*También sería el responsable de enviar una corona fúnebre al exregistrador de la entidad.

Las actividades investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron identificar y judicializar a Juan Andrés Romero Calderón, presunto responsable de amenazar de muerte a funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Soacha (Cundinamarca).

Este hombre habría irrumpido en dos oportunidades en las instalaciones de la entidad, en agosto de 2022 y en octubre de 2025, portando un arma de fuego con la que
presuntamente intimidó a varios servidores.

Posteriormente, el pasado 8 de abril, el exregistrador de Instrumentos Públicos de ese municipio recibió en su despacho una corona fúnebre que, según los elementos materiales probatorios recopilados, fue enviada por Romero Calderón.

Las amenazas serían una retaliación por decisiones administrativas adoptadas por la entidad, relacionadas con el cierre de folios de matrículas inmobiliarias correspondientes a predios ubicados en la zona férrea y en la Autopista Sur de Soacha sobre los cuales el hoy procesado pretendía ejercer actividades de explotación económica.

Por estos hechos, personal de la Policía Nacional hicieron efectiva una orden de captura en su contra, en diligencia realizada en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

Entre tanto, un fiscal de la Seccional Cundinamarca le imputó el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, al tiempo que solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

El juez de control de garantías que dirigió las audiencias concentradas avaló la petición.

*Recibió cerca de 250.000 dólares por aportar los nombres, experiencia e información financiera de dos empresas de su propiedad para conformar la Unión Temporal Centros Poblados.

Una Juez Penal de Conocimiento de Bogotá emitió el sentido de fallo condenatorio contra Ottomar Lascarro Torres por su participación en el caso de corrupción de Centros Poblados.

La Fiscalía logró probar su participación en las irregularidades detectadas en el contrato 1043 de 2020, por un billón de pesos, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal Centros Poblados para llevar internet a más de 7.000 escuelas rurales del país.

El empresario fue declarado responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado.

Lascarro Torres aportó los nombres, la experiencia e información financiera de dos empresas de su propiedad para conformar la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020, y acreditar la capacidad técnica y trayectoria suficientes.

De esta manera, hicieron incurrir en error a los funcionarios del MinTic que les adjudicaron el contrato de conectividad rural.

Por estas actuaciones irregulares el empresario recibió cerca de 250.000 dólares, los cuales fueron transferidos a una cuenta del procesado en Estados Unidos.

*Las actividades ilícitas que se les atribuye habrían ocurrido en ejercicio de sus cargos en la sede de la entidad en La Guajira.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, judicializó a cuatro funcionarios de la Seccional La Guajira de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por posibles actuaciones ilícitas en el ejercicio de sus cargos.

Tres de los hoy procesados, identificados como Ladys María Benítez Orcasita, Carlos Emiliano Pérez Gómez y Jorge Enrique Ariza Vivero, habrían ejercido presiones económicas y administrativas contra la representante legal de una clínica de salud mental, luego de identificar supuestas inconsistencias tributarias y contables durante procesos de fiscalización adelantados por la DIAN.

Los procesados venían exigiendo el pago de 100 millones de pesos para evitar sanciones superiores a los 1.500 millones de pesos.

Los elementos materiales probatorios indican que la empresaria no desembolsó la suma solicitada y en retaliación fue afectada con embargos a las cuentas bancarias, requerimientos reiterados y expedición de actos administrativos en su contra.

La Fiscalía documentó, al menos, seis reuniones entre los señalados implicados y la víctima, en dos de las cuales presuntamente hicieron peticiones de dinero.

El otro funcionario vinculado, de nombre Erwin Yasser Escudero Rondón, sería el encargado de alertar a una organización delincuencial dedicada a actividades de contrabando en la Troncal del Caribe sobre los operativos y controles aduaneros. Asimismo, se le atribuye la devolución de mercancía aprehendida por las autoridades y favorecer el tránsito de productos que ingresaban de manera ilegal al país a cambio de dádivas.

En el curso de la investigación se conocieron siete eventos delictivos en los que el funcionario habría participado en maniobras para alterar resultados operacionales mediante falsas incautaciones de cigarrillos y otras acciones orientadas a beneficiar estructuras de contrabando