El material de prueba presentado por un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) da cuenta de que Cristian Fabián Ortiz, alias Piña, habría participado en el crimen del líder social y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Antonio de Mocoa (Putumayo), Francisco Libardo Rosero Tapia, ocurrido el 15 de enero del año en curso.

Por estos hechos, fue imputado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Por disposición de un juez de control de garantías deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Alias Piña, presunto integrante de los autodenominados ‘Comandos Bolivarianos de Frontera’ de las disidencias Farc, es señalado de contactar por teléfono a la víctima y citarla a un punto específico de la vereda San Antonio para supuestamente concretar la compra de un caballo. El líder social acudió con la intención de cerrar el negocio, pero fue interceptado por hombres armados que le dispararon y posteriormente escaparon del lugar.

En el curso de las investigaciones se acreditó que Cristian Fabián Ortiz sería uno de los sicarios del componente armado de la organización ilegal, a la que se le atribuyen varios asesinatos selectivos en Putumayo y zona de frontera con Ecuador.

La Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la Policía Nacional, identificó 19 bienes que pertenecerían a un grupo delincuencial dedicado a la extracción y explotación ilícita de carbón en la modalidad de socavón, en Norte de Santander.

Las propiedades están representadas en dos inmuebles urbanos, ubicados en Cúcuta; dos fincas en Chinácota y Chitagá; una retroexcavadora, un establecimiento de comercio, dos sociedades comerciales, y 11 vehículos, entre volquetas, camionetas, camiones, camperos y automóviles.

Los cálculos preliminares indican que los activos superarían en valor los 3.100 millones de pesos. Al parecer, fueron adquiridos con dineros producto de la extracción ilegal de carbón, mediante el uso de maquinaria industrial, en una mina localizada en la vereda Burgua, en Chitagá.

Ante las evidencias del presunto origen ilícito, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso sobre los bienes medidas cautelares de secuestro, toma de posesión, embargo y suspensión del poder dispositivo.

En 2022, nueve de los señalados integrantes de la organización ilegal involucrada en las actividades de minería ilegal fueron capturados y judicializados. En su momento, la Fiscalía constató la manipulación de explosivos, martillos neumáticos y otros sistemas mecanizados para obtener carbón a gran escala. Estas labores generaron graves afectaciones a las fuentes hídricas, como quebradas que abastecen a Chitagá y Tibú (Norte de Santander); así como el
deterioro de la vegetación, el suelo y los ecosistemas nativos de la región.

Por estos hechos, en su momento, fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado; explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales; daño en los recursos naturales; y fabricación, tráfico y porte de armas municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de la presunta responsabilidad de Juan José Benavides Velásquez, en un esquema ilegal de estafa masiva, mediante el ofrecimiento de rendimientos por inversiones en criptomonedas, denominado Daily Cop.

Por estos hechos, fue imputado por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir. Los cargos no fueron aceptados.

La investigación permitió conocer que Benavides Velásquez, en articulación con otras personas, habría promocionado por redes sociales las monedas virtuales, a cambio de ganancias en pesos colombianos del 0,5% diarios y 12% mensuales.

Los clientes que creyeron en el negocio y confiaron sus ahorros, pudieron ver las supuestas rentabilidades en las aplicaciones de billeteras virtuales creadas para este propósito. Sin embargo, de manera intempestiva perdieron el acceso a las plataformas, dejaron de recibir reportes y simplemente les indicaron que las criptomonedas habían perdido valor.

La Fiscalía recibió 60 denuncias, las cuales relacionan a 103 víctimas que perdieron algo más de 8.234 millones de pesos, entre 2019 y 2022.

Durante la investigación se acreditó que parte de los recursos captados presuntamente fueron consignados a las cuentas de empresas aliadas y de otras personas vinculadas al holding, actuación que permitió ocultar 126.702 millones de pesos. De igual manera, se conoció que Benavides Velásquez obtuvo un posible incremento patrimonial injustificado que asciende a 4.663 millones de pesos, y habría adquirido un inmueble en Medellín (Antioquia) y un vehículo. Asimismo, su empresa reporta ingresos por 582 millones de pesos, de los cuales no hay claridad sobre su origen y destinación.