*Entre los elementos incautados había un fusil Colt, dos pistolas y accesorios tácticos. La mujer fue capturada en flagrancia y recibió medida de aseguramiento en centro carcelario.

Una diligencia de embargo y secuestro por el presunto incumplimiento del pago del arriendo puso al descubierto armas y municiones en la casa donde residía la creadora de contenido Wendy Jeanette Durán Bocanegra, en el sector de Pance, en Cali.

La inspección de un clóset cambió el curso del procedimiento ordenado por un juez civil. Allí fueron encontrados 977 cartuchos calibre 5.56, utilizados en armas de largo alcance. Posteriormente, fueron hallados un fusil Colt calibre 5.56 de fabricación estadounidense, cuyo modelo y características no hace parte del inventario de la fuerza pública en Colombia; dos pistolas Glock calibre 9mm, con sus respectivos cargadores y cartuchos; un cargador con 35 cartuchos, dos miras holográficas, un adaptador de luz y láser.

Durante la diligencia Durán Bocanegra manifestó que no tenía permisos para mantener ese material y fue capturada en situación de flagrancia por la Policía Nacional.

En el lugar también había 4.844 dólares, una máquina contadora de billetes, dos grameras digitales, un teléfono celular, dos computadores portátiles y estupefacientes.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a la mujer el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. Los cargos no fueron aceptados y un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las investigaciones de la Fiscalía continúan para establecer la posible participación de la creadora de contenido en otros hechos delictivos, así como el origen y destinación de los elementos encontrados.

*El exfuncionario realizaba transferencias a su cuenta personal coincidiendo con el pago de su salario. Las operaciones carecían de soportes que justificaran el giro de los recursos.

Los movimientos de dinero desde las cuentas de la Asamblea Departamental de Amazonas hacia una cuenta personal, sin soportes que sustentaran las transacciones, permitieron identificar la presunta apropiación de recursos públicos por parte del exsecretario general de la corporación, Luis Antonio Rocha Santos.

Los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía General de la Nación indican que, entre mayo y diciembre de 2025, el exfuncionario aprovechó el acceso que tenía por su cargo para realizar los giros.

Para evitar ser detectado, habría movido los recursos de manera irregular coincidiendo con la consignación de su salario mensual.

De esta manera, al parecer, se apropió de 1.254 millones de pesos del erario departamental.

Las evidencias dan cuenta de que las primeras transferencias fueron por montos cercanos a los 5 millones de pesos y posteriormente alcanzaron sumas de hasta 17 millones.

El análisis criminal estratégico, el uso de herramientas tecnológicas y el trabajo contable de peritos expertos permitieron conocer que las operaciones no tenían contratos, cuentas de cobro, comprobantes de egreso, resoluciones, obligaciones presupuestales, documentos contables ni actos administrativos que las justificaran.

Por estos hechos, el exfuncionario fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Policía Nacional en el aeropuerto internacional de Leticia, cuando llegó en un vuelo procedente de Bogotá. Un fiscal de Administración Pública de la Seccional Amazonas le imputó el delito de peculado por apropiación agravado.

Rocha Santos aceptó de manera libre y voluntaria el cargo.

*Alias Barbas es señalado de facilitar el traslado del bus utilizado en el atentado y la huida de su conductor. La otra procesada habría vigilado los movimientos de las autoridades.

Jorge Andrés Castañeda Díaz, alias Barbas, y Ashley Valentina Pozo Delgado recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario por su presunta participación en el ataque con explosivos perpetrado el 24 de abril de 2026 contra el Batallón Pichincha, en Cali (Valle del Cauca).

Los elementos materiales probatorios vinculan a Castañeda Díaz con una red de milicias que delinque en Cali y Jamundí, relacionada con la columna Ricardo Velásquez y la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

La investigación indica que, el día del ataque, alias Barbas condujo un vehículo desde el cual realizó labores de reconocimiento, vigilancia y seguimiento para facilitar el desplazamiento de un bus escolar blanco.

En este último presuntamente fueron transportados los explosivos desde la zona rural de Jamundí hasta Cali.

También se le atribuye haber trasladado al conductor hasta el bus y facilitado su huida después de la detonación. Además, habría llevado cables para solucionar una falla en la batería del automotor y participado en la compra de una nueva.

Por su parte, Pozo Delgado es señalada de integrar la misma organización y movilizarse en motocicleta para vigilar los movimientos de las autoridades durante la operación.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó, de acuerdo con su responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo agravado, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas, o explosivos, tentativa de homicidio agravado y daño en bien ajeno.