*El procesado habría registrado actas fraudulentas con las que consiguió modificar los estatutos de las empresas y ser designado como representante legal.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jorge Camilo Gnecco Espinosa por su presunta
responsabilidad en la utilización de documentos falsos para asumir el control de dos sociedades familiares en Santa Marta (Magdalena).

De acuerdo con la investigación, tras el fallecimiento de su padre, Gnecco Espinosa habría elaborado y utilizado actas fraudulentas de supuestas juntas extraordinarias realizadas en enero de 2011, sin la participación ni convocatoria de su madre, quien para entonces era socia gestora de las dos empresas.

Los elementos recopilados indican que las actas habrían sido registradas ante la Cámara de Comercio de Santa Marta y utilizadas para transformar las sociedades en comandita en sociedades por acciones simplificadas, modificar sus estatutos y designar al procesado como gerente y representante legal.

Con estas actuaciones habría excluido a su madre de la administración y afectado sus intereses económicos, así como los de sus hermanas, quienes para la época de los hechos eran menores de edad.

La investigación también estableció que, para las fechas en las que supuestamente se realizaron las reuniones, la madre se encontraba en Bogotá y el hoy imputado estaría fuer del país, circunstancias que fueron tenidas en cuenta durante las labores investigativas.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Fe Pública y Orden Económico de la Seccional Bogotá lo imputó en contumacia por los delitos de obtención de documento público falso agravada por el uso, en concurso homogéneo y sucesivo; fraude procesal, en concurso homogéneo y sucesivo; y estafa agravada por la cuantía.

*Este hombre habría impartido órdenes directas para ejecutar, al menos, tres crímenes de líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz, entre ellos, el de un gobernador indígena del pueblo Nasa.

Como parte de las actividades investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación contra los máximos responsables de crímenes cometidos contra líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz en Putumayo, fue judicializado Héctor Orlando Bastidas Bravo, alias Bonito, señalado cabecilla del autodenominado Comandos de Frontera, de las disidencias de las Farc.

Este hombre haría parte de la línea de mando de esta organización armada ilegal desde 2016 y se le atribuye su presunta responsabilidad en diferentes acciones delictivas en Puerto Leguízamo, Puerto Asís, Puerto Caicedo, San Miguel, Valle del Guamuez, Orito, Puerto Guzmán, Villagarzón y Mocoa. Entre sus funciones estarían el control de zonas, el manejo logístico de armas y la coordinación de actividades de narcotráfico, desplazamientosforzados, homicidios, extorsiones, entre otras.

El material probatorio recopilado en el curso de la investigación permitió identificar reuniones de los cabecillas del grupo armado ilegal en las que alias Bonito habría participado con el fin de impartir directrices en contra de los líderes sociales que se oponían a sus actividades ilegales.

Uno de los hechos que se le atribuye es el crimen del gobernador del pueblo Nasa, Phanor Guazaquillo Peña, ocurrido el 3 de diciembre de 2023 en inmediaciones del cementerio de la vereda La Danta, en Puerto Asís (Putumayo). La víctima habría sido interceptada por dos hombres armados que la atacaron con arma de fuego, causándole la muerte.

Actividadesinvestigativas adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) dan cuenta de que el asesinado del gobernador habría sido ordenado por alias Bonito debido a la labor de liderazgo que la víctima ejercía con relación a la sustitución de cultivos ilícitos de coca por proyectos productivos lícitos.

*Cerca de 8.000 personas de Antioquia, Valle del Cauca, Magdalena y Tolima habrían entregado su dinero sin recibir los rendimientos prometidos ni recuperar lo invertido.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Mariana Vanessa Araos Borja y Alexander Suarez Burgos, quienes estarían involucrados en un esquema de captación ilegal mediante el cual se habrían recibido cerca de 200.000 millones de pesos de 8.000 ciudadanos, entre 2021 y 2024. La investigación liderada por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, da cuenta de que la captación habría comenzado en 2021 a través de una comercializadora y exportadora y, un año después, continuó mediante la conformación de una cooperativa.

El modelo de negocio ofrecía dos modalidades. La primera consistía en la supuesta compra de plátano a productores de la región para comercializarlo en mercados nacionales e internacionales, a través de un intermediario que se encargaría de vender el producto a un comprador extranjero.

La segunda promovía la vinculación de terceros como ‘asociados’ o ‘socios ocultos’, mediante contratos de cuentas en participación. A cambio de los aportes, se prometía una rentabilidad del 25 % cada 25 días hábiles, derivada de la comercialización del plátano.

Los elementos materiales probatorios recopilados establecieron que cerca de 8.000 personas habrían entregado, en conjunto, aproximadamente 200.000 millones de pesos, sin recibir los rendimientos ofrecidos ni recuperar el dinero invertido. Entre los afectados estarían mujeres cabeza de familia, víctimas de desplazamiento, docentes rurales, campesinos y agricultores. Los recursos habrían sido captados principalmente en Turbo, Carepa, Apartadó, Medellín y Andes (Antioquia).

También fueron identificadas personas afectadas en Valle del Cauca, Magdalena y Tolima, entre otros departamentos. Una de las procesadas fue capturada el pasado 10 de julio en el aeropuerto internacional José María Córdova, mientras que el otro investigado se presentó voluntariamente ante las autoridades.

En audiencias realizadas por separado, jueces de control de garantías legalizaron los procedimientos. De acuerdo con su posible responsabilidad individual, una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos les imputó los delitos de captación masiva y habitual de dineros y no reintegro. Ninguno aceptó los cargos.

Por decisión de los jueces de control de garantías, los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus respectivos lugares de residencia. Esta información se publica por razones de interés general.