*La víctima abordó un taxi al salir de un establecimiento nocturno en Chapinero. Permaneció retenida cerca de 40 horas y fue obligada a realizar transferencias por aproximadamente 40 millones de pesos.

Luego de valorar las pruebas y argumentos de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal especializado condenó a los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo a 28 años y 6 meses de prisión por el secuestro y hurto de una mujer que tomó un taxi para regresar a su residencia en Bogotá.

En el curso de la investigación liderada por un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales se conoció que, en la madrugada del 22 de febrero de 2026, la víctima salió de un establecimiento nocturno en la localidad de Chapinero y, ante la imposibilidad de solicitar transporte mediante una aplicación, abordó un taxi en la calle con destino a Engativá.

Juan Pablo Gómez Cardozo conducía el vehículo y se detuvo cerca de la residencia de la mujer para permitir que su hermano y otro hombre subieran. Los dos la sometieron mediante agresiones físicas y verbales, y se apoderaron de sus pertenencias.

Posteriormente, la trasladaron a un inmueble donde permaneció retenida cerca de 40 horas.

Durante ese tiempo le exigieron las claves bancarias y obligaron a realizar transferencias virtuales por aproximadamente 40 millones de pesos. Finalmente, fue liberada el 23 de febrero en inmediaciones de la vía a Choachí (Cundinamarca).

Los hermanos Gómez Cardozo, durante la audiencia de imputación realizada en marzo, aceptaron de manera libre y voluntaria los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado, ambas conductas agravadas. La condena en su contra, además de definir pena en centro carcelario, les impuso una multa de 4.374 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

*El exfuncionario realizaba transferencias a su cuenta personal coincidiendo con el pago de su salario. Las operaciones carecían de soportes que justificaran el giro de los recursos.

Los movimientos de dinero desde las cuentas de la Asamblea Departamental de Amazonas hacia una cuenta personal, sin soportes que sustentaran las transacciones, permitieron identificar la presunta apropiación de recursos públicos por parte del exsecretario general de la corporación, Luis Antonio Rocha Santos.

Los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía General de la Nación indican que, entre mayo y diciembre de 2025, el exfuncionario aprovechó el acceso que tenía por su cargo para realizar los giros.

Para evitar ser detectado, habría movido los recursos de manera irregular coincidiendo con la consignación de su salario mensual.

De esta manera, al parecer, se apropió de 1.254 millones de pesos del erario departamental.

Las evidencias dan cuenta de que las primeras transferencias fueron por montos cercanos a los 5 millones de pesos y posteriormente alcanzaron sumas de hasta 17 millones.

El análisis criminal estratégico, el uso de herramientas tecnológicas y el trabajo contable de peritos expertos permitieron conocer que las operaciones no tenían contratos, cuentas de cobro, comprobantes de egreso, resoluciones, obligaciones presupuestales, documentos contables ni actos administrativos que las justificaran.

Por estos hechos, el exfuncionario fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Policía Nacional en el aeropuerto internacional de Leticia, cuando llegó en un vuelo procedente de Bogotá. Un fiscal de Administración Pública de la Seccional Amazonas le imputó el delito de peculado por apropiación agravado.

Rocha Santos aceptó de manera libre y voluntaria el cargo.

*Alias Barbas es señalado de facilitar el traslado del bus utilizado en el atentado y la huida de su conductor. La otra procesada habría vigilado los movimientos de las autoridades.

Jorge Andrés Castañeda Díaz, alias Barbas, y Ashley Valentina Pozo Delgado recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario por su presunta participación en el ataque con explosivos perpetrado el 24 de abril de 2026 contra el Batallón Pichincha, en Cali (Valle del Cauca).

Los elementos materiales probatorios vinculan a Castañeda Díaz con una red de milicias que delinque en Cali y Jamundí, relacionada con la columna Ricardo Velásquez y la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

La investigación indica que, el día del ataque, alias Barbas condujo un vehículo desde el cual realizó labores de reconocimiento, vigilancia y seguimiento para facilitar el desplazamiento de un bus escolar blanco.

En este último presuntamente fueron transportados los explosivos desde la zona rural de Jamundí hasta Cali.

También se le atribuye haber trasladado al conductor hasta el bus y facilitado su huida después de la detonación. Además, habría llevado cables para solucionar una falla en la batería del automotor y participado en la compra de una nueva.

Por su parte, Pozo Delgado es señalada de integrar la misma organización y movilizarse en motocicleta para vigilar los movimientos de las autoridades durante la operación.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó, de acuerdo con su responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo agravado, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas, o explosivos, tentativa de homicidio agravado y daño en bien ajeno.