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Judicial

Procuraduría investiga a Andrés Escobar por violencia, chantaje y uso ilegal de escoltas

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El concejal caleño vuelve a estar en el ojo del huracán. La Procuraduría lo investiga por violencia de género, uso indebido de su esquema de seguridad y presiones a funcionarios municipales. Su exprometida lo acusa de haber convertido su vida en una pesadilla.

El hombre que hace unos años se volvió símbolo de impunidad tras disparar en medio del estallido social, hoy enfrenta una tormenta personal y judicial que podría costarle la carrera política. Andrés Escobar, concejal de Cali por el Centro Democrático, fue puesto bajo la lupa de la Procuraduría Regional del Valle por un escándalo que mezcla poder, abuso y violencia.

El proceso disciplinario fue abierto el 11 de noviembre por la delegada Diana Carolina Eraso, luego de que Melissa Escobar, exnovia y exprometida del político, denunciara públicamente una cadena de agresiones que, según ella, comenzaron tras descubrirle una infidelidad y cancelar su boda apenas dos semanas antes del matrimonio.

“Pensé que mi pesadilla terminaba cuando decidí cancelar mi boda con el concejal Andrés Escobar, después de descubrirlo a dos semanas de casarme siendo infiel. Pero la pesadilla no ha terminado”, confesó Melissa en una entrevista que estremeció a la opinión pública.

La @PGN_COL abrió investigación contra el concejal de Cali, Andrés Escobar, por presuntos malos manejos de su esquema de seguridad de la UNP y supuesto maltrato contra su expareja Melissa Escobar.

Las denuncias no se limitan a lo sentimental. En su testimonio, la empresaria aseguró que Escobar la sometió a violencia económica, laboral, política y psicológica, usando su poder como concejal para cerrarle las puertas en distintos espacios profesionales. “Está llamando a todas las personas con las que yo me he ganado un espacio gracias a mi trabajo por años, a cerrarme las puertas, a hablar mal de mí. Está ejerciendo violencia laboral”, relató.

La Procuraduría investiga además si Escobar habría utilizado su esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para fines personales e incluso intimidatorios. El documento oficial señala que existen “presuntas conductas de violencia de género, amenazas por mal manejo del esquema de seguridad y presiones laborales”.

Según el Ministerio Público, el cabildante también habría presionado a funcionarios de la Alcaldía de Cali para evitar que contrataran a su ex. De confirmarse, las acusaciones podrían derivar en una fuerte sanción disciplinaria o incluso en su suspensión del cargo.

El faro moral del país terminó estrellado con su propio reflejo: Andrés Escobar, el que disparaba por “defender a la familia”, ahora enfrenta denuncias por maltrato, drogas y usar su camioneta oficial como motel.

Melissa, quien asegura haber quedado endeudada tras financiar parte de la campaña de Escobar, también denunció haber sido chantajeada para firmar un acuerdo económico injusto. “Este hombre me está queriendo forzar a firmar un divorcio donde no quiere asumir ninguna responsabilidad por las deudas que me dejó. A mi nombre quedaron comprometidos más de $180 millones de pesos”, afirmó con indignación.

La Procuraduría ordenó la recolección de pruebas, incluidos los documentos del esquema de protección y las posibles denuncias radicadas ante la Fiscalía. Tanto la denunciante como el concejal deberán comparecer para rendir versión de los hechos.

En medio del escándalo, Melissa también reveló que Escobar la ha acusado de aliarse con el Pacto Histórico para destruir su reputación política. Pero su respuesta fue tajante: “Está diciendo que yo me alié con el Pacto para destruirlo, pero lo que pasa es que sus propias acciones son las que lo están destruyendo”.

Mientras la investigación avanza, el otrora “héroe” que se jactaba de enfrentar protestas con un arma, enfrenta hoy un escenario distinto: el de responder ante la justicia por presunta violencia contra una mujer que un día quiso casarse con él y ahora exige que el país vea su verdadera cara.

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Capturan a dos hombres que transportaban 380 millones de pesos: no supieron justificar su origen

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*El procedimiento fue descrito por las autoridades como un duro golpe contra el delito de lavado de activos.

En medio de operativos de control, realizados en la vía Castilla – Girardot, a la altura del municipio de Flandes (Tolima), uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte descubrieron, en el kilómetro 49, un vehículo con dos personas, que transportaban 380 millones de pesos en efectivo.

El hallazgo, según el coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía del Tolima, generó una alerta por el presunto delito de lavado de activos, dado que los capturados no supieron responder de dónde venía el dinero.

“El procedimiento fue realizado por uniformados de la seccional de Tránsito y Transporte, sobre el sector de Santa Ana, lugar donde fueron capturados en flagrancia dos hombres, de 28 y 29 años de edad, que se movilizaban en un vehículo de mediano cilindraje, cubriendo la ruta entre Flandes y El Espinal”, indicó el coronel Vargas.

El dinero iba escondido en un morral, en la parte trasera del vehículo.

Fue gracias a las labores de control en carretera y requisa de las autoridades, que los uniformados de la Seccional de Tránsito descubrieron el dinero, que iba camuflado al interior de una maleta. En palabras del comandante de Policía del departamento:

“Durante el registro al automotor, nuestros uniformados hallaron, en un morral ubicado en la parte trasera del vehículo, la suma de 380 millones de pesos en efectivo y dos equipos celulares, sin que los ciudadanos presentaran documentación que acreditara la legalidad y la procedencia del dinero”.

Los capturados se enfrentan a audiencia virtual para definir su situación jurídica:
Tan pronto como se encontró el dinero en el vehículo y se efectuó la captura, los dos hombres de menos de 30 años, el dinero, el vehículo y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 12 especializada de Bogotá, por el delito de lavado de activos”.

Ambos capturados se enfrentan a audiencias virtuales para definir su situación jurídica, en un momento en el que el hallazgo genera aún mayor inquietud, debido a la cercanía de las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

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Condenan al exsenador Musa Besaile a más de 11 años de cárcel por millonario saqueo a regalías en Córdoba

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*La sentencia describe la red de corrupción junto al exgobernador Alejandro Lyons, para desviar recursos públicos. Además de la prisión deberá pagar tres multas, de acuerdo a los delitos aceptados.

El exsenador Musa Abraham Besaile Fayad fue condenado a 11 años, seis meses y 8 días de cárcel, por su vinculación en el entramado de corrupción que terminó con el desfalco a las regalías en el departamento de Córdoba, durante la gobernación de Alejandro Lyons.

Además de la pena de cárcel se le impuso una multa de 2 mil 046 millones 093 mil 500 pesos, por los delitos de peculado; y otra adicional de 283.6 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) sólo por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

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También tendrá que pagar 19 mil 261 millones 461 mil 318 pesos a favor del departamento de Córdoba por los daños materiales causados (daño emergente y lucro cesante indexados).

La sentencia anticipada de la Sala de Primera Instancia detalla cómo el procesado aceptó su responsabilidad en delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Según el texto de la condena, Besaile conformó una alianza criminal con el exgobernador Alejandro Lyons para desviar recursos públicos de los departamentos de Córdoba, provenientes de regalías y del Sistema General de Participaciones

El entramado de corrupción incluyó el direccionamiento de convenios de ciencia y tecnología y el fraude mediante cobros falsos por tratamientos de hemofilia.

La sentencia detalla que surgió un vínculo de amistad con ocasión de la actuación de Lyons como apoderado, suplente en las investigaciones que en ese entonces adelantaba la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en contra de Besaile, quien era senador.

“Dicho lazo, aunado a las aspiraciones políticas de Lyons Muskus, le llevaron a retirarse del litigio profesional hacia finales del 2010 o principios del 2011 para aspirar a la gobernación del departamento de Córdoba, contando con el apoyo del aludido congresista, así como de otros sectores políticos y senadores, entre ellos, Bernardo Miguel Elias Vidal, Martín Emilio Morales Diz, Daniel Cabrales, Julio Alberto Manzur Abdala y Margarita Andrade”, resalta la sentencia, cuya ponencia es de la magistrada Blanca Nélida Barreto.

La Sala “establece la certeza de su participación como coautor interviniente en la defraudación del patrimonio estatal para financiar campañas políticas y mantener su poder regional”.

En contraprestación al apoyo de los Congresistas que lo respaldaron, “Lyons Muskus asumió el compromiso burocrático, en caso de resultar electo gobernador, como en efecto aconteció para el periodo 2012-2015, de designar en la planta de personal de la entidad territorial, en especial, en las secretarías de despacho».

El compromiso con Musa Besaile se cumplió al realizar varios nombramientos, entre ellos, el de su hermano mayor, John Moisés Besaile Fayad, en la Secretaría del Interior y Participación Ciudadana; Carlos Angulo, vinculado inicialmente en la Secretaría de Infraestructura, luego en la de Juventud; Héctor Julio Álvarez, titular de esa última dependencia y el de Gloria Cabrales, quien fungió como directora del Plan Departamental de Aguas.

La investigación también determinó que decidieron concertar la conformación de una sociedad que se mantendría durante la administración de Lyons, en la cual se dividirían en partes iguales las sumas que solicitarían a quienes pretendieran ser adjudicatarios de los contratos celebrados por el departamento de Córdoba, compromiso que se extendió a la financiación de la campaña de quien relevaría a Lyons Muskus como gobernador.

En la decisión de la Corte también explican claramente que las fuentes específicas de financiación el entramado criminal “contó con recursos públicos que correspondían al departamento de Córdoba del Sistema General de Regalías y los provenientes del Sistema General de Participaciones”.

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Sálvese quien pueda: Más de 80 balazos en el atentado que dejó un muerto y cinco heridos en Barranquilla

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La inspección del lugar de la balacera, ocurrida en la mañana de este lunes en la carrera 43B, entre calles 84 y 85 de Barranquilla, frente a la empresa de seguridad Atenas, dejó ver la fuerza con se registró.

En el lugar de los hechos las autoridades lograron contabilizar 67 vainillas calibre 9 mm y 13 vainillas calibre 5.56, para un total de 80.

Es decir, que las armas que se usaron, entre de largo y corto alcance, se dispararon en esas ocasiones.

Por eso lo que escucharon los testigos sobre las múltiples detonaciones no fue exageración y confirma que la balacera fue intensa.

Información preliminar que manejan las autoridades indican que habría sido al menos 10 hombres armados los que llegaron con minuzzi, subametralladoras y pistolas con el fin de atentar contra la vida de Raúl Antonio Jiménez Montes, quien sería socio y protegido de la empresa de seguridad Atenas.

Cuando el empresario se iba bajando de su vehículo para entrar a la empresa los sicarios actuaron.

Sin embargo, los guardas de Raúl reaccionaron y se inició el intercambio de disparos.

En ese momento, soldados del Ejército, específicamente del Gaula Militar, que se encontraban a media cuadra participando en una diligencia de extinción de dominio, tras escuchar las detonaciones entraron en confrontación contra los sicarios.

Allí fue cuando los delincuentes empezaron a dar marcha atrás y a correr en todas las direcciones, tal como se observa en algunos videos aficionados que circulan en redes sociales.

El resultado de la balacera fue un guarda muerto, otros tres heridos y tres capturados, dos de ellos lesionados.

La víctima mortal respondía al nombre de Argenis Andrés Bonett Carmona.

Por su parte, sus compañeros heridos fueron identificados como Guillermo Márquez Rivera, de 39 años; Luis Carlos Granados Méndez, de 25 años; y Henry Gabriel Pérez Llanos.

Las autoridades también identificaron a los capturados, uno de ellos responde al nombre de Joel Andrés Estor Gómez, y el otro es Daniel De Jesús González Palma, de 23 años. El tercer detenido es un adolescente de 17 años. Estos dos últimos heridos y trasladados a la Clínica Bonnadona Prevenir.

A los capturados las autoridades les hallaron un fusil calibre 5.56 mm con dos proveedores, una miniuzi Carbine 9 mm con un proveedor, una pistola Glock con un proveedor, 28 cartuchos calibre 5.56 mm, 9 cartuchos 9 mm.

Joel Andrés fue trasladado de inmediato a la URI de la Fiscalía, mientras sus cómplices reciben atención médica para poder ser presentados ante un juez de control de garantías.

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