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Juez ordena a Gobierno suspender provisionalmente bombardeos si hay información sobre menores

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Una decisión judicial ordenó al Gobierno de Abelardo De La Espriella abstenerse de ejecutar operaciones aéreas ofensivas contra campamentos de grupos armados cuando exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de niño utilizados por esas organizaciones.

La medida cautelar fue dirigida a la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, el Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Armada Nacional, cada uno dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

La orden estará vigente mientras se adopta una decisión de fondo dentro de la acción de tutela y establece que, antes de realizar una operación aérea, las autoridades deberán adoptar y verificar las medidas de precaución y protección necesarias cuando exista información sobre la presencia de menores.

De acuerdo con la decisión, una operación solo podría ejecutarse si, a partir de la información disponible y de los protocolos operacionales aplicables, se determina que no existe una alternativa operacional menos lesiva que permita alcanzar el objetivo militar legítimo.

La medida judicial se conoce después de los recientes operativos militares contra las disidencias de alias Calarcá, particularmente el realizado en El Retorno, Guaviare, que dejó 10 integrantes de esa estructura muertos.

De los cuerpos recuperados tras el operativo, Medicina Legal logró identificar nueve. Entre ellos fueron encontrados tres menores de edad, de 15 y 16 años, según la información conocida sobre el procedimiento.

El hallazgo puso nuevamente en el centro del debate el uso de menores de edad por parte de grupos armados y las consecuencias que tiene su presencia en zonas utilizadas como campamentos o lugares de operación de las estructuras ilegales.

La decisión judicial establece precisamente que la Fuerza Pública deberá considerar esta circunstancia antes de ejecutar bombardeos. No se trata únicamente de una sospecha sobre la presencia de menores, sino de que exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable que permita establecer que niños, niñas o adolescentes reclutados o utilizados por grupos armados pueden encontrarse en el objetivo.

La medida representa un cambio importante para la política de seguridad del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, quien, en el primer mes de su administración, ha ordenado una política ofensiva contra las estructuras armadas ilegales. En ese periodo se han registrado cuatro bombardeos, de acuerdo con la información expuesta en torno a las operaciones militares.

El ataque en Guaviare es el que generó la actual discusión por la muerte de los menores.

El presidente había defendido los bombardeos y había sostenido que la responsabilidad por la presencia de menores en estos lugares recaía en los grupos armados que los reclutan y utilizan, incluso como escudos humanos.

Sin embargo, la decisión judicial introduce una obligación concreta para las Fuerzas Militares: antes de realizar una operación aérea ofensiva deberán establecer si existe información sobre la presencia de menores y, de ser así, evaluar medidas de protección y alternativas menos lesivas.

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Ascienden a dos los muertos en ataque a excandidato al Concejo en Ciudad Jardín, Barranquilla

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*La noche de este miércoles murió Jhon Deivis Olave Castillo, de 22 años, quien había resultado herido en la balacera.

El número de muertos en el ataque contra José Luis Tapia Escorcia, el excandidato al Concejo de Barranquilla en 2023, en el barrio Ciudad Jardín, ascendió a dos.

La noche de este miércoles murió Jhon Deivis Olave Castillo, de 22 años, quien había resultado herido en la balacera. Olave Castillo se encontraba en el Hospital General de Barranquilla en calidad de capturado cuando se produjo su deceso.

La Policía informó inicialmente que el hecho había dejado sin vida a Rodrigo González Pereira, de 39 años, conductor del excandidato al Concejo de Barranquilla.

El conductor de Tapia fue impactado a bala cuando llegaba junto a su jefe a la residencia del excandidato al Concejo.

Según se logró conocer, una vez uno de los atacantes empezó a disparar, Tapia Escorcia sacó su arma de defensa personal y repelió el atentado, hiriendo a Jhon Deivis.

De igual manera, en el hecho quedó herida Danna Carolina Marriaga Diaz, de 27 años, alcanzada por una bala perdida y un menor de 11 años, hijo de Tapia Escorcia.

Con la muerte de Jhon Deivis son dos los muertos en la balacera registrada la tarde del miércoles, en la carrera 42A con calle 80B.

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Un presunto sicario muerto y otro herido en frustrado atentado a excandidato al Concejo de Barranquilla

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Un hecho violento se presentó en la tarde de este miércoles en la calle 80B con carrera 42A, barrio Ciudad Jardín, en el norte de Barranquilla.

La información preliminar señala que dos presuntos sicarios iban a atentar contra José Luis Tapia Escorcia, excandidato al concejo de Barranquilla en las elecciones de 2023, cuando llegaba a su casa.

No obstante, los escoltas de Tapia Escorcia reaccionaron y abatieron a uno de los presuntos sicarios, que quedó muerto dentro del inmueble y lograron herir al otro.

La Policía hizo presencia en el sitio y trasladó al herido a un centro asistencial en calidad de capturado.

Testigos señalan que, incluso, se originó un intercambio de disparos entre los presuntos sicarios y los escoltas.

El excandidato José Luis Tapia Escorcia resultó ileso en el suceso.

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JEP llama a juicio a 12 exmilitares y expolicías por masacres en Barrancabermeja

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 12 comparecientes, entre ellos nueve antiguos integrantes del Ejército, dos miembros de la Policía y un funcionario del área de seguridad de Ecopetrol, por su presunta participación en hechos relacionados con la toma paramilitar de Barrancabermeja, Santander, ocurrida entre 1998 y 2000.

De acuerdo con la JEP, durante ese periodo fueron identificadas 473 víctimas y 14 masacres en el municipio, además de asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y actos de persecución contra habitantes de los barrios orientales, integrantes de la Unión Sindical Obrera (USO) y miembros de la organización defensora de derechos humanos CREDHOS.

Entre los llamados a juicio se encuentran los exgenerales retirados del Ejército Nacional Héctor Eduardo Peña Porras, Fernando Millán Pérez y Alberto Bayardo Bravo Silva.

Para la JEP, los hechos no pueden ser entendidos simplemente como un enfrentamiento entre grupos armados. La jurisdicción señaló que la incursión paramilitar hizo parte de un plan sistemático dirigido contra personas que fueron señaladas como enemigas, en algunos casos únicamente por el lugar donde vivían, su pertenencia a organizaciones sindicales o su labor de defensa de los derechos humanos.

La investigación busca establecer las responsabilidades individuales y los posibles niveles de colaboración o apoyo que habrían permitido la consolidación de la estructura paramilitar en Barrancabermeja durante esos años.

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