*Se trata de Gustavo de Jesús Rivera Agudelo, quien estaría a cargo de las acciones armadas y financieras en el nordeste antioqueño.

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Gustavo de Jesús Rivera Agudelo, señalado cabecilla de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del ‘Clan del Golfo’, que estaría implicado en intimidaciones a la población civil de San Roque y Maceo (Antioquia) para imponer las directrices del grupo armado ilegal.

De acuerdo con la investigación, este hombre presuntamente intervenía indebidamente en los conflictos comunitarios, fijaba restricciones, prohibiciones y multas a los involucrados en medio de amenazas, y de esta manera obtenía recursos para la organización criminal.

Adicionalmente, sería el responsable de promover desplazamientos forzados y auspiciar el cobro de extorsiones a comerciantes, mineros, transportadores y ciudadanos en general para permitirles desarrollar sus actividades económicas en el nordeste antioqueño.

Por estos hechos, fue capturado en una acción articulada con unidades del Gaula de la Policía Nacional en el corregimiento de San José del Nus, en San Roque. Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado lo presentó ante un juez penal de control de garantías y le imputó el delito de concierto para delinquir agravado, cargo que no fue aceptado.

Rivera Agudelo permanecerá privado de la libertad en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.

*El crimen estaría relacionado con una retaliación por no permitir el ingreso de celulares para internos de la cárcel La Merced de Montería.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a Luis Alberto Ramírez Urdaneta, alias Risas, señalado sicario del ‘Clan del Golfo’ que estaría implicado en el crimen de un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), ocurrido el 5 de agosto de 2024, en el barrio La Victoria de Montería (Córdoba).

La víctima se movilizaba en vía pública y fue interceptada por dos hombres que se trasladaban en motocicleta, entre ellos el hoy procesado que le habría disparado en varias oportunidades.

La acción delictiva correspondería a una retaliación por no permitir el ingreso de celulares a la cárcel La Merced, donde permanecían privados de la libertad algunos integrantes del grupo armado ilegal.

Los elementos materiales probatorios indican que Ramírez Urdaneta haría parte de la subestructura Javier Yépez Cantero del ‘Clan del Golfo’ y sería el encargado de ejecutar de homicidios selectivos en la capital cordobesa.

Por todo lo anterior, fue capturado en una acción conjunta realizada con la Sijin del Departamento de Policía de Córdoba y servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en zona rural de Montería. En el procedimiento le fueron incautados un revólver calibre 38, 6 cartuchos y un celular.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado.

El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario

*La labor investigativa orientada por la Fiscalía General de la Nación permitió judicializarlo por los delitos de secuestro extorsivo y tortura.

Una mujer fue retenida en contra de su voluntad y sometida a agresiones físicas y psicológicas por parte de su compañero sentimental, quien además habría exigido dinero para dejarla en libertad, en hechos ocurridos en el barrio Manrique, en Medellín (Antioquia), entre el 6 y el 8 de febrero del año en curso.

De acuerdo con los actos investigativos orientados por la Fiscalía General de la Nación, Johan Stiven Marino Mosquera sería el responsable de lo sucedido.

Este hombre presuntamente ocultó a la mujer en una vivienda y la golpeó con objetos contundentes hasta hacerla perder el conocimiento en varias oportunidades.

Entre tanto, llamaba a la mamá de la víctima para pedirle dos millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida y dejarla en libertad.

En ese sentido, el señalado agresor fue capturado en una acción conjunta realizada con unidades del Gaula de la Policía Nacional. En el procedimiento se incautaron cuatro teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Una fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó a Marino Mosquera ante un juez penal de control de garantías y le imputó los delitos de secuestro extorsivo y tortura.

El procesado no aceptó los cargos y fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario.