*Las iniciativas, financiadas con recursos de regalías, fueron designadas en su ejecución a la Asociación Regional de Municipios del Caribe (AREMCA), la cual no cumplía los requisitos legales, técnicos, financieros y jurídicos para administrar dineros públicos.
La Fiscalía General de la Nación imputó a la exgobernadora de Arauca, Indira Luz Barrios Guarnizo, como presunta responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, uso de documento falso, prevaricato por acción, peculado por apropiación agravado en favor de terceros y peculado por apropiación simple.
Los hechos que se le atribuyen están relacionados con el posible direccionamiento irregular de tres proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), por más de 91.542 millones, que contemplaban la construcción de la red de alcantarillado pluvial en sector playitas de Arauca y de las celdas dos y tres del relleno sanitario de Tame (Arauca).
En el curso de la investigación dirigida por la fiscal séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia se conoció que, a través del Decreto 864 del 24 de mayo de 2022, la entonces mandataria designó como ejecutora de las iniciativas, con sus respectivos contratos de interventoría, a la Asociación Regional de Municipios del Caribe (AREMCA), la cual no cumplía los requisitos legales, técnicos, financieros y jurídicos para administrar dineros provenientes de regalías, ni estaba inscrita en el Sistema de Registro de Esquemas Asociativos Territoriales (REAT) del Ministerio del Interior.
Adicionalmente, se constató que los proyectos viabilizados no estaban en el plan de desarrollo de la Gobernación de Arauca ni figuraban inscritos en el banco de datos del Fondo Nacional de Regalías.
Las evidencias también indican que de manera consiente y voluntaria en la fase
precontractual y en las etapas de formulación, estructuración, viabilidad y registro de los proyectos, la entonces gobernadora habría avalado documentos técnicos sin estar soportados por expertos, y en algunos casos expedido certificaciones y decretos con base en documentos falsos o de origen ilegal.
