*La sentencia de segunda instancia revocó la absolución de Dairo José Clemente Peñata, alias Julián, y lo condenó a 38 años y 4 meses de prisión.

En atención a un recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación, la Sala Penal del Tribunal Superior de Montería (Córdoba) condenó a 38 años y 4 meses de prisión a Dairo José Clemente Peñata, alias Julián, como responsable de una ola de asesinatos selectivos en 2017.

La decisión revocó un fallo absolutorio de primera instancia y sentenció a este integrante del ‘Clan del Golfo’ por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquirnagravado con fines de homicidio.

Además, le impuso una multa equivalente a 2.700 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos por 20 años.

En el curso de la investigación la Fiscalía conoció que Clemente Peñata hizo parte de una estructura sicarial, a la que se le atribuyen tres crímenes perpetrados entre febrero y mayo de 2017, en Montería.

Las víctimas habrían sido señaladas por la organización criminal como objetivos de los ataques.

Esta persona deberá cumplir la pena en el establecimiento carcelario que designe el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

*Esta persona habría facilitado la ubicación de la víctima y la huida de los atacantes tras el crimen.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a Cristian Alexis Muñoz Londoño, quien habría participado en el crimen del director seccional de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en Tuluá (Valle del Cauca), perpetrado el 18 de diciembre de 2025.

La víctima, de 64 años, se movilizaba en su vehículo y en inmediaciones del barrio San Benito fue atacada con arma de fuego causándole muerte.

Los elementos materiales probatorios obtenidos por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) indican que Muñoz Londoño habría viajado de Cali a Tuluá para facilitar la ubicación de la víctima y alertar sobre el momento en el que debía ejecutarse el ataque.

Asimismo, al parecer, se encargó de ayudar a los otros implicados a escapar del lugar tras cometer el crimen.

Por estos hechos, un fiscal especializado de la Seccional Valle del Cauca le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, también agravado.

El procesado no aceptó los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

*La jornada reunió a Fiscalía, Policía, Procuraduría, Defensoría, ICBF, Secretaría de Seguridad y Alcaldía de Barranquilla para analizar situaciones de reclutamiento e instrumentalización y fortalecer acciones de prevención, investigación y judicialización.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Seccional Atlántico, lideró una mesa técnica interinstitucional para analizar la situación del reclutamiento e
instrumentalización de niños, niñas y adolescentes en la comisión de conductas
delictivas, como homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes, en Barranquilla, Soledad, Malambo y Juan de Acosta (Atlántico).

Durante la jornada, autoridades e instituciones del orden nacional y territorial revisaron las acciones que se vienen adelantando frente a esta problemática, con el fin de fortalecer la articulación institucional en la protección de la niñez y la adolescencia.

Además, se discutieron políticas de prevención, la instalación de la mesa departamental de prevención, la activación de comités técnicos municipales y la implementación de jornadas interinstitucionales en los colegios.

“Las instituciones estamos trabajando de manera articulada para abordar la situación del reclutamiento e instrumentalización de menores de edad y fortalecer la prevención y judicialización de estas conductas”, señaló el director seccional de Atlántico, Daniel Gómez Acuña.

La mesa técnica contó con la participación de autoridades locales como el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla (MEBAR), el general Miguel Camelo; la defensora regional de la Defensoría del Pueblo en el Atlántico, Carolina Gómez; el procurador regional, Javier Bolaños; el asesor de seguridad de la Alcaldía de Barranquilla, Tahir Rivera; así como Carmen Miranda, directora regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), además de fiscales de URPA, UENNA, CAIVAS y el programa Futuro Colombia.