*Rafael Antonio Velásquez Pinzón aceptó su responsabilidad en los hechos que le fueron atribuidos entre ellos el caso de un niño de 12 años que fue asesinado.

La Fiscalía General de la Nación recopiló elementos materiales probatorios que dan cuenta de coincidencias en las circunstancias de tiempo, modo y lugar de varias agresiones sexuales contra menores de edad ocurridas en zonas rurales de Quindío; y de un mismo señalado responsable: Rafael Antonio Velásquez Pinzón.

Este hombre sería el responsable de interceptar a niños y adolescentes que se desplazaban solos hacia sus colegios o regresaban a sus viviendas por carreteras veredales de Circasia, Salento y Montenegro.

En la mayoría de los casos los intimidaba con armas de fuego o cortopunzantes, los trasladaba por la fuerza a zonas boscosas y, en esos lugares, los sometía a agresiones sexuales.

Las víctimas identificadas son cinco menores de edad, de sexo masculino, con edades entre los 12 y 15 años. Las actividades de policía judicial permitieron relacionar los casos y documentar los eventos delictivos perpetrados en septiembre de 2022, julio de 2025 y febrero de 2026. Una de las víctimas, un niño de 12 años, fue asesinado.

Por estos hechos, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes de la Seccional Quindío obtuvo orden de captura, la cual fue materializada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en un inmueble de Quimbaya.

En el procedimiento fueron incautados una motocicleta, un teléfono celular y otros elementos serán sometidos a los respectivos análisis.

Velásquez Pinzón fue imputado por los delitos de homicidio agravado, secuestro simple agravado, acceso carnal violento agravado y actos sexuales violentos.

Los cargos fueron aceptados y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Ante la posibilidad de que existan otras víctimas, la Fiscalía General de la Nación invita a quienes hayan sido afectados por conductas similares a denunciar a través de la línea 122, por los canales virtuales habilitados por la entidad o a la sede de la Seccional Quindío.

José Ramiro Tobón Osorio, alias El Viejo, es investigado por su posible participación en el envío de cocaína a Europa, oculta en cargamentos de café.

Una notificación roja de Interpol permitió ubicar y aprehender en Pereira (Risaralda) a José Ramiro Tobón Osorio, ciudadano colombiano requerido por las autoridades judiciales de Perú por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado.

El procedimiento fue realizado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adscritos a la Unidad de Investigaciones de Fugitivos (FIU), con apoyo del Ejército Nacional y el Servicio de Marshals de Estados Unidos. Tobón Osorio, conocido con alias El Viejo, sería el presunto cabecilla de una organización delincuencial transnacional que utilizaba cargamentos de café para ocultar clorhidrato de cocaína.

Los alijos salían de Colombia rumbo a Perú y otros países de Suramérica para posteriormente ser camuflados con destino a Países Bajos y otros destinos de Europa.

Esta modalidad y la ruta de envío habrían sido empleadas para evadir los controles de las autoridades.

El ciudadano colombiano es solicitado por la Segunda Sala Penal Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado de Perú.

Ahora, quedará a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras se surte la formalización del pedido de extradición, y se cumplen los trámites diplomáticos y administrativos para su entrega al país requirente.

*Se trata de la madre de la víctima y su pareja sentimental, quienes fueron imputadas por los delitos de tortura y lesiones personales, ambas conductas agravadas.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a la madre de un menor de edad de 7 años y a su pareja sentimental por su presunta responsabilidad en actos de tortura contra el niño.

Las agresiones contra la víctima se habrían presentado en diferentes viviendas ubicadas en los barrios Simón Bolívar, de Barranquilla, y Costa Hermosa, de Soledad (Atlántico).

De acuerdo con la investigación, las procesadas presuntamente sometieron a la víctima a reiteradas agresiones físicas y psicológicas, causándole intensos dolores físicos y afectaciones a su integridad física y emocional.

El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó para el menor de edad una incapacidad médico legal definitiva de 25 días.

Producto de las agresiones, la víctima sufrió una deformidad permanente en su rostro.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Atlántico les imputó los delitos de tortura
agravada y lesiones personales agravadas.

Las procesadas no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Como medida de protección, el menor de edad se encuentra bajo la custodia de su
padre biológico.