La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó la captura de alias ‘Masacre’, uno de los más buscados por extorsión en Barranquilla y vinculado con la masacre del barrio Montes en agosto del año 2022.

El rostro de este peligroso delincuente apareció publicado en septiembre de 2025 en una valla instalada en la calle Murillo con carrera 35 en la que se difundieron los nombres de los 8 más buscados en la capital del Atlántico.

Su nombre de pila es Melqui Antonio Ortega Castro, de 22 años de edad, reseñan las autoridades.

‘Masacre’ fue capturado en desarrollo del llamado del ‘Plan Bastión’, operativo coordinado con la Fiscalía General de la Nación.

Su captura se produjo en la vereda ‘Tierra baja’, corregimiento de La Boquilla. Era requerido por los delitos de homicidio agravado, en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

De acuerdo con las investigaciones, el capturado estaría implicado en la masacre el 28 de agosto de 2022 en el barrio Montes, en el suroriente de Barranquilla en donde perdieron la vida Alejandro Mecías, Carlos Suárez y Jorge Aguilar.

Las autoridades señalan que este sujeto actuaría bajo las órdenes de cabecillas recluidos en centros carcelarios, quienes continúan dinamizando la extorsión en diferentes localidades de la capital del Atlántico. Además, estaría vinculado con los recientes paros extorsivos en el comercio de Barranquilla y Soledad, Atlántico, a principios de julio.

A ‘Masacre’ le registran anotaciones judiciales por los delitos de homicidio (2022, 2022 y 2024), extorsión (2023) y porte ilegal de armas de fuego (2023).

De manera complementaria fueron capturados varios integrantes del ‘Clan del Golfo’ y ‘Nueva Generación’ por los delitos de homicidio, hurto y tráfico de estupefacientes.

Durante esta operación se realizaron tres diligencias de registro y allanamiento, ocho capturas mediante orden judicial y cinco capturas en flagrancia, en Cartagena y el municipio de Turbaco.

Diez personas detenidas en la URI de La Cordialidad, al lado de la UCJ, en la calle 56 con carrera 11 de Barranquilla, se fugaron en horas de la mañana de este miércoles.

Al parecer, los detenidos se fugaron al forzar una reja y subieron una paredilla. Varias patrullas de la Policía Metropolitana llegaron al sitio y de manera preliminar se conoció que al menos 5 de los fugados fueron recapturados. La situación de hacinamiento en las cárceles y URI de la ciudad facilitan este tipo de fugas.

Información que maneja la Personería Distrital indica que a la fecha hay un hacinamiento del 116 % en la Cárcel Modelo con una capacidad para tener 454 reclusos y actualmente hay 528; en la Penitenciaría El Bosque hay un hacinamiento de 130 % con una capacidad para 1162 reclusos y hay 1510; y en la Distrital El Bosque hay hacinamiento del 139 % con una capacidad de 300 detenidos y se encuentran 416.

Este hacinamiento en las cárceles se refleja también con la acumulación de detenidos en las URI que no pueden ser llevados a esos centros de reclusión ante la falta de espacio.

*Se ordenó la captura y reclusión de Carlos Caicedo en una cárcel, además de una multa de $4.453.229.734 e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la prisión.

Una juez condenó al excandidato presidencial Carlos Caicedo a una pena de nueve años y nueve meses de cárcel por corrupción en la fallida modernización de la red sanitaria de Santa Marta que ocurrió cuando fue alcalde de esta ciudad.

En el fallo, se ordenó su captura y su reclusión en una cárcel que tendrá que determinar el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), además una multa de $4.453.229.734 e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la prisión.

Según la investigación, el exalcalde habría direccionado el contrato de construcción de dichas obras, generando un posible detrimento en el patrimonio de la capital del departamento del Magdalena.

“En ejercicio de sus funciones, tramitó y celebró el contrato 191 de 2015, por un valor de 6.954 millones de pesos y un plazo de ejecución de seis meses”, detalló la Fiscalía.

Entre los elementos materiales probatorios que se han recaudado sobre el caso se encuentra que, en la fase precontractual, Caicedo supuestamente pidió que fuera contratado, mediante prestación de servicios, específicamente un arquitecto para que “elaborara los diseños del proyecto”. No obstante, el producto presentado por el profesional fue incompleto: no tenía paneles ni placas prefabricadas de alta densidad para aislar el calor y el ruido, entre otros aspectos.

“En lo que respecta a la etapa de ejecución, se presentaron múltiples imprevistos, pues no se tuvieron en cuenta las redes y acometidas para gas natural. Tampoco se gestionó la autorización para construir en un predio privado, que además no contaba con estudios de suelos y sismorresistencia”, detalló la Fiscalía.

Agregó que “para superar estas y las diversas inconsistencias presentadas se realizaron 11 otrosíes y adiciones por 4.534 millones. Diez años después, el contrato no ha sido liquidado y las obras fueron pagadas en 94 %, sin ser entregadas en su totalidad”.