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Irregularidades en contratos en la UNGRD ascienden a 5 billones de pesos

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Luego del análisis de la contratación de los últimos 4 años de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de DesastresUNGRD, la Contraloría General de la República ha detectado irregularidades en contratos ejecutados en obras para desastres, calamidades y otras circunstancias, por cerca de $5 billones.

El ente de control analiza la contratación en los años 2021, 2022, 2023 y 2024, de los suministros de carrotanques, los contratos del programa «Hambre Cero», la contratación de obras en el departamento de Santander y la contratación de suministro de maquinaria amarilla.

Este es el desglose de las irregularidades encontradas hasta el momento durante esta investigación.

Contratación carrotanques en La Guajira, Córdoba, Bolívar y Boyacá  

Luego de un análisis a la contratación de suministros de carrotanques en los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, la Contraloría General de la República advierte de un incremento del 700% para la contratación del 2024 por más de $37.5 mil millones. Esta contratación se ha concentrado en los departamentos de Córdoba, La Guajira, Bolívar y Boyacá.

Por tal motivo, el Vicecontralor en funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, ha decidido declarar de impacto nacional los hechos que generaron este inusual incremento de la contratación en dicha Unidad.

“Estamos atendiendo las advertencias sobre una presunta afectación de dineros públicos por la compra de carrotanques, realizadas por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría” aseguró el contralor en funciones y explicó que todas las actuaciones del caso estarán lidereadas por la unidad de investigaciones especiales contra la corrupción, “atendiendo el grave menoscabo a la administración pública y el presunto direccionamiento y mal manejo de la contratación de este objeto”.

Para el ente de control llama la atención que la contratación de la UNGRD este focalizada únicamente en tres empresas a las que se les adjudicaron los millonarios contratos. De tal suerte, se investiga también un presunto favorecimiento en la contratación, dirigida a menoscabar el erario público.

Igualmente se observa la presencia y continuidad de algunas empresas en la adjudicación de los contratos, empresas que vienen presentando incumplimientos en la formalización de los mismos, presuntos sobrecostos y violación a las normas contractuales.

Por esto, la Contraloría General de la República abrirá investigaciones por la presunta pérdida de más de 80 mil millones de pesos en la sola contratación de carrotanques, atendiendo sobrecostos, ejecución y funcionabilidad de los proyectos de suministro y abastecimiento de agua potable, en todo el país.

Así mismo, compulsará las correspondientes copias a la Fiscalía General de la Nación, puesto que de este estudio se vislumbra la posible ejecución de delitos contra la administración pública; y a la Procuraduría General de la Nación por presuntas faltas disciplinarias.

Irregularidades en 31 contratos del programa «Hambre Cero» (Ollas comunitarias)  

La Contraloría General reveló, luego de un análisis minucioso adelantado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, (DIARI), significativas irregularidades en 31 contratos durante el año 2023, destinados a la provisión de alimentos para damnificados por el Fenómeno de La Niña. Los contratos fueron otorgados por los funcionarios Sneyder Pinilla, subdirector de manejo de Desastres y Olmedo López, Director de la Unión de Gestión del Riesgo.

Estos 31 contratos, valorados en $131.812 millones, también fueron declarados de impacto nacional para que sean investigados por la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, toda vez que fueron otorgados a empresas que no contaban con personería jurídica o cuyo objeto de constitución no guarda relación con las actividades para las que fueron contratadas, carecen de experiencia o son presuntas empresas de papel. Se observa, además, un presunto interés indebido en la contratación e incumplimiento en el régimen contractual, por lo que se compulsarán copias a la Fiscalía General de la Nación.

Estos hallazgos serán objeto de investigaciones adicionales y posibles acciones legales para asegurar que los fondos destinados a los programas de ayuda lleguen efectivamente a quienes más los necesitan.

Contratación suministro de maquinaria amarilla

El ente de control advierte sobre un incremento del 160% en la erogación destinada a la contratación de suministro de maquinaria amarilla en 2023, pasando de aproximadamente $88 mil millones durante el 2022 a cerca de $227 mil millones en la vigencia del año pasado.

Dado el monto investigado, también en este caso, la Contraloría General decidió declarar estos hechos como de impacto nacional, a fin de atender un presunto detrimento patrimonial que pudo causarse por posibles irregularidades tales como: dobles pagos o maquinaria no utilizada.

A esto se suma la desconcertante concentración de recursos adjudicados a una sola empresa, que acumuló 13 contratos por un monto superior a los $21 mil millones entre el 2021 y el 2024, año en el que la empresa presuntamente habría obtenido un contrato por casi un tercio del total mencionado. De los hechos irregulares encontrados durante la investigación se compulsarán copias a la Fiscalía General de la Nación, toda vez que se observa un posible delito contra la administración pública.

Alto Riesgo en contratación de obras en Santander  

La CGR, tras un exhaustivo análisis de datos realizado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, (DIARI), emitió una contundente advertencia sobre los riesgos elevados en la contratación de obras por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en el departamento de Santander.

En los últimos cinco años, la ejecución de obras para la mitigación de riesgos ha estado sorprendentemente concentrada en ese departamento, alcanzando un 29.78% del total nacional. Este hallazgo surge de un análisis detallado de la información reportada por la UNGRD en su plataforma FIDUSAP.

Destaca el contrato actualmente en ejecución por la Unión Temporal Conexión Carrizal, con un valor de $185.439 millones, en una zona previamente intervenida por la UNGRD por los mismos riesgos.

Hasta la fecha, ya se han pagado $37.087 millones de este contrato, el cual tiene como objetivo realizar obras de emergencia para controlar inundaciones y socavaciones en Girón, Santander. Sin embargo, en este mismo sector ya se habían ejecutado los contratos 9677-PPAL001-797-2021, 9677-PPAL001-199- 2018, 9677-PPAL001-828-2017, y 9677-PPAL001-207-2018, con una inversión previa cercana a los $36.341 millones.

Estos repetidos contratos plantean serias dudas sobre la eficacia y transparencia en la gestión de estos proyectos. Desde el 2020, los contratos de obra para la mitigación de riesgos suman la cifra de $4.9 billones, en Santander, una concentración de obras que resulta alarmante a juicio de la CGR.

Desde 2016 en Santander se han ejecutado 43 contratos e interventorías por un total de $635.407.406.898, enfocados en mitigar riesgos de inundación y socavación en varios sectores, especialmente en Girón. A este departamento le siguen Magdalena con (10.36%) y Putumayo con (8.71%).

La Contraloría ha identificado la necesidad urgente de auditar y evaluar 25 contratos adicionales en Santander, que ascienden a $317.325 millones. Esta acción es crucial para garantizar la transparencia y el adecuado uso de los fondos públicos, ante los hallazgos que sugieren una posible repetición innecesaria de proyectos y un manejo cuestionable de los recursos destinados a la mitigación de riesgos.

La profunda y detallada analítica de datos realizada por la DIARI subraya la imperiosa necesidad de una vigilancia rigurosa sobre las contrataciones de la UNGRD, especialmente en el departamento de Santander, para prevenir el mal uso de dineros públicos y asegurar la eficacia de las obras de mitigación de riesgos.

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El activista Beto Coral llegó a Colombia deportado de Estados Unidos

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El activista Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral, llegó a Colombia deportado de Estados Unidos tras permanecer un mes detenido por las autoridades migratorias de ese país y aseguró que continuará su labor política y de denuncia, al tiempo que renunció a solicitar asilo en territorio estadounidense.

«Primero que todo, la dignidad. He renunciado a cualquier posibilidad de un asilo político en los Estados Unidos», afirmó Coral a su llegada a Bogotá, donde fue recibido por la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio, y la directora de Migración Colombia, Gloria Arriero.

El activista colombiano explicó que, por ahora, no se referirá a las circunstancias de su detención porque busca garantizar la salida de su familia de Estados Unidos y evitar posibles represalias.

«No puedo referirme a los detalles de mi detención (…) lo único que quiero es sacar de forma urgente a mi familia de ese país», señaló.

Coral fue detenido el pasado 16 de junio en el estado de Arizona por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), un caso que el presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció como una «persecución política» y que atribuyó en su momento al candidato y hoy mandatario electo, Abelardo de la Espriella.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos asegura que Coral permaneció en el país después del vencimiento de su visado y lo considera un «extranjero ilegal».

El activista sostiene que ingresó legalmente a Estados Unidos en 2015 y que desde 2016 tiene una solicitud de asilo pendiente, al tiempo que niega haber cometido delitos o haber actuado como agente del Gobierno colombiano.

Denuncias contra la derecha

Coral, conocido por sus denuncias contra sectores de la derecha colombiana y por su apoyo a Petro, aseguró que su detención no logró silenciarlo.

«Creo que se equivocaron los que pretendían silenciarme. Antes solamente tenía mi celular y un micrófono. Creo que desde ahora en adelante van a ser muchos más micrófonos, van a ser muchas más cámaras para enviar un mensaje de lucha», afirmó.

Asimismo, hizo un llamado a De la Espriella para que atienda la situación de los colombianos detenidos en centros migratorios de Estados Unidos.

«El mensaje es para que el próximo presidente, más allá de cualquier diferencia, entienda la problemática de la inmigración colombiana», manifestó Coral, al denunciar que hay connacionales que permanecen detenidos durante largos periodos «sin el debido proceso».

Por su parte, la canciller colombiana aseguró que el Gobierno hizo todas las gestiones diplomáticas para facilitar el retorno de Coral y anunció que continuará acompañando el proceso para lograr la salida de su familia de Estados Unidos.

La ministra recordó que, desde el endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses en enero de 2025, tras el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, Colombia ha realizado más de 78 vuelos de repatriación con aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

En estos vuelos, los colombianos son deportados «de manera digna, sin esposas ni cadenas», dijo la ministra, quien señaló además que durante el Gobierno de Gustavo Petro han retornado al país 16.988 colombianos bajo esa modalidad.

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Nuevo atentado con carro bomba en Tibú, Norte de Santander, cerca de un batallón

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Durante la tarde de este jueves se registró un nuevo atentado terrorista que sacudió a la población de Tibú, Norte de Santander, donde a 500 metros del batallón de ingenieros número 30 fue activado un carro bomba.

Se conoció que el carro bomba estalló antes de lo previsto, evitando así una tragedia mayor dentro del batallón. En el sector se escucharon cuatro fuertes estruendos que generaron pánico entre los habitantes y alertaron a las tropas acantonadas en la base militar.

Dos de los artefactos cayeron en el área del batallón, uno de ellos impactando en la zona del gimnasio y otro cerca de la entrada principal sin dejar militares heridos. Tras este hecho, el Ejército activó un plan de reacción y contraataque para asegurar el área y dar con los responsables de este hecho.

Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás de este nuevo ataque en el Catatumbo, una región donde delinquen estructuras como el ELN y las disidencias del frente 33 de las Farc.

Inicialmente, las autoridades no reportan heridos, pero están en la verificación de una menor que habría resultado afectada. Además, a raíz de este atentado se conocen las primeras imágenes de los daños causados por el carro bomba.

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El activista colombiano Beto Coral será deportado hoy por los Estados Unidos

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El activista colombiano Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral, llegará hoy al país deportado desde los Estados Unidos. Coral será deportado en un vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) junto con otros 92 colombianos.

El vuelo parte desde el Aeropuerto Internacional de Alexandra, en Luisiana, Estados Unidos. Beto Coral fue detenido el 16 de junio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Arizona.

El colombiano había pedido asilo político en Estados Unidos y su detención fue catalogada el Gobierno de Gustavo Petro como una persecución política. Trascendió que el presidente Gustavo Petro estaría considerando acudir al aeropuerto para recibir al activista, uno de los simpatizantes más cercanos al mandatario.

La deportación ocurre pese a que Coral mantiene una solicitud de asilo político en trámite y contaba con un permiso de trabajo vigente al momento de su captura, de acuerdo con información confirmada por la agencia EFE y la organización WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos). La captura de Coral se produjo pocos días después de que participara en una manifestación en Miami contra Abelardo De La Espriella, candidato presidencial, en ese momento.

El caso ha generado reacciones en Colombia debido a la cercanía del activista con el presidente Gustavo Petro, quien anteriormente cuestionó públicamente su detención y la calificó como un caso de persecución política. La llegada de Coral se producirá en un vuelo que transporta a 93 colombianos deportados desde Estados Unidos, en medio de un contexto de tensiones diplomáticas por la situación de varios ciudadanos colombianos sometidos a procesos migratorios en ese país.

Desde que se conoció la detención de Beto Coral, el presidente Gustavo Petro ha cuestionado públicamente la actuación de las autoridades estadounidenses y ha solicitado su liberación. Incluso, el mandatario ordenó a la Cancillería intervenir ante el Gobierno de Estados Unidos para gestionar el caso del activista.

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