*El grupo empresarial aseguró que, aunque el incremento afecta sus costos, decidió sostener el aumento para respaldar a sus trabajadores y no recortará la nómina.

El Grupo Empresarial Madecentro confirmó que mantendrá el aumento del 23 % del salario mínimo para sus empleados, incluso si el Gobierno, la Corte o el Consejo de Estado deciden reducir ese porcentaje en el futuro.

El gerente de la compañía, Dimas Tobón, explicó que el incremento salarial ha tenido un impacto significativo en los costos operativos, pero aseguró que la empresa ya había proyectado ese escenario y realizado los ajustes financieros necesarios. A pesar de que, como empresa, les convendría una reducción del salario, tomaron la decisión de apoyar a sus trabajadores y mantener los salarios estables.

“Hemos decidido apoyar a nuestros empleados y pase lo que pase, vamos a mantener esos salarios estables. Esto afectaría a 2.666 empleados en Madre Centro y a 595 en RTA Design. La nómina no se ha tocado, por el contrario, nosotros estamos en un proceso de extensión. Lo que hicimos es tratar de reducir, de ser más eficientes, reducir costos por otros rumbos y definitivamente algo de precio hubo que transferir, pero no de manera importante”, indicó.

Sobre la suspensión provisional del decreto del salario mínimo por parte del Consejo de Estado, el directivo afirmó que los jueces están cumpliendo su labor institucional, pero consideró que el aumento debería mantenerse

Pese a la reciente decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que fijó el salario mínimo para 2026, los trabajadores colombianos que devengan este ingreso recibirán su pago del 15 de febrero con el aumento del 23.7%. La medida cautelar del alto tribunal no tiene efectos inmediatos sobre los pagos de nómina ya procesados, garantizando la estabilidad económica de los empleados en el corto plazo.

Según el texto del Consejo de Estado, el Gobierno nacional dispone de un plazo de ocho días calendario para expedir un nuevo decreto que sustituya al actual. Mientras ese nuevo acto administrativo no sea publicado oficialmente, el incremento decretado en diciembre de 2025 sigue siendo la única base legal para la liquidación de salarios.

La orden del Consejo de Estado es clara al señalar que el Gobierno debe realizar, expedir y publicar un nuevo decreto transitorio. Este proceso administrativo otorga una ventana de tiempo en la que el Decreto 1469 de 2025 sigue vigente para efectos de la primera quincena de febrero. Las empresas, que ya tienen sus procesos de nómina cerrados o en curso para este corte, deben cumplir con el pago de los $2.000.000 (incluyendo auxilio de transporte).

En pocas palabras, es una medida cautelar que ordena un nuevo decreto, pero los efectos de la suspensión no pueden ser retroactivos sobre derechos ya causados. Esto significa que el dinero que ingrese a las cuentas de los trabajadores este fin de semana está protegido legalmente.

Plazo de ocho días para el nuevo salario mínimo

El tribunal ordenó que el Ejecutivo fije un «porcentaje transitorio» de aumento en un plazo máximo de ocho días tras la notificación. Esta nueva cifra deberá basarse estrictamente en criterios técnicos como la inflación y la productividad, alejándose del criterio político que llevó al incremento del 23.7 %.

«ORDENAR a las entidades demandadas que, dentro de los ocho (8) días calendario (…) expidan y publiquen un decreto en el que se fije el porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo legal para el año 2026», se lee en el fallo del Consejo de Estado.

Para los 2.4 millones de colombianos que ganan el mínimo, la noticia de la suspensión generó temor sobre posibles descuentos. Sin embargo, al tratarse de un pago bajo un decreto que aún no ha sido reemplazado oficialmente, el monto recibido este 15 de febrero es un derecho adquirido.

La incertidumbre real comenzará para la quincena del 28 de febrero, fecha en la que el nuevo decreto, con un aumento previsiblemente menor, ya debería estar en vigencia.

El presidente Gustavo Petro confirmó que, en el marco de la nueva emergencia económica, expedirá decretos para obligar a la banca a destinar recursos hacia sectores productivos, tras asegurar que el sector incumplió los compromisos pactados.

El tercer consejo de ministros de la semana estuvo marcado por un anuncio que reabre uno de los debates económicos más polémicos del Gobierno nacional: las inversiones forzosas al sistema financiero. El presidente Gustavo Petro confirmó que, en el marco de la nueva emergencia económica, expedirá decretos para obligar a la banca a destinar recursos hacia sectores productivos, tras asegurar que el sector incumplió los compromisos pactados.

Según el mandatario, el acuerdo firmado en agosto de 2024, que llevó al retiro definitivo del proyecto de ley de inversiones forzosas, contemplaba el desembolso de 250 billones de pesos en 18 meses para vivienda, agricultura, turismo y economía popular.

Sin embargo, sostuvo que los créditos no se orientaron a la producción ni al crédito asociativo, sino que continuaron concentrados en consumo. En su momento, el llamado Pacto por el Crédito fue presentado como un modelo de concertación público-privada que evitaba una imposición legal.

Tras 19 sesiones de trabajo, el sector financiero advirtió que las inversiones forzosas podrían encarecer el crédito y afectar la confianza. Ahora, ante lo que el Gobierno considera falta de resultados, la medida volverá por decreto en medio de la emergencia.

Otro de los anuncios relevantes fue el primer proyecto de decreto tributario. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que se establecerá un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, enfocado exclusivamente en las 15.000 empresas más grandes del país.

La intención es corregir lo que calificó como un esquema regresivo: aunque la tarifa nominal es del 28 %, las compañías de mayor patrimonio terminan pagando una tasa efectiva cercana al 21,3 %. El decreto contempla tasas diferenciales para distinguir entre empresas productivas y rentísticas, como los bancos, así como bases gravables especiales para cooperativas y cajas de compensación.

El ministro Ávila aclaró que el impuesto al patrimonio para personas naturales, planteado en una emergencia anterior, está suspendido. El Gobierno también estudia ajustes al impuesto a los juegos de suerte y azar, cuya reforma analiza la Corte y que contempla una tarifa del 19 %. Además, Petro planteó la posibilidad de prohibir temporalmente la exportación de carne para contener el alza de precios internos, al considerar que el producto está subiendo por encima de la inflación.

Como medidas de alivio, se anunciaron líneas de crédito con tasas compensadas a través de Finagro y el Banco Agrario para el sector agropecuario y microempresas.