El borrador de decreto busca introducir una retención del 1,5 % sobre pagos electrónicos para igualar el tratamiento tributario entre tarjetas y otros medios digitales.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó un proyecto de decreto que modifica el régimen de retención en la fuente para pagos efectuados mediante medios electrónicos, con el objetivo de igualar el tratamiento tributario entre tarjetas de débito/crédito y las nuevas formas de transferencia digital.
A través de un comunicado, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, hizo precisiones sobre los aspectos clave de la propuesta del Gobierno Nacional.
En primer lugar, la entidad explicó que la tarifa de retención del 1,5%, que hoy se aplica a pagos con tarjeta, se extendería a pagos o abonos en cuenta realizados por medio electrónicos cuando sean constituidos como un ingreso para el receptor del dinero.
De acuerdo con la DIAN, la medida solo aplicaría cuando el pago corresponda a la venta de bienes o la prestación de servicios que generen ingresos tributarios. En contraste, no regirá cuando la transferencia no tenga esa naturaleza, por ejemplo, envío de personas sin contraprestación.
Adicionalmente, estarían excluidos aquellos beneficiarios que sean personas naturales no responsables del IVA, es decir, si el destinatario del pago no está obligado al IVA, no se le practicaría la nueva medida.
Según anunció el Gobierno, el borrador de decreto está abierto a comentarios hasta el 25 de octubre de 2025. Su versión final podría incluir ajustes tras la consulta pública. A continuación le explicamos como esta medida afectaría a billeteras digitales como Nequi, Daviplata y Bre-B.
Pagos con Nequi, Daviplata y Bre-B
Plataformas como Nequi, Daviplata y Bre-b entran directamente en el foco de esta iniciativa debido al crecimiento de billeteras digitales en Colombia, especialmente para los jóvenes, superando los 54 millones de usuarios únicos para 2023, según Colombia Fintech.
En ese sentido, si un comercio o prestador de servicio recibe pagos mediante estas plataformas por renta gravable, la persona que realice el pago (o el intermediario) deberá practicar la retención del 1,5% sobre el valor. Si el receptor es un pequeño prestador de servicios informal no le aplicaría.
Tal como reiteró la entidad financiera, un particular que envía dinero a un familiar, o recibe un depósito que no corresponde a una venta de bien o prestación de servicio, no está sujeto al gravamen.
Los intermediarios (aplicaciones, bancos, adquirientes) tendrán que verificar la naturaleza de la transacción, la calidad del receptor y su régimen tributario (IVA, RUT) gracias a la información compartida por la DIAN vía el Decreto 1066.
Reacciones y retos
Desde el Gobierno se argumentó que se trata de una medida de equidad horizontal, ya que los pagos con tarjeta sí tienen retención y los demás medios electrónicos no.
Tal como aclaró Carlos Emilio Betancourt, viceministro de Hacienda y Crédito Público, “se trata es de solucionar un tema como de equidad horizontal que hay, las únicas personas a las que se le aplicará esa retención en la fuente y que después se vuelva efectivamente un impuesto real son aquellas personas naturales responsables de IVA. Es como liberar las condiciones entre lo que pasa con las tarjetas de crédito y los otros pagos de plataformas”, agregó el Viceministro de Hacienda y Crédito Público.
Sin embargo, gremios fintech, microcomerciantes y asociaciones del sector rechazaron la medida, asegurando que se podría desincentivar el uso de pagos digitales, lo que afectaría la economía informal que migra hacia billeteras digitales. También se cuestionó el momento, justo cuando medios como Bre-B están en proceso de masificación, por lo que la medida podría la expansión de estos sistemas.
Para el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, este tipo de medidas desincentiva el uso de medios electrónicos, fomenta el retorno al efectivo y encarece las operaciones para hogares y pequeños negocios, justo cuando el país necesita avanzar hacia una economía más digital y eficiente.
Añadió que, esta retención representa un paso atrás en los esfuerzos por promover el empleo de tecnologías digitales en las transacciones cotidianas. Aunque la medida afecta principalmente a quienes reciben pagos por bienes o servicios, y no a quienes pagan, genera preocupación por sus efectos sobre la digitalización de la economía y los pequeños negocios.