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Fiscalía

Exgobernadora de Arauca, Indira Barrios, fue imputada por presunto caso de corrupción

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*Las iniciativas, financiadas con recursos de regalías, fueron designadas en su ejecución a la Asociación Regional de Municipios del Caribe (AREMCA), la cual no cumplía los requisitos legales, técnicos, financieros y jurídicos para administrar dineros públicos.

La Fiscalía General de la Nación imputó a la exgobernadora de Arauca, Indira Luz Barrios Guarnizo, como presunta responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, uso de documento falso, prevaricato por acción, peculado por apropiación agravado en favor de terceros y peculado por apropiación simple.

Los hechos que se le atribuyen están relacionados con el posible direccionamiento irregular de tres proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), por más de 91.542 millones, que contemplaban la construcción de la red de alcantarillado pluvial en sector playitas de Arauca y de las celdas dos y tres del relleno sanitario de Tame (Arauca).

En el curso de la investigación dirigida por la fiscal séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia se conoció que, a través del Decreto 864 del 24 de mayo de 2022, la entonces mandataria designó como ejecutora de las iniciativas, con sus respectivos contratos de interventoría, a la Asociación Regional de Municipios del Caribe (AREMCA), la cual no cumplía los requisitos legales, técnicos, financieros y jurídicos para administrar dineros provenientes de regalías, ni estaba inscrita en el Sistema de Registro de Esquemas Asociativos Territoriales (REAT) del Ministerio del Interior.

Adicionalmente, se constató que los proyectos viabilizados no estaban en el plan de desarrollo de la Gobernación de Arauca ni figuraban inscritos en el banco de datos del Fondo Nacional de Regalías.

Las evidencias también indican que de manera consiente y voluntaria en la fase
precontractual y en las etapas de formulación, estructuración, viabilidad y registro de los proyectos, la entonces gobernadora habría avalado documentos técnicos sin estar soportados por expertos, y en algunos casos expedido certificaciones y decretos con base en documentos falsos o de origen ilegal.

Fiscalía

Envían a la cárcel a alias 300 por desaparición de un ingeniero forestal

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*El procesado, señalado de integrar el grupo delincuencial El Mesa, habría conducido el vehículo en el que la víctima fue retenida el 4 de abril de 2022.

Por su presunta participación en la desaparición de un ingeniero forestal ocurrida el 4 de abril de 2022 en San Andrés de Cuerquia (Antioquia), la Fiscalía General de la Nación judicializó a Weimar Alexander Castillo, alias 300.

Los elementos materiales probatorios indican que el procesado, presunto integrante del grupo delincuencial El Mesa, habría participado en la retención de la víctima junto con otros hombres armados y conducido la camioneta que le obligaron a abordar.

El día de los hechos, el ingeniero, quien realizaba labores ambientales en el municipio, salió del hotel donde se hospedaba para desayunar. En ese momento, presuntamente fue interceptado, intimidado con armas de fuego, golpeado y obligado a subir al vehículo.

La investigación permitió establecer que la víctima fue trasladada a una vivienda, donde fue vista con lesiones en el rostro y amarrada de las manos.

Posteriormente, fue llevada en un automotor hacia las afueras del municipio. Desde entonces, se desconoce su paradero.

La Fiscalía le imputó a alias 300 el delito de desaparición forzada. El procesado no aceptó el cargo y, por disposición de una juez de control de garantías, le fue impuesta medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Por este mismo caso, ya han sido judicializadas
otras dos personas.

La captura fue realizada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Gaula Militar, en Bello (Antioquia).

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Fiscalía

Judicializado exfuncionario de Mindefensa y dos particulares por presunta corrupción en mantenimiento de helicópteros del Ejército

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*El contrato, suscrito el 31 de diciembre de 2024 por 32 millones de dólares, habría sido adjudicado a una empresa que no acreditaba la capacidad técnica, jurídica ni financiera para ejecutarlo.

La Fiscalía General de la Nación imputó ante un juez de control de garantías al exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa Nacional, Herbert Arnulfo Buitrago Galán, y a los particulares Carlos Martín Uribe Forero y James Lester Montgomerie, ciudadano estadounidense, por su presunta intervención en las irregularidades detectadas en el contrato de diciembre de 2024 para el mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, entre septiembre y diciembre de 2024 el proceso contractual habría sido direccionado a favor de la empresa representada por James Lester Montgomerie mediante una modalidad de contratación que no era procedente.

Para ese propósito, presuntamente se ajustaron las condiciones del contrato y se adelantaron actuaciones para facilitar su adjudicación. La investigación permitió establecer que Buitrago Galán, al parecer, impartió instrucciones para favorecer al contratista, coordinó el intercambio de información con los particulares involucrados, sirvió como traductor en las comunicaciones con Montgomerie y entregó una cotización por 36 millones de dólares para que fuera considerada en la estructuración del contrato.

Asimismo, habría conocido informes que advertían que la empresa no acreditaba la capacidad técnica, jurídica, financiera ni la experiencia requerida para ejecutar el contrato. Por su parte, Uribe Forero y Montgomerie habrían participado en reuniones de estructuración del proceso contractual.

Posteriormente, Uribe Forero, al parecer, intervino en la modificación de la forma de pago para autorizar un desembolso anticipado del 50 % del valor del contrato. En ese sentido, el 15 de abril de 2025 fueron girados 16.231.700 dólares, pese a que el contratista únicamente había ejecutado actividades por cerca de 2,6 millones de dólares.

En noviembre de 2025, el Ministerio de Defensa declaró el incumplimiento del contrato por la falta de mantenimiento de las aeronaves. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Buitrago Galán el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. A Uribe Forero y Montgomerie, de acuerdo con su posible participación, les fueron imputados los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción y peculado por apropiación. Los cargos no fueron aceptados.

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Fiscalía

Envían a prisión a alias Sombra, cabecilla de las disidencias señalado de extorsiones en el Cauca

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*Alias Sombra habría ordenado labores de inteligencia contra la Fuerza Pública y coordinado acciones armadas en Caloto y Toribio.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a John Heider Troches Mestizo, alias Iván o Sombra, presunto cabecilla de las milicias del frente Dagoberto Ramos Ortiz de las disidencias de las Farc, con injerencia delictiva en Caloto y Toribío (Cauca).

La investigación permitió establecer que, desde 2021, presuntamente hizo parte esa estructura armada ilegal y coordinó el cobro de rentas ilícitas a cultivadores y transportadores de marihuana.

Asimismo, habría ejercido control sobre corredores utilizados para el tráfico de estupefacientes, realizado labores de inteligencia contra la Fuerza Pública, impartido instrucciones a otros integrantes de la organización y participado en la instalación de artefactos explosivos, hostigamientos armados y otras acciones ofensivas ordenadas por el grupo ilegal.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los cargos no fueron aceptados.

Por decisión de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. La captura fue realizada por tropas del Ejército Nacional en el corregimiento El Palo, de Caloto (Cauca). En el procedimiento, el procesado tendría en su poder armas de fuego, proveedores y munición sin autorización de la autoridad competente. Además, fueron incautados 7.800 gramos de marihuana distribuidos en paquetes para su comercialización al menudeo.

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