Una decisión judicial ordenó al Gobierno de Abelardo De La Espriella abstenerse de ejecutar operaciones aéreas ofensivas contra campamentos de grupos armados cuando exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de niño utilizados por esas organizaciones.
La medida cautelar fue dirigida a la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, el Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Armada Nacional, cada uno dentro del ámbito de sus respectivas competencias.
La orden estará vigente mientras se adopta una decisión de fondo dentro de la acción de tutela y establece que, antes de realizar una operación aérea, las autoridades deberán adoptar y verificar las medidas de precaución y protección necesarias cuando exista información sobre la presencia de menores.
De acuerdo con la decisión, una operación solo podría ejecutarse si, a partir de la información disponible y de los protocolos operacionales aplicables, se determina que no existe una alternativa operacional menos lesiva que permita alcanzar el objetivo militar legítimo.
La medida judicial se conoce después de los recientes operativos militares contra las disidencias de alias Calarcá, particularmente el realizado en El Retorno, Guaviare, que dejó 10 integrantes de esa estructura muertos.
De los cuerpos recuperados tras el operativo, Medicina Legal logró identificar nueve. Entre ellos fueron encontrados tres menores de edad, de 15 y 16 años, según la información conocida sobre el procedimiento.
El hallazgo puso nuevamente en el centro del debate el uso de menores de edad por parte de grupos armados y las consecuencias que tiene su presencia en zonas utilizadas como campamentos o lugares de operación de las estructuras ilegales.
La decisión judicial establece precisamente que la Fuerza Pública deberá considerar esta circunstancia antes de ejecutar bombardeos. No se trata únicamente de una sospecha sobre la presencia de menores, sino de que exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable que permita establecer que niños, niñas o adolescentes reclutados o utilizados por grupos armados pueden encontrarse en el objetivo.
La medida representa un cambio importante para la política de seguridad del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, quien, en el primer mes de su administración, ha ordenado una política ofensiva contra las estructuras armadas ilegales. En ese periodo se han registrado cuatro bombardeos, de acuerdo con la información expuesta en torno a las operaciones militares.
El ataque en Guaviare es el que generó la actual discusión por la muerte de los menores.
El presidente había defendido los bombardeos y había sostenido que la responsabilidad por la presencia de menores en estos lugares recaía en los grupos armados que los reclutan y utilizan, incluso como escudos humanos.
Sin embargo, la decisión judicial introduce una obligación concreta para las Fuerzas Militares: antes de realizar una operación aérea ofensiva deberán establecer si existe información sobre la presencia de menores y, de ser así, evaluar medidas de protección y alternativas menos lesivas.
