*Entre los presuntos involucrados hay un paramédico y la mujer que habría transportado a la víctima en una motocicleta.

Tras 13 días de labores investigativas y actividades técnico-científicas, la Fiscalía General de la Nación logró la identificación y judicialización de cinco personas que estarían implicadas en el crimen de una mujer en etapa de gestación, en hechos ocurridos el pasado 16 de julio en Cali (Valle del Cauca).

Se trata de Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga, quienes fueron capturados con orden judicial, el pasado 30 de julio, durante diligencias de registro y allanamiento en Valle del Cauca. Ante el reporte de desaparición de la mujer, de 21 años, que se encontraba en estado de gestación, la Fiscalía activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) y Alerta Rosa por el delito de desaparición forzada. Posteriormente, el 20 de julio, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) encontró el cuerpo de la mujer sin vida en el corregimiento La Buitrera.

Sin embargo, la bebé que gestaba no estaba junto a la madre. De acuerdo con la investigación, los procesados se habrían concertado para engañar a la víctima y trasladarla hasta un inmueble en el sector de Alto de Polvorines, donde fue atacada en repetidas oportunidades con un arma cortopunzante para extraerle a la bebé.

Rol de los procesados en el hecho

Actividades investigativas lideradas por un fiscal especializado de la Seccional Cali permitieron establecer el rol de los procesados en la ejecución del ilícito. Yulieth Cecilia Angulo Escobar se habría encargado de transportar en una motocicleta a la víctima hasta el inmueble que previamente había conseguido para tal fin.

Para ganarse su confianza, habría fingido estar en estado de embarazo, y el día de los hechos le aseguró que la llevaría a una pañalera en el sur de la ciudad. Al llegar al inmueble, Nitzon Stiven Mondragón Cuero presuntamente agredió violentamente a la víctima y la atacó con el arma cortopunzante hasta causarle la muerte.

En ese lugar le habría sido extraída, mediante una cesárea artesanal, la bebé de 8 meses de gestación. Antes de salir del inmueble con el cuerpo de la víctima, habrían desplegado acciones para ocultar la evidencia del crimen.

En cuanto al rol de Narváez Rodríguez, este se habría encargado de conducir el vehículo en el que todos los procesados trasladaron el cuerpo de la mujer hasta la zona rural del corregimiento La Buitrera, donde fue abandonado en el río Meléndez. Entre tanto, García Zuluaga habría estado a cargo de vigilar el área perimetral durante la comisión del hecho y en los recorridos posteriores, así como alertar sobre la presencia de las autoridades.

Por su parte, López Orozco se habría encargado de coordinar la logística del crimen, repartir los roles entre los implicados y garantizar el pago de 4 millones de pesos, suma que, según la investigación, había sido pactada previamente con Yulieth Cecilia Angulo Escobar. Por todo lo anterior, un fiscal especializado, adscrito a la Seccional Cali, les imputó, de acuerdo con su participación individual, los delitos de feminicidio, secuestro simple y desaparición forzada, los tres agravados; así como alteración de elemento material probatorio. Los procesados no aceptaron cargos.

Tras la captura de los procesados, el CTI y la Policía Nacional hallaron, en una zona boscosa de la ciudad, los restos que corresponderían a la bebé de la mujer asesinada, cuya identificación se encuentra en proceso por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

*La investigación estableció que la organización habría falsificado cerca de 500 documentos de identidad para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

La Fiscalía General de la Nación dejó al descubierto el actuar de una red delincuencial que, presuntamente, se dedicaba a falsificar cédulas de ciudadanía y otros documentos públicos para facilitar actividades ilícitas en Santa Marta (Magdalena).

Las actividades investigativas permitieron establecer que, en diferentes inmuebles de la ciudad, los presuntos integrantes de la organización elaboraban cédulas de ciudadanía, tarjetas de propiedad de vehículos y placas para motocicletas y automóviles, utilizadas posteriormente para cometer estafas, falsedades y suplantaciones.

Para evadir la acción de las autoridades, algunos de ellos se hacían pasar por prestamistas informales o administradores de pagadiarios.

La investigación también evidenció que la red delincuencial sería la encargada de fabricar documentos falsos para grupos armados ilegales que delinquen en la región. En agosto de 2025, presuntamente recibió un pedido de cerca de 500 cédulas de ciudadanía que serían entregadas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

Por estos hechos fueron capturados y judicializados Elkin Alfonso López Arrieta, Germán Emilio Flórez Maestre, Miguel Ángel López Arrieta y Óscar Enrique Torres Ayola.

En diligencias de allanamiento y registro realizadas por la Policía Nacional, con apoyo del Ejército Nacional, fueron incautadas 73 cédulas de ciudadanía; una troqueladora; una laminadora; dos computadores portátiles; 11 celulares; 84 tarjetas SIM; papel fotográfico, y otros elementos que, al parecer, eran utilizados para elaborar los documentos
fraudulentos.

Algunos de los documentos incautados contenían la fotografía de uno de los procesados; sin embargo, los nombres no coincidían con su verdadera identidad.

Otros presentaban alteraciones específicas en la impresión, la tinta fluorescente invisible UV, la película holográfica, los microtextos legibles, entre otros elementos.

*La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), judicializó a tres hombres, presuntamente involucrados en casos de maltrato contra caballos que estaban siendo utilizados para tirar carretas.

Los elementos materiales probatorios aportados evidenciaron que los hechos ocurrieron en Sabanalarga (Atlántico) donde los animales fueron encontrados con lesiones físicas que comprometían su bienestar y salud.

Uno de los imputados es Oswaldo Enrique Manotas Mendoza presunto propietario y cuidador de un equino que fue encontrado el 15 de octubre de 2025 con lesiones cutáneas en el tórax y heridas en la línea media dorsal compatibles con contusiones y traumatismos repetitivos.

De otra parte, fue judicializado Calixto Juan Coronado Peña presunto propietario y cuidador de un caballo que fue encontrado el 6 de julio de 2025 en condiciones de desnutrición, con debilidad generalizada y múltiples lesiones en diferentes partes de su cuerpo.

Hallazgos veterinarios señalan que las afectaciones se relacionaban con fricción repetitiva.

Finalmente, fue imputado Jesús Rafael Coronado Maestre, luego de que el 9 de julio de 2025 las autoridades encontraran un equino en grave deterioro físico, deshidratación severa, heridas supurantes y otras alteraciones que comprometían su integridad.

La Fiscalía imputó a los procesados el delito de lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física de los animales. Cargo agravado por suceder en vía pública.