La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de Colombia expulsó este lunes al general retirado de la Policía Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad de la Presidencia de Álvaro Uribe, por no aportar «verdad plena» sobre el conflicto armado en sus comparecencias ante ese tribunal.

En una resolución, el alto tribunal declaró que Santoyo «incumplió gravemente y de forma injustificada su régimen de condicionalidad, específicamente la condición esencial de acceso y permanencia en el Sistema Integral para la Paz, consistente en aportar verdad plena».

Al ser expulsado, el oficial retirado pierde los «tratamientos especiales y beneficios otorgados por las autoridades judiciales y administrativas» previstas para los comparencientes ante la JEP, el tribunal transicional creado por el acuerdo de paz que firmaron en 2016 el Gobierno y la guerrilla de las FARC.

Sin embargo, el exjefe de seguridad de Uribe puede presentar un recurso de reposición, buscando que la JEP revise, aclare, modifique o revoque su decisión, o apelar.

El caso Santoyo

El general retirado comparece ante la JEP en casos que investigan la victimización de miembros del partido de izquierdas Unión Patriótica (UP) y los crímenes cometidos por la fuerza pública, o agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles, en el conflicto armado.

El alto oficial tiene dos procesos penales en su contra que están suspendidos parcialmente mientras permanezca sometido a la JEP.

Uno es por concierto para delinquir agravado y desaparición forzada, y otro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Por estos últimos delitos, Santoyo fue condenado ante la Justicia de Estados Unidos y cumplió una pena de 85 meses de prisión en extradición.

Igualmente fue aceptado en la JEP en septiembre de 2021 por los dos procesos antes mencionados. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, a su vez, le concedió el beneficio transitorio de privación de la libertad en una unidad policial.

En una audiencia en marzo de 2024, Santoyo negó a los magistrados su responsabilidad por los hechos por los que es procesado y no aportó nada nuevo o relevante a la verdad.

Por esa razón, dos meses después la JEP denegó la libertad al general retirado de la Policía.

En caso de que Santoyo sea expulsado definitivamente de la JEP, las investigaciones en su contra serán remitidas a la justicia ordinaria y seguirá privado de la libertad.

*Cerca de 12 mil escoltas tercerizados anuncian demanda ante el Consejo de Estado y no descartan un cese de actividades que impactaría a los protegidos.

Un eventual paro nacional de escoltas podría dejar en vilo la protección de miles de líderes sociales, políticos y defensores de derechos humanos en el país, en medio del pulso que se intensifica entre los trabajadores tercerizados de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Gobierno Nacional por el nuevo decreto de formalización laboral.

En entrevista exclusiva con LA FM, el presidente de la Dirección Nacional Sindical de Escoltas Profesional (DINSPRO), Eduard Mendoza, aseguró que las organizaciones sindicales están dispuestas a acudir a las vías de hecho si se firma el decreto que formaliza la planta de la entidad bajo concurso abierto de la función pública.

“(…) Si nosotros vemos que, agotando la instancia jurídica, el mismo Gobierno sigue en ese proceso de llevar a cabo este decreto, entonces estaríamos ya listos para irnos a las calles a vías de hecho”, afirmó.

En un acto privado La Unidad de Búsqueda entregó los restos del cura Camilo Torres

Se cumplen 60 años de la muerte del cura guerrillero que hizo parte del ELN.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas de Colombia (UBPD) entregó este domingo, en un acto íntimo y reservado, los restos del cura Camilo Torres, el mismo día en que se cumplen 60 años de su muerte.

El sacerdote jesuita Javier Giraldo, quien en 2019 hizo la solicitud que puso en marcha la búsqueda, recibió los restos, almacenados en un cofre, horas después de participar en la eucaristía en honor al cura Torres celebrada en la capilla Cristo Maestro, en el campus bogotano de la Universidad Nacional.

Para que la Unidad de Búsqueda hiciera entrega de los restos óseos de Camilo Torres, no necesitaba el veredicto de Medicina Legal porque ya existen otras tres confirmaciones técnicas.

El caso de Camilo Torres es uno de los primeros de desaparición forzada en un país que ha contado, en más de 50 años de conflicto, unas 120.000 personas dadas por desaparecidas.

El sacerdote jesuita Javier Giraldo, defensor de los derechos humanos y buscador de la memoria del cura Camilo, atribuyó motivaciones políticas a la decisión del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia de no hacer coincidir la entrega de los supuestos restos del cura con la misa celebrad en su memoria en la Universidad Nacional (UNAL).

El cuerpo de Torres Restrepo, desaparecido desde su muerte el 15 de febrero de 1966, fue encontrado por un equipo de forenses de la Unidad de Búsqueda en la regional de Santander en un panteón militar del Cementerio Municipal de Bucaramanga.

Una bóveda blanca, sin marcas ni información en la parte más alta del mausoleo, guardaba su estructura ósea.