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Fiscalía

Al descubierto esquema de captación ilegal que habría recibido cerca de $200 mil millones

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*Cerca de 8.000 personas de Antioquia, Valle del Cauca, Magdalena y Tolima habrían entregado su dinero sin recibir los rendimientos prometidos ni recuperar lo invertido.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Mariana Vanessa Araos Borja y Alexander Suarez Burgos, quienes estarían involucrados en un esquema de captación ilegal mediante el cual se habrían recibido cerca de 200.000 millones de pesos de 8.000 ciudadanos, entre 2021 y 2024. La investigación liderada por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, da cuenta de que la captación habría comenzado en 2021 a través de una comercializadora y exportadora y, un año después, continuó mediante la conformación de una cooperativa.

El modelo de negocio ofrecía dos modalidades. La primera consistía en la supuesta compra de plátano a productores de la región para comercializarlo en mercados nacionales e internacionales, a través de un intermediario que se encargaría de vender el producto a un comprador extranjero.

La segunda promovía la vinculación de terceros como ‘asociados’ o ‘socios ocultos’, mediante contratos de cuentas en participación. A cambio de los aportes, se prometía una rentabilidad del 25 % cada 25 días hábiles, derivada de la comercialización del plátano.

Los elementos materiales probatorios recopilados establecieron que cerca de 8.000 personas habrían entregado, en conjunto, aproximadamente 200.000 millones de pesos, sin recibir los rendimientos ofrecidos ni recuperar el dinero invertido. Entre los afectados estarían mujeres cabeza de familia, víctimas de desplazamiento, docentes rurales, campesinos y agricultores. Los recursos habrían sido captados principalmente en Turbo, Carepa, Apartadó, Medellín y Andes (Antioquia).

También fueron identificadas personas afectadas en Valle del Cauca, Magdalena y Tolima, entre otros departamentos. Una de las procesadas fue capturada el pasado 10 de julio en el aeropuerto internacional José María Córdova, mientras que el otro investigado se presentó voluntariamente ante las autoridades.

En audiencias realizadas por separado, jueces de control de garantías legalizaron los procedimientos. De acuerdo con su posible responsabilidad individual, una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos les imputó los delitos de captación masiva y habitual de dineros y no reintegro. Ninguno aceptó los cargos.

Por decisión de los jueces de control de garantías, los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus respectivos lugares de residencia. Esta información se publica por razones de interés general.

Fiscalía

Fiscalía imputará cargos por acoso y acto sexual violento contra el periodista Ricardo Orrego

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*La fecha de la audiencia en contra el expresentador de deportes de Caracol Televisión aún no ha sido fijada.

La Fiscalía General de la Nación anunció este viernes que imputará cargos por los delitos de acoso sexual y acto sexual violento contra el periodista Ricardo Orrego, expresentador de deportes de Noticias Caracol.

Según la Fiscalía, Orrego habría incurrido en estos delitos contra cinco mujeres, en hechos ocurridos entre 2012 y 2024. La fecha para la audiencia de imputación de cargos aún no ha sido fijada.

«El Grupo de Tareas Especiales conformado en la Fiscalía General de la Nación para investigar hechos de violencias basadas en género en el entorno de los medios de comunicación, acaba de radicar solicitud de audiencia de imputación de cargos contra el señor Ricardo Orrego Arboleda como presunto responsable de los delitos de acoso sexual y acto sexual violento», señaló el ente acusador.

El pasado 24 de marzo, Caracol Televisión dio por terminado el vínculo laboral con Orrego y de mutuo acuerdo con el presentador de noticias Jorge Alfredo Vargas, en medio del escándalo por las denuncias que a través de las redes sociales realizaron varias excompañeras de trabajo.

No obstante, el canal aclaró que esta decisiones “no constituyen un juicio de valor sobre los hechos denunciados, ni implican una conclusión sobre responsabilidades individuales” y que respondían a la “necesidad de proteger la integridad de todas las personas involucradas y sus familias”.

Tras conocer la decisión de Caracol Televisión, Ricardo Orrego se pronunció a través de su abogada Julieth Fiallo Gualdrón y expresó su disposición a seguir un debido proceso en las acusaciones que por presunto acoso sexual presentadas en su contra por compañeras de trabajo.

También señaló que la terminación del contrato por parte de Caracol “obedeció a una decisión unilateral del empleador, adoptada en el marco de sus facultades contractuales, y no era el resultado de una investigación disciplinaria concluida, ni de una sanción derivada de los hechos que han sido objeto de difusión pública”.

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Fiscalía

Detención domiciliaria a agente del CTI señalada de asesinar a su esposo en Barranquilla

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*Elementos materiales probatorios, evidencia física y análisis forenses permitieron establecer que no se trataría de un suicidio. Barranquilla.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a la funcionaria del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Chirley Mildred Hernández Rojas, por su presunta participación en el crimen de su compañero sentimental, en hechos registrados el pasado 21 de marzo en Barranquilla.

El día de los hechos, en un inmueble del barrio Boston, las autoridades fueron alertadas sobre la presencia del cuerpo sin vida de un hombre que presentaba cuatro heridas ocasionadas con arma de fuego. La hoy procesada manifestó que se encontraba en otra habitación de la residencia cuando escuchó varias detonaciones y que, al llegar al lugar donde se encontraba la víctima, la halló sin signos vitales.

En la escena fueron ubicadas un arma de fuego y cinco vainillas. Las actividades investigativas adelantadas por la Fiscalía, así como el análisis de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y los resultados forenses obtenidos a partir de la proyección de los proyectiles, permitieron establecer que se habría tratado de una muerte violenta que, presuntamente, fue ocasionada por la mujer.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Atlántico le imputó los delitos de homicidio con circunstancia de agravación punitiva; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La procesada no aceptó los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, fue afectada con medida de aseguramiento en su lugar de domicilio. Uniformados de la Policía Nacional materializaron su captura por orden judicial el pasado 25 de agosto, en el barrio Boston de Barranquilla.

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Fiscalía

Medida de internamiento preventivo para el adolescente señalado de asesinar al exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres

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*El joven, de 17 años, aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

Las evidencias y los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación con ocasión del homicidio del exalcalde de Yopal (Casanare), Jhon Jairo Torres Torres, permitieron documentar la presunta participación de un adolescente de 17 años en el ataque armado ocurrido el pasado 29 de septiembre.

El joven se habría traslado en una motocicleta como parrillero hasta el lugar de residencia del exmandatario, ubicado en zona rural de Yopal, y disparado en varias oportunidades contra la víctima.

Posteriormente, intentó escapar a bordo del vehículo, pero un accidente frustró la huida, así que fue retenido por la comunidad y entregado a unidades de la Policía Nacional. Entre tanto, el exalcalde fue llevado de urgencias a un centro asistencial, donde murió por la gravedad de las heridas recibidas. Preliminarmente, se tiene información de que el crimen, al parecer, fue ordenado por un privado de la libertad.

Las actividades de policía judicial se orientan a precisar esta y otras hipótesis que se manejan. Una fiscal de la Seccional Casanare presentó al adolescente ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los cargos fueron aceptados. De acuerdo con lo establecido en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), el menor de edad deberá cumplir medida de internamiento preventivo en un centro de atención especializada.

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