*La labor investigativa orientada por la Fiscalía General de la Nación permitió judicializarlo por los delitos de secuestro extorsivo y tortura.

Una mujer fue retenida en contra de su voluntad y sometida a agresiones físicas y psicológicas por parte de su compañero sentimental, quien además habría exigido dinero para dejarla en libertad, en hechos ocurridos en el barrio Manrique, en Medellín (Antioquia), entre el 6 y el 8 de febrero del año en curso.

De acuerdo con los actos investigativos orientados por la Fiscalía General de la Nación, Johan Stiven Marino Mosquera sería el responsable de lo sucedido.

Este hombre presuntamente ocultó a la mujer en una vivienda y la golpeó con objetos contundentes hasta hacerla perder el conocimiento en varias oportunidades.

Entre tanto, llamaba a la mamá de la víctima para pedirle dos millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida y dejarla en libertad.

En ese sentido, el señalado agresor fue capturado en una acción conjunta realizada con unidades del Gaula de la Policía Nacional. En el procedimiento se incautaron cuatro teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Una fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó a Marino Mosquera ante un juez penal de control de garantías y le imputó los delitos de secuestro extorsivo y tortura.

El procesado no aceptó los cargos y fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario.

*Entre los procesados está el señalado cabecilla del grupo delincuencial que habría ordenado el homicidio por el liderazgo que ejercía la víctima.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jairo Andrés Miranda Ramírez, Brayan Stiven Rolón Borges y Johan Hernán Martínez Romero, tres posibles integrantes de un grupo delincuencial autodenominado ‘Los J’ que estarían implicados en la planeación y ejecución del homicidio del veedor ciudadano y defensor de derechos humanos, Fabio Álex Ortega Acero, ocurrido el 19 de diciembre de 2024, en Cúcuta (Norte de Santander).

La víctima, que estaba acompañada por su equipo de protección, fue abordada y atacada con arma de fuego por dos personas, entre ellas un menor de edad que también murió en el lugar en medio de un intercambio de disparos que se generó.

Las evidencias dan cuenta de que Miranda Ramírez, conocido como ‘J’, sería el cabecilla de la estructura ilegal y habría ordenado el crimen por la labor comunitaria que ejercía el veedor.

En ese sentido, es señalado de ordenar seguimientos para identificar las rutinas y condiciones de seguridad del defensor de derechos humanos, tarea que presuntamente desarrolló Rolón Borges, alias Drone.

Por su parte, Johan Hernán Martínez Romero es investigado por su posible participación en las labores de coordinación y recopilación de información sobre los desplazamientos y el esquema de protección del líder.

Con fundamento en estos elementos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) les imputó, de acuerdo con su eventual responsabilidad individual, los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los procesados no aceptaron los cargos y fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario.

*Exigían más de mil millones de pesos a familiares de las víctimas. Alcanzaron a transferir más de 20 millones de pesos a través de operaciones bancarias.

Un fiscal de la Seccional Atlántico judicializó a Jhan Carlos Gamboa Jiménez y Yulieth Elizabeth Carvajal Gómez, por su presunta participación en los delitos de secuestro extorsivo y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Las víctimas fueron secuestradas al salir de un centro comercial del norte de Barranquilla con el propósito de asistir a una cita relacionada, supuestamente, con un negocio.

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron entre el 12 y el 16 de enero del año en curso, en jurisdicción de Juan de Acosta.

Familiares de las víctima conocieron de lo sucedido luego de recibir mensajes extorsivos en los que, al parecer, los hoy imputados exigían el pago de más de mil millones de pesos.

En ese lapso, los familiares alcanzaron a transferir más de 20 millones de pesos a través de operaciones bancarias.

Labores de policía judicial, así como actividades de seguimiento, análisis de datos y llamadas, permitieron que uniformados de la Policía Nacional lograron el rescate de las víctimas y la captura en flagrancia de los imputados en el mencionado sector.

Durante el procedimiento se incautaron un arma de fuego, dos cartuchos, cinco celulares, dos tarjetas SIM y un vehículo.

Un juez con funciones de control de garantías les impuso medida de aseguramiento intramural.