La Fiscalía priorizó la investigación de los sicariatos y actividades de narcomenudeo en La Dorada y otros municipios para identificar y desarticular las estructuras delincuenciales que estarían vinculadas a estos delitos.

La disputa por el control del tráfico local de estupefacientes en La Dorada (Caldas) estaría relacionada con una ola de homicidios que habría dejado al menos nueve víctimas durante el último año. La investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió identificar a las estructuras que estarían implicadas y las dinámicas a las que recurrían para sostener su actuar ilícito y ejecutar ataques contra integrantes de organizaciones rivales, informantes y personas que colaboraban con las autoridades.

Se trata de ‘La Contra’ y ‘La Línea’. Las actividades de policía judicial, lideradas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), dan cuenta de que estos dos grupos delictivos utilizaban establecimientos de comercio, como talleres de motocicletas, para ocultar armas de fuego, estupefacientes y elementos destinados a la dosificación de las sustancias.

Adicionalmente, disponían de subestructuras, puntos de distribución y vigilancia que les permitían hacer presencia en diferentes sectores de La Dorada y municipios aledaños.

También se conoció que destinaban lugares y personas específicas para realizar rituales de
santería con la idea de que contrarrestaría las operaciones de las autoridades.

Las evidencias dan cuenta de patrones de movilidad nocturna y el uso de motocicletas para cometer sicariatos. Entre los hechos que se les atribuyen está el asesinato de una mujer en estado de embarazo, ocurrido el pasado 21 de abril en inmediaciones del sector conocido

Como resultado de las labores investigativas, el CTI, en articulación con la Policía Nacional, realizó 10 diligencias de allanamiento y registro en La Dorada, donde fueron capturados nueve presuntos integrantes de estas dos organizaciones. Otras cuatro personas fueron notificadas en las cárceles de Cómbita (Boyacá), Girardot (Cundinamarca) y La Dorada. Entre ellas alias Manolo y alias Pichón, señalados cabecillas de ‘La Contra’.

*El proyecto fue contratado por más de 11.000 millones de pesos. La obra no se ejecutó en su totalidad y se causó un posible peculado de 4.330 millones de pesos.

La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra el exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjögren, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, relacionados con las irregularidades detectadas en el proyecto de mejoramiento urbanístico del islote Haynes Cay, que ascendió en valor a 11.125 millones de pesos.

Hawkins Sjögren, quien ejerció como mandatario departamental entre 2020 y 2023, delegó en el entonces secretario de Infraestructura la celebración de un contrato interadministrativo con la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca) para desarrollar las actividades previstas. Esta entidad subcontrató la ejecución y la interventoría.

Según la investigación, la mencionada asociación carecía de la experiencia técnica exigida para este tipo de intervenciones.

El estudio de mercado habría sido insuficiente y la iniciativa, presentada como una gerencia estratégica, en realidad correspondía a una obra que no figuraba registrada en el banco de proyectos de la Gobernación ni contaba con las autorizaciones pertinentes.

Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido en la ley, debía hacerse por licitación pública y no por contratación directa.

Las labores comenzaron el 20 de abril de 2023, sin licencia ambiental de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina) ni permisos de la Dirección General Marítima (Dimar).

Se construyeron una plataforma y kioscos turísticos, en riesgo de demolición por falta de aval, pero no el muelle de acceso al islote, uno de los principales componentes del proyecto.

Antes de iniciar las obras, el 11 y 12 de enero de 2023, la Gobernación desembolsó 10.847 millones de pesos a una fiducia constituida por Aremca.

Los peritajes realizados por la Fiscalía
estiman un presunto detrimento que supera los 4.330 millones por concepto de sobrecostos, sumas no ejecutadas ni devueltas y la omisión de descuentos por impuestos, estampillas y sobretasas, entre otros.

*La actuación comprende 23 contratos adicionales. En total, el exrepresentante legal de Aremca ha sido imputado por hechos relacionados con 101 contratos, por 496.000 millones de pesos.

La Fiscalía General de la Nación amplió la imputación contra Gustavo Bolaños Pastrana, ex representante legal de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), por su presunta participación en el direccionamiento de 23 contratos de obra, suministro e interventoría financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cuantía de 104.263 millones de pesos.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó, ante una juez de control de garantías de Bogotá, el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en 23 eventos. El procesado no aceptó los cargos.

La investigación, priorizada por el Grupo de Tareas Especiales para casos de corrupción que comprometan regalías, indica que Bolaños Pastrana habría mantenido el control de las decisiones de contratación de Aremca.

Entre abril de 2022 y septiembre de 2023, presuntamente impartió directrices para
seleccionar contratistas y cambios de directivos según sus intereses. Para la Fiscalía, sería el autor mediato de un esquema que aplicaba exclusivamente el manual interno de contratación, sin adelantar las licitaciones públicas ni los concursos de méritos exigidos.

Entre los contratos incluidos figuran el fortalecimiento de la ganadería en Montelíbano (Córdoba), por 19.426 millones de pesos; la producción de alimentos con enfoque agrícola en Puerto Libertador (Córdoba), por 14.428 millones; la construcción de un complejo deportivo en Uribia (La Guajira), por 9.500 millones; y obras de pavimentación en Aguazul (Casanare) y Montelíbano, por 11.589 millones y 7.198 millones, respectivamente.

También se encuentran la construcción de un mirador turístico en Santa Catalina (Bolívar), por 3.112 millones de pesos, y el suministro de herramientas didácticas para estudiantes de colegios oficiales de San Andrés Isla por 4.802 millones.