*Es señalado de auspiciar el uso de explosivos y materiales tóxicos, como mercurio, para ejercer la actividad ilegal, situación que ha afectado los cuerpos de agua, el suelo y la flora del área protegida.

Como parte de la estrategia interinstitucional para proteger el ecosistema del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, la Fiscalía General de la Nación abrió una línea investigativa para identificar y afectar a las redes de explotación ilegal de oro que tienen injerencia en esa área ambiental.

Así, se logró la captura y judicialización de uno de los señalados articuladores principales de las actividades de minería ilegal en la región. Se trata de Juan Diego Acosta Yandi, quien sería el responsable de la obtención de oro en dos socavones ubicados en el sector Minas del Socorro, los cuales funcionaban sin títulos ni permisos ambientales.

Este hombre, en posible articulación con otras personas, habría auspiciado la utilización de explosivos y materiales tóxicos, como mercurio, que han generaron un grave daño ambiental al agua, el suelo, la flora y la fauna de esta zona protegida.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que el oro extraído de los frentes de explotación era comercializado de manera clandestina en Cali (Valle del Cauca), en Suárez y Santander de Quilichao (Cauca).

Por lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a Acosta Yandi los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, daño en los recursos naturales y ecocidio, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero e hidrocarburos e invasión de área de especial importancia ecológica.

El hombre aceptó los cargos y, por disposición de una juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

*Recibió cerca de 250.000 dólares por aportar los nombres, experiencia e información financiera de dos empresas de su propiedad para conformar la Unión Temporal Centros Poblados.

Una Juez Penal de Conocimiento de Bogotá emitió el sentido de fallo condenatorio contra Ottomar Lascarro Torres por su participación en el caso de corrupción de Centros Poblados.

La Fiscalía logró probar su participación en las irregularidades detectadas en el contrato 1043 de 2020, por un billón de pesos, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal Centros Poblados para llevar internet a más de 7.000 escuelas rurales del país.

El empresario fue declarado responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado.

Lascarro Torres aportó los nombres, la experiencia e información financiera de dos empresas de su propiedad para conformar la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020, y acreditar la capacidad técnica y trayectoria suficientes.

De esta manera, hicieron incurrir en error a los funcionarios del MinTic que les adjudicaron el contrato de conectividad rural.

Por estas actuaciones irregulares el empresario recibió cerca de 250.000 dólares, los cuales fueron transferidos a una cuenta del procesado en Estados Unidos.

*Las actividades ilícitas que se les atribuye habrían ocurrido en ejercicio de sus cargos en la sede de la entidad en La Guajira.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, judicializó a cuatro funcionarios de la Seccional La Guajira de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por posibles actuaciones ilícitas en el ejercicio de sus cargos.

Tres de los hoy procesados, identificados como Ladys María Benítez Orcasita, Carlos Emiliano Pérez Gómez y Jorge Enrique Ariza Vivero, habrían ejercido presiones económicas y administrativas contra la representante legal de una clínica de salud mental, luego de identificar supuestas inconsistencias tributarias y contables durante procesos de fiscalización adelantados por la DIAN.

Los procesados venían exigiendo el pago de 100 millones de pesos para evitar sanciones superiores a los 1.500 millones de pesos.

Los elementos materiales probatorios indican que la empresaria no desembolsó la suma solicitada y en retaliación fue afectada con embargos a las cuentas bancarias, requerimientos reiterados y expedición de actos administrativos en su contra.

La Fiscalía documentó, al menos, seis reuniones entre los señalados implicados y la víctima, en dos de las cuales presuntamente hicieron peticiones de dinero.

El otro funcionario vinculado, de nombre Erwin Yasser Escudero Rondón, sería el encargado de alertar a una organización delincuencial dedicada a actividades de contrabando en la Troncal del Caribe sobre los operativos y controles aduaneros. Asimismo, se le atribuye la devolución de mercancía aprehendida por las autoridades y favorecer el tránsito de productos que ingresaban de manera ilegal al país a cambio de dádivas.

En el curso de la investigación se conocieron siete eventos delictivos en los que el funcionario habría participado en maniobras para alterar resultados operacionales mediante falsas incautaciones de cigarrillos y otras acciones orientadas a beneficiar estructuras de contrabando