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Fiscalía

Golpe a red delictiva señalada de comercializar medicamentos adulterados contra graves enfermedades

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*Productos vencidos y en mal estado eran obtenidos en instituciones de salud, modificados en su apariencia, vendidos como originales por redes sociales y grupos de mensajería instantánea, y enviados a diferentes destinos del país, Venezuela y Ecuador.

La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto a una red criminal señalada de comercializar a gran escala medicamentos adulterados para enfermedades de alta complejidad, poniendo en riesgo la vida y la salud de pacientes en Colombia y otros países de la región.

Los elementos materiales probatorios indican que productos farmacéuticos vencidos, descontinuados o en mal estado eran obtenidos en Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), modificados en su apariencia para hacerlos pasar como originales y posteriormente ofrecidos y promocionados como tratamientos para el cáncer, el VIH, la diabetes, el lupus, la obesidad, los problemas hormonales y de crecimiento.

De igual manera, se conoció que el grupo delincuencial presuntamente contrató a una empresa de impresiones para falsificar los empaques y sellos, eliminar los registros caducados, poner fechas nuevas de expiración y lotes de fabricación.

Posteriormente, desde Cúcuta (Norte de Santander) comercializaba los medicamentos por redes sociales y grupos cerrados creados en sistemas de mensajería, y coordinaba su envío como encomiendas a diferentes ciudades del país, Venezuela y Ecuador. En la capital de Norte de Santander y su área metropolitana concentraban la distribución en droguerías de barrios y de manera informal a pacientes que buscaban medicamentos a menor costo.

En atención a los elementos materiales probatorios recopilados, 13 de los posibles integrantes de esta organización ilegal fueron capturados por servidores de Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, en Bogotá, Cúcuta y Pelaya (Cesar). Un fiscal de la Unidad de Patrimonio Económico de la Seccional Norte de Santander los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, enajenación ilegal de medicamentos, usurpación de derechos de propiedad industrial, usurpación de derechos de propiedad intelectual y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.

Los cargos no fueron aceptados. Los procesados son el señalado cabecilla del entramado ilegal, Domingo Antonio Gutiérrez; y los presuntos encargados de la coordinación, comercialización y transporte, entre otros roles, identificados como María del Carmen González, Leonardo André Pineda Galvis, Miller Sáenz Valderrama, Johan Alexis Pérez Acevedo, Diana Carolina Ordoñez García, Jairo Andrés Sarabia Pérez, Miguel Ángel López Ordoñez, Jeimmy Carolina Sandoval Hoyos, Patricia Parra Díaz, Gerson Yovanni Leal García, Robinson David Corredor Díaz y Andrea Mariana Varenzuela Sevilla.

Fiscalía

Golpe a red delictiva señalada de falsificar documentos para grupos armados ilegales

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*La investigación estableció que la organización habría falsificado cerca de 500 documentos de identidad para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

La Fiscalía General de la Nación dejó al descubierto el actuar de una red delincuencial que, presuntamente, se dedicaba a falsificar cédulas de ciudadanía y otros documentos públicos para facilitar actividades ilícitas en Santa Marta (Magdalena).

Las actividades investigativas permitieron establecer que, en diferentes inmuebles de la ciudad, los presuntos integrantes de la organización elaboraban cédulas de ciudadanía, tarjetas de propiedad de vehículos y placas para motocicletas y automóviles, utilizadas posteriormente para cometer estafas, falsedades y suplantaciones.

Para evadir la acción de las autoridades, algunos de ellos se hacían pasar por prestamistas informales o administradores de pagadiarios.

La investigación también evidenció que la red delincuencial sería la encargada de fabricar documentos falsos para grupos armados ilegales que delinquen en la región. En agosto de 2025, presuntamente recibió un pedido de cerca de 500 cédulas de ciudadanía que serían entregadas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

Por estos hechos fueron capturados y judicializados Elkin Alfonso López Arrieta, Germán Emilio Flórez Maestre, Miguel Ángel López Arrieta y Óscar Enrique Torres Ayola.

En diligencias de allanamiento y registro realizadas por la Policía Nacional, con apoyo del Ejército Nacional, fueron incautadas 73 cédulas de ciudadanía; una troqueladora; una laminadora; dos computadores portátiles; 11 celulares; 84 tarjetas SIM; papel fotográfico, y otros elementos que, al parecer, eran utilizados para elaborar los documentos
fraudulentos.

Algunos de los documentos incautados contenían la fotografía de uno de los procesados; sin embargo, los nombres no coincidían con su verdadera identidad.

Otros presentaban alteraciones específicas en la impresión, la tinta fluorescente invisible UV, la película holográfica, los microtextos legibles, entre otros elementos.

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Fiscalía

Tres hombres implicados presuntamente en maltrato animal fueron judicializados

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*La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), judicializó a tres hombres, presuntamente involucrados en casos de maltrato contra caballos que estaban siendo utilizados para tirar carretas.

Los elementos materiales probatorios aportados evidenciaron que los hechos ocurrieron en Sabanalarga (Atlántico) donde los animales fueron encontrados con lesiones físicas que comprometían su bienestar y salud.

Uno de los imputados es Oswaldo Enrique Manotas Mendoza presunto propietario y cuidador de un equino que fue encontrado el 15 de octubre de 2025 con lesiones cutáneas en el tórax y heridas en la línea media dorsal compatibles con contusiones y traumatismos repetitivos.

De otra parte, fue judicializado Calixto Juan Coronado Peña presunto propietario y cuidador de un caballo que fue encontrado el 6 de julio de 2025 en condiciones de desnutrición, con debilidad generalizada y múltiples lesiones en diferentes partes de su cuerpo.

Hallazgos veterinarios señalan que las afectaciones se relacionaban con fricción repetitiva.

Finalmente, fue imputado Jesús Rafael Coronado Maestre, luego de que el 9 de julio de 2025 las autoridades encontraran un equino en grave deterioro físico, deshidratación severa, heridas supurantes y otras alteraciones que comprometían su integridad.

La Fiscalía imputó a los procesados el delito de lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física de los animales. Cargo agravado por suceder en vía pública.

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Fiscalía

Avalado principio de oportunidad a capitán de la Policía involucrado en escándalo de las chuzadas

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*El oficial aceptó su responsabilidad por el delito de violación ilícita de comunicaciones y se comprometió a ser testigo de cargo contra otros involucrados en los hechos.

Luego de valorar los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías avaló e impartió legalidad al principio de oportunidad otorgado al capitán de la Policía Nacional, Óscar Leandro Mojica Cordón.

Con esta decisión, se suspende parcialmente la acción penal por el delito de violación ilícita de comunicaciones durante 12 meses. A cambio, el beneficiario se comprometió a rendir testimonio en otros procesos penales en los que resultó víctima Marelbys Meza Buelvas, exempleada de Laura Sarabia.

La Fiscalía estableció que, para la época de los hechos, Mojica Cordón se desempeñaba como jefe del grupo de Hurtos a Residencias de la Sijín Bogotá y, presuntamente, participó en la falsificación de informes y el formato de entrevista a fuente no formal que sirvieron de soporte para obtener, de manera ilegal, órdenes de interceptación.

En dichos documentos se afirmó falsamente que estas personas eran integrantes de una organización dedicada al hurto de residencias en la ciudad. La investigación se originó por el reporte del hurto de unos dólares ocurrido en enero de 2023 en la residencia de la entonces jefe de gabinete de la Presidencia de la República, Laura Sarabia.

En el curso de ese proceso se detectaron las irregularidades que derivaron en las interceptaciones ilegales. El proceso penal en su contra continúa por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público.

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