*Los hechos que motivaron la máxima pena ocurrieron en Valledupar (Cesar).

En atención a las pruebas presentadas en juicio oral por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a 60 años de prisión a Luis Fernando Higuita Arias, alias El
Feo, por el secuestro y abuso sexual a una mujer durante un asalto ocurrido el 15 de marzo de 2025, en Valledupar (Cesar).

El hoy sentenciado, en compañía de dos cómplices, intimidó con armas cortopunzantes y de fuego a una pareja en el sector El Balneario Hurtado, con el propósito de hurtarles las pertenencias.

Posteriormente, trasladó a las víctimas en contra de su voluntad a una zona despoblada. Allí, el hombre fue amordazado e intimidado para que entregara dinero para quedar en libertad. Entre tanto, la mujer fue agredida sexualmente.

En ese sentido, Higuita Arias fue declarado responsable de los delitos de acceso carnal violento, hurto calificado, secuestro extorsivo, secuestro simple; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones, todas las conductas agravadas.

La condena conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.

Por este caso, fueron judicializados Jorge Luis Altamar Armenta, Nelson José Guerra Almanza, Marlon Antonio Acosta Gómez y Jesús Manuel Torregrosa Ramos, quienes actualmente permanecen privados de la libertad en cumplimiento de medidas de aseguramiento y se encuentran en etapa de juicio.

*La víctima fue sometida a múltiples agresiones que le causaron la muerte y su cuerpo fue arrojado a una quebrada.

Luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a 37 años y 5 meses de prisión a Camilo Múnera Osorio por su responsabilidad en el crimen de un conductor de una plataforma digital de transporte en Medellín (Antioquia).

En ese sentido, al término de las audiencias de juicio oral, fue declarado responsable del delito de homicidio agravado.

Los hechos que motivaron la sentencia ocurrieron la noche del 14 de agosto de 2023, cuando el hoy condenado y otros dos hombres solicitaron un servicio de transporte mediante una plataforma digital, para trasladarse del barrio Laureles al corregimiento San Cristóbal en Medellín.

Las actividades de policía judicial realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, evidenciaron que, cerca del destino, la víctima fue obligada a trasladarse al asiento trasero del vehículo, donde fue amarrada de pies y manos y agredida en repetidas ocasiones.

Posteriormente, en una zona despoblada del sector Las Hamacas, fue obligada a descender del automotor y atacada hasta causarle la muerte. Los agresores arrojaron el cuerpo a una quebrada y huyeron del lugar con el carro y las pertenencias del conductor.

Por estos hechos, el hoy condenado había sido sentenciado previamente, mediante
preacuerdo, a 7 años y 5 meses de prisión por el delito de hurto calificado y agravado.

Esta decisión es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.

Tres de los presuntos integrantes de la organización fueron judicializados. Son señalados de exigir entre 10 y 300 millones de pesos a los mandatarios y otros funcionarios municipales para no entablar denuncias por supuestos hechos de corrupción.

Juan David López Rojas, José Carlos Toncel García y Federman Asley López serían los integrantes de un grupo delincuencial que, haciéndose pasar como una red de veeduría ciudadana, presuntamente extorsionaba a alcaldes y funcionarios de diferentes municipios de Cesar.

Las evidencias en poder de la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que estas personas, entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, habrían contactado a distintos servidores municipales a reuniones y exigido sumas de dinero que oscilaban entre 10 y 300 millones de pesos para supuestamente abstenerse de interponer denuncias en su contra por hechos de corrupción o retirar acciones presentadas ante los organismos de control.

López Rojas es el señalado cabecilla del entramado ilegal; mientras que Toncel García, al parecer, ejercía como intermediario, y López estaría a cargo de la logística y recepción del
dinero.

En cumplimiento de estos roles delictivos se les atribuyen extorsiones contra el alcalde y el gerente de la empresa de servicios públicos de La Jagua de Ibirico, y el alcalde de Becerril.

Por estos hechos, un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales los presentó ante un juez de control de garantías y, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y extorsión agravada.

Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en
centro carcelario.