
financiero y administrativo a cambio de 300.000.000 de pesos en efectivo.

La Fiscalía comprobó que la entrega del dinero se hizo en dos pagos de 50 y 250 millones de pesos entre diciembre de 2017 y enero de 2018.

En la investigación se demostró que la exfuncionaria asesoró, dio recomendaciones, pidió ajustes al plan presentado por la EPS y para enero de 2018 gestionó los documentos que permitieron la reorganización de Asmet Salud, por parte de la superintendencia. De esta manera, la entidad renovó su licencia de funcionamiento a pesar de la grave crisis financiera, administrativa y de atención a usuarios que afrontaba.

Carrascal Cantillo fue condenada en mayo de 2022 a seis años y ocho meses de cárcel por recibir 700 millones de pesos para favorecer a EPS, IPS y cajas de compensación familiar.

Fiscalía

Judicializan a presunto integrante de red delictiva que blanqueaba capital

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*La organización ilegal habría captado recursos de miles de personas mediante promesas de rentabilidad diaria.

Los elementos materiales probatorios recopilados en la investigación que se sigue por la estafa masiva conocida como Daily Cop, dan cuenta de que Edwin Betancourth Carvajal, sería uno de los señalados articuladores del esquema ilegal.

El esquema fraudulento fue promocionado como una moneda virtual que ofrecía rentabilidades del 0,5 % diario y hasta del 12 % mensual en pesos colombianos.

Las personas que confiaron sus ahorros podían observar aparentes ganancias a través de aplicaciones de billeteras virtuales creadas para ese propósito.

Sin embargo, posteriormente perdieron acceso a las plataformas y dejaron de recibir reportes

Durante la investigación se conoció que parte de los recursos captados habría sido consignada en cuentas de empresas aliadas y de otras personas vinculadas al holding creado, maniobra que habría permitido ocultar más de 126.702 millones de pesos.

Asimismo, se obtuvo información que da cuenta de que Betancourth Carvajal ejerció funciones de representación, dirección y participación accionaria del esquema.

Además, su nombre aparece mencionado en cerca de 43 denuncias de víctimas que
reportaron entregas de dinero, cargas a billeteras virtuales y dificultades para recuperar los recursos invertidos.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a Betancourth Carvajal los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravado.

Los cargos no fueron aceptados.
Por disposición de un juez de control de garantías, en atención a la solicitud de la Fiscalía y a su entrega voluntaria, deberá cumplir una medida de aseguramiento no privativa de la libertad que incluye la prohibición de salir del país.

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Fiscalía

Desarticulan a ‘Los Pinos’, banda criminal operaba desde cárceles en Bogotá

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*La Policía capturó a varios integrantes de la organización delincuencial ‘Los Pinos’, señalada de coordinar homicidios, extorsiones y tráfico de drogas en Usaquén y San Cristóbal. Las autoridades aseguraron que algunos cabecillas dirigían las operaciones criminales desde cárceles del país.

La Policía Metropolitana de Bogotá desarticuló la estructura criminal conocida como ‘Los Pinos’, una organización dedicada al tráfico de estupefacientes, homicidios y extorsiones en las localidades de Usaquén y San Cristóbal.

La operación, desarrollada en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, permitió realizar 20 diligencias de allanamiento y registro, dejando varias capturas e imputaciones contra los principales integrantes de esta red delincuencial.

De acuerdo con las autoridades, la investigación se extendió durante más de un año y contó con labores de inteligencia, seguimientos, interceptaciones telefónicas y el trabajo de agentes encubiertos. La organización estaba conformada por 22 personas, 19 hombres y tres mujeres, y obtenía ganancias ilícitas cercanas a los 30 millones de pesos mensuales mediante la venta de drogas bajo la modalidad de menudeo.

Según la Policía, los integrantes de ‘Los Pinos’ distribuían estupefacientes en parques, vías públicas y cambuches de barrios como La Gloria y Los Libertadores.

Para mover la droga utilizaban taxis provenientes de la localidad de Usme y posteriormente la dosificaban en viviendas clandestinas. Las autoridades también establecieron que la organización marcaba la droga y diferentes espacios públicos con un símbolo de panda, utilizado para identificar su presencia criminal en la zona.

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Fiscalía

Golpe a red delictiva señalada de comercializar medicamentos adulterados contra graves enfermedades

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*Productos vencidos y en mal estado eran obtenidos en instituciones de salud, modificados en su apariencia, vendidos como originales por redes sociales y grupos de mensajería instantánea, y enviados a diferentes destinos del país, Venezuela y Ecuador.

La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto a una red criminal señalada de comercializar a gran escala medicamentos adulterados para enfermedades de alta complejidad, poniendo en riesgo la vida y la salud de pacientes en Colombia y otros países de la región.

Los elementos materiales probatorios indican que productos farmacéuticos vencidos, descontinuados o en mal estado eran obtenidos en Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), modificados en su apariencia para hacerlos pasar como originales y posteriormente ofrecidos y promocionados como tratamientos para el cáncer, el VIH, la diabetes, el lupus, la obesidad, los problemas hormonales y de crecimiento.

De igual manera, se conoció que el grupo delincuencial presuntamente contrató a una empresa de impresiones para falsificar los empaques y sellos, eliminar los registros caducados, poner fechas nuevas de expiración y lotes de fabricación.

Posteriormente, desde Cúcuta (Norte de Santander) comercializaba los medicamentos por redes sociales y grupos cerrados creados en sistemas de mensajería, y coordinaba su envío como encomiendas a diferentes ciudades del país, Venezuela y Ecuador. En la capital de Norte de Santander y su área metropolitana concentraban la distribución en droguerías de barrios y de manera informal a pacientes que buscaban medicamentos a menor costo.

En atención a los elementos materiales probatorios recopilados, 13 de los posibles integrantes de esta organización ilegal fueron capturados por servidores de Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, en Bogotá, Cúcuta y Pelaya (Cesar). Un fiscal de la Unidad de Patrimonio Económico de la Seccional Norte de Santander los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, enajenación ilegal de medicamentos, usurpación de derechos de propiedad industrial, usurpación de derechos de propiedad intelectual y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.

Los cargos no fueron aceptados. Los procesados son el señalado cabecilla del entramado ilegal, Domingo Antonio Gutiérrez; y los presuntos encargados de la coordinación, comercialización y transporte, entre otros roles, identificados como María del Carmen González, Leonardo André Pineda Galvis, Miller Sáenz Valderrama, Johan Alexis Pérez Acevedo, Diana Carolina Ordoñez García, Jairo Andrés Sarabia Pérez, Miguel Ángel López Ordoñez, Jeimmy Carolina Sandoval Hoyos, Patricia Parra Díaz, Gerson Yovanni Leal García, Robinson David Corredor Díaz y Andrea Mariana Varenzuela Sevilla.

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