Por medio de encomiendas enviaban los billetes ocultos en cajas de rompecabezas.

Elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que el grupo delincuencial conocido como ‘Los Nómadas’ sería el responsable de la compra de pesos colombianos y dólares estadounidenses falsos en imprentas clandestinas ubicadas en el suroccidente del país, y coordinar su posterior comercialización a gran escala a diferentes destinos nacionales.

«La red acopiaba billetes de diferentes denominaciones y, de acuerdo con las negociaciones que hacían y los pedidos que reciban, los enviaban como encomiendas ocultos en cajas de rompecabezas y en sobres con afiches de comics. De esta manera habrían alcanzado a mover mensualmente entre 10.000 y 15.000 unidades», indicó el ente acusador.

Entre septiembre de 2023 y octubre del 2025, se realizaron 10 incautaciones a ‘Los Nómada’. En los procedimientos fueron encontrados 148 millones de pesos falsos, los cuales eran remitidos por personas que usaban seudónimos o nombres inexistentes.

La compra de pesos colombianos y dólares estadounidenses falsos en imprentas clandestinas que posteriormente eran comercializados a gran escala a diferentes destinos nacionales, puso en evidencia el actuar del grupo delincuencial ‘Los Nómadas’

Cinco de los señalados involucrados en el entramado ilícito fueron capturados en una acción conjunta realizada con la Dijin de la Policía Nacional en Bogotá, Cali (Valle del Cauca) y Pasto (Nariño).

Una fiscal de la Delegada contra la Criminalidad Organizada los presentó ante un juez de control de garantías y, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, les imputó los delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada y concierto para delinquir.

Los investigados son: Uriel Gómez Vargas, presunto cabecilla, encargado de comprar en masa los billetes falsos en una imprenta ilegal y articular todo el andamiaje delictivo; Carlos Arturo Chaparro Vizcaíno y Eylen Julied Ariza Hernández, quienes tendría a su cargo el envío de las encomiendas con los pesos y dólares espurios, así como la recepción de los pagos; y Blanca Gloria Rosero Granja y Aida Carolina Cerón Calibio, posibles distribuidores mayoristas del dinero.

Gómez Vargas, Chaparro Vizcaíno y Ariza Hernández deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Entre tanto, las dos mujeres seguirán vinculadas ala investigación.

El integrante del Tren de Aragua responderá por el asesinato de un exteniente de Venezuela.

Alias ‘Gocho’ fue detenido en Boyacá por el GAULA de la Policía, en cumplimiento de una notificación roja de Interpol.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se pronunció a la solicitud de extradición elevada por el Gobierno de Venezuela contra el colombo-venezolano Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias “Gocho”, señalado de ser uno de los cabecillas del grupo criminal transnacional del Tren de Aragua.

En este proceso, la Corte recordó que tanto Chile como Venezuela solicitaron la extradición el 11 de febrero de 2025.

De hecho, “Gocho” fue requerido por el Tribunal Especial de Primera Instancia de Caracas por los delitos de homicidio, secuestro, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.

Este martes fue presentado en audiencia ante un juez de control de garantías.

El teniente coronel Carlos Julián Rodríguez Campos, quien hasta el pasado 16 de octubre se desempeñaba como subcomandante del departamento de Policía de La Guajira, se presentó de manera voluntaria ante las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación en ese departamento, tras conocer que, en su contra, estaba vigente una orden de captura por delitos de índole sexual.

La regional 8 de la Policía informó, a través de un comunicado, que los hechos por los cuales se investiga al oficial habrían ocurrido presuntamente durante el tercer trimestre del presente año.

Aunque se desconocen detalles sobre la investigación, el hecho, al parecer, involucraría a personal uniformado de la Policía.

Asimismo, la Regional 8 informó que, “en el marco de sus principios de transparencia y responsabilidad institucional, inició de manera inmediata una investigación disciplinaria interna con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos. Asimismo, se adoptó la decisión de separar al oficial del cargo mientras avanzan las investigaciones correspondientes”.

«La Institución reitera su compromiso con la legalidad, el respeto a los derechos humanos y la transparencia en el actuar de todos sus integrantes, garantizando que ningún comportamiento contrario a la ley quedará sin el debido proceso judicial y disciplinario», se lee en el comunicado.