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Más de 70 exmilitares reconocerán crímenes de guerra ante la JEP

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Un total de 74 comparecientes de la fuerza pública se presentarán ante la justicia transicional para reconocer ante 140 víctimas su participación en crímenes de guerra y de lesa humanidad, una diligencia que se realizará del 8 al 10 de agosto, informó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En una audiencia, 28 máximos responsables, entre ellos tres excomandantes del Batallón ‘Cacique Pigoanza’, los tenientes coroneles en retiro Carlos Yair Salamanca Robles, Orlando Pico Rivera y Ricardo Andrés López García, contarán «cómo se ejecutó el plan criminal para exhibir como resultados operacionales legítimos homicidios perpetrados en combates simulados en el departamento de Huila» entre 2005 y 2008.

La diligencia es una oportunidad para que los comparecientes contribuyan a la satisfacción de los derechos de las víctimas.

De acuerdo con la Sala de Reconocimiento de la JEP, los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad participaron en la comisión de 200 asesinatos, 32 desapariciones forzadas y ocho tentativas de homicidio.

En sus intervenciones, los comparecientes de la fuerza pública se referirán a los hechos y conductas imputadas por la JEP, su rol en la comisión de estos crímenes y los daños causados a las víctimas, las comunidades y el territorio.

Asimismo, hablarán sobre algunos de los proyectos a los que se podrían vincular para contribuir a restaurar, aliviar y dignificar a quienes les causaron los daños.

Por su lado, las víctimas, que también estarán en la diligencia, describirán los impactos que les causaron los crímenes y presentarán demandas restaurativas que orientarán las sanciones que se impondrán.

En este Subcaso Huila del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, los mayores generales Alberto Rodríguez y Marcos Pinto, así como el mayor general Miguel Ernesto Pérez Guarnizo y el general Jaime Lasprilla Villamizar, que fue comandante del Ejército, manifestaron que no reconocen su responsabilidad por los crímenes imputados.

En ese mismo sentido se manifestaron el brigadier general William Fernando Pérez y el coronel Fernando Moncayo Guancha, todos en condición de retiro.

En estos casos, sus procesos fueron trasladados a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA, la Fiscalía de la JEP) que, si decide acusarlos ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz, iniciaría un procedimiento en el que se exponen a una sanción de cárcel de hasta 20 años.

La JEP ha contabilizado 6.402 de estos casos, que fueron cometidos sobre todo entre 2002 y 2010, durante la Presidencia de Álvaro Uribe.

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En Briceño, Antioquia, destruyeron dos artefactos explosivos instalados por las disidencias

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En menos de cuatro días van seis dispositivos ubicados por la fuerza pública en esta zona de Antioquia.

Las tropas del Batallón de Infantería de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional lograron ubicar y destruir dos artefactos explosivos improvisados que fueron instalados en una vía terciaria de la vereda El Pescado en el municipio de Briceño.

Lo que explica la fuerza pública es que en esta zona del Norte antioqueño se realizó este procedimiento que permitió neutralizar el accionar criminal del frente 36 de las disidencias de alias ‘Calarcá’ que pretendían atentar contra la población civil.

Además, el Ejército Nacional aseguró que la injerencia del frente 36 no solo afecta la tranquilidad de los pobladores, sino que también golpea fuertemente las operaciones militares para poder contrarrestar la disputa territorial de las disidencias de alias ‘Calarcá, Clan de Golfo y ELN.

Hay que mencionar que no es el único procedimiento que se hizo recientemente en esta zona de Antioquia, ya que se logró ubicar cuatro artefactos explosivos que fueron instalados a cerca de 500 metros del corregimiento Charcón de Liberia en el municipio de Anorí.

Según mencionaron desde las Fuerzas Militares, los explosivos fueron destruidos de manera controlada luego de determinar que, al parecer, los elementos fueron instalados por integrantes del Frente Capitán Mauricio del ELN.

Por ahora las autoridades a nivel departamental y la Fuerza Pública buscan fortalecer los operativos en esta zona para poder mitigar los posibles riesgos que se generan con este tipo de explosivos y que eventualmente pueden generar graves daños tanto en uniformados como en la misma población civil.

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El caudal de agua que entra a la hidroeléctrica Urrá aumentó 69 % en solo 24 horas

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La ANLA advirtió en un comunicado que, nuevamente, se presentó un incremento inusual en la entrada de agua al embalse. Si hay un incremento de lluvia, dice, hay un potencial aumento del riesgo de inundaciones.

La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) emitió un comunicado en el que advierte que, nuevamente, inrementó el caudal de agua que ingresa a la Hidroeléctrica Urrá, en el departamento de Córdoba.

Según la ANLA, el caudal ha aumentado en un 69 % en solo 24 horas. En términos un poco más técnicos, cuando se hizo la medición a las 5 a.m. de este sábado, el caudal era de 485 m³/s, pero al cierre del período de monitoreo alcanzó 823 m³/s.

(Lea Embalse de Urrá: que no lo distraiga la cacería de culpables; la historia es más compleja)

“Dicho comportamiento sugiere una acumulación progresiva en el embalse y genera una diferencia creciente entre entradas y salidas”, señala la ANLA.

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Capturan a cabecilla y cuatro integrantes del ELN en Arauca

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El Ejército y la Policia Nacional reportaron que en operaciones simultáneas en el departamento de Arauca fueron capturados cuatro integrantes del ELN en Arauquita.

Se trata de alias Monchi, segundo cabecilla de la Red de Apoyo al Terrorismo de la Comisión Camilo Cienfuegos, del ELN. De acuerdo con labores de inteligencia militar, alias Monchi sería el principal dinamizador y articulador financiero de esta estructura armada.

Su rol consistía en administrar y movilizar recursos obtenidos mediante el desplazamiento forzado de campesinos y la apropiación de fincas productoras de plátano, cuyos productos eran comercializados a gran escala en bodegas ubicadas en Bogotá.

Según el Ejército ganancias generadas por esta actividad ilícita eran posteriormente reinvertidas en la estructura armada, mediante la adquisición de material logístico y de intendencia, fortaleciendo su capacidad criminal en la región

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