*Las iniciativas, financiadas con recursos de regalías, fueron designadas en su ejecución a la Asociación Regional de Municipios del Caribe (AREMCA), la cual no cumplía los requisitos legales, técnicos, financieros y jurídicos para administrar dineros públicos.

La Fiscalía General de la Nación imputó a la exgobernadora de Arauca, Indira Luz Barrios Guarnizo, como presunta responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, uso de documento falso, prevaricato por acción, peculado por apropiación agravado en favor de terceros y peculado por apropiación simple.

Los hechos que se le atribuyen están relacionados con el posible direccionamiento irregular de tres proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), por más de 91.542 millones, que contemplaban la construcción de la red de alcantarillado pluvial en sector playitas de Arauca y de las celdas dos y tres del relleno sanitario de Tame (Arauca).

En el curso de la investigación dirigida por la fiscal séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia se conoció que, a través del Decreto 864 del 24 de mayo de 2022, la entonces mandataria designó como ejecutora de las iniciativas, con sus respectivos contratos de interventoría, a la Asociación Regional de Municipios del Caribe (AREMCA), la cual no cumplía los requisitos legales, técnicos, financieros y jurídicos para administrar dineros provenientes de regalías, ni estaba inscrita en el Sistema de Registro de Esquemas Asociativos Territoriales (REAT) del Ministerio del Interior.

Adicionalmente, se constató que los proyectos viabilizados no estaban en el plan de desarrollo de la Gobernación de Arauca ni figuraban inscritos en el banco de datos del Fondo Nacional de Regalías.

Las evidencias también indican que de manera consiente y voluntaria en la fase
precontractual y en las etapas de formulación, estructuración, viabilidad y registro de los proyectos, la entonces gobernadora habría avalado documentos técnicos sin estar soportados por expertos, y en algunos casos expedido certificaciones y decretos con base en documentos falsos o de origen ilegal.

*La investigación estableció que el contrato fue adjudicado a una empresa sin experiencia en el suministro de alimentos para perros y gatos y sin garantizar la pluralidad de oferentes.

La Fiscalía General de la Nación imputó a la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera; a tres funcionarios y exfuncionarios de la administración municipal; y a un contratista, por presuntas irregularidades en un contrato suscrito en junio de 2024 para el suministro de alimentos para los animales del centro de protección de la ciudad.

Los demás imputados son Johana Carolina Veloza Guio, asesora de despacho; Jessika Soto Salas, abogada de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Ibagué; el exsecretario de Gobierno Edward Amaya Márquez; y el contratista Ernesto Alfonso Quiroga.

Según la investigación, la alcaldesa habría delegado el ordenamiento del gasto en Amaya Márquez y dado instrucciones para adjudicar el contrato a una empresa encargada del servicio de aseo de la Alcaldía y de los colegios de la ciudad.

Presuntamente, Veloza Guio, Soto Salas y Amaya Márquez celebraron el contrato pese a conocer que la empresa seleccionada no tenía relación con el objeto contractual ni experiencia en el suministro de alimentos para perros y gatos.

Además, habrían elaborado estudios con precios ajenos al mercado y solicitado
cotizaciones únicamente a dos contratistas, entre ellos el adjudicatario, cuyos representantes legales tenían vínculos de parentesco.

Por su parte, Ernesto Alfonso Quiroga habría permitido el direccionamiento del contrato a su favor y obtenido 34.991.000 pesos por concepto de sobrecostos.

En ese sentido, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima, imputó a los procesados, según su presunta responsabilidad individual, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

*La organización ilegal habría captado recursos de miles de personas mediante promesas de rentabilidad diaria.

Los elementos materiales probatorios recopilados en la investigación que se sigue por la estafa masiva conocida como Daily Cop, dan cuenta de que Edwin Betancourth Carvajal, sería uno de los señalados articuladores del esquema ilegal.

El esquema fraudulento fue promocionado como una moneda virtual que ofrecía rentabilidades del 0,5 % diario y hasta del 12 % mensual en pesos colombianos.

Las personas que confiaron sus ahorros podían observar aparentes ganancias a través de aplicaciones de billeteras virtuales creadas para ese propósito.

Sin embargo, posteriormente perdieron acceso a las plataformas y dejaron de recibir reportes

Durante la investigación se conoció que parte de los recursos captados habría sido consignada en cuentas de empresas aliadas y de otras personas vinculadas al holding creado, maniobra que habría permitido ocultar más de 126.702 millones de pesos.

Asimismo, se obtuvo información que da cuenta de que Betancourth Carvajal ejerció funciones de representación, dirección y participación accionaria del esquema.

Además, su nombre aparece mencionado en cerca de 43 denuncias de víctimas que
reportaron entregas de dinero, cargas a billeteras virtuales y dificultades para recuperar los recursos invertidos.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a Betancourth Carvajal los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravado.

Los cargos no fueron aceptados.
Por disposición de un juez de control de garantías, en atención a la solicitud de la Fiscalía y a su entrega voluntaria, deberá cumplir una medida de aseguramiento no privativa de la libertad que incluye la prohibición de salir del país.