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Fiscalía

Capturadas nueve personas por presunto entramado de corrupción con regalías en la región Caribe

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*Hubo capturas en Barranquilla, Arauca y Cantagallo (Bolívar). Los contratos investigados alcanzan un valor de medio billón de pesos.

EL CTI de la Fiscalía capturó a nueve personas que supuestamente utilizaban la figura del esquema asociativo de municipios para presuntamente direccionar contratos de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), en medio de irregularidades en su ejecución y apropiación de dineros públicos.

«En diligencias realizadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Arauca (Arauca), Barranquilla (Atlántico) y Cantagallo (Bolívar) fueron capturados nueve de los señalados responsables de las actividades delictivas. Se trata del creador, los representantes legales, coordinadores de planeación y financieros, y la tesorera de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca)», informó la Fiscalía.

Los contratos investigados son del año 2020 a 2026 y su valor alcanza el medio billón de pesos.

Estas personas se habrían articulado para que Aremca fuera designada como ejecutora de regalías por parte de alcaldías y gobernaciones. Recibido el aval, al parecer, direccionaron 101 proyectos por una cuantía superior a 496.000 millones de pesos, según el ente acusador.

Dichos procesos tenían como objeto desarrollar obras civiles, interventorías o planes ambientales, de saneamiento básico, agricultura y alimentación, entre otros, en Casanare, Magdalena, Caldas, Santander, La Guajira, Cesar, Bolívar, Arauca y Córdoba.

“Los elementos materiales probatorios indican que la contratación violó los principios de publicidad, transparencia y selección objetiva. Asimismo, dan cuenta de la posible apropiación indebida de recursos de regalías por 3.200 millones de pesos en iniciativas que debían cumplirse en Arauca”, determinó la Fiscalía.

En el curso de la investigación la Fiscalía precisó que Aremca presuntamente dejó de retener 14.000 millones de pesos que correspondían a la contribución especial de obra pública, un tributo que contempla un aporte del 5% del valor total de los contratos suscritos con entidades estatales para financiar el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).

“Las personas capturadas, que estarían involucradas en este entramado criminal, fueron identificadas como Gustavo Bolaño Pastrana, Emilia Álvarez Guerrero, Dayana Ramos Guerrero, Fredy Borelly Salazar, Andrés Saez Miranda, Rafael Flórez Franco, Liliana Urán German, Javier Ramírez Marzola y Luis Soto Caraballo”, reveló la Fiscalía.

Los capturados serán presentados ante un juez de control de garantías y les imputará, de acuerdo a su posible responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público, enriquecimiento ilícito de particulares, entre otros.

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Encarcelan a supuesto chamán que habría abusado de una mujer en medio de un ritual de limpieza

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Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Dante Jhons Martínez Valencia, quien, al parecer, aprovechándose de su actividad relacionada con rituales y limpiezas energéticas, habría abusado sexualmente de una mujer de 27 años.

«Los hechos investigados ocurrieron el pasado 10 de marzo en una vivienda de familiares de la víctima, ubicada en el barrio San Luís de Pereira (Risaralda). Este hombre había sido contactado para prestarle sus servicios a la mujer, quien atravesaba dificultades sentimentales, y le ofreció realizar una sesión privada para efectuar una supuesta limpieza energética», detalló la Fiscalía.

La investigación permitió establecer que, durante ese encuentro, el hoy procesado supuestamente le suministró a la víctima una bebida que la dejó en estado de indefensión, situación que presuntamente aprovechó para someterla a vejámenes sexuales.

Una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS) de la Seccional Risaralda le imputó el delito de acceso carnal violento agravado. el cual no aceptó.

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Judicializan a presunto responsable de explotación ilícita de oro en los farallones de Cali

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*Para realizar la actividad minera ilegal fueron utilizados materiales tóxicos como mercurio, que eran vertidos en los cuerpos de agua del parque natural.

Como parte de las acciones desplegadas contra las redes dedicadas a la minería ilegal en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, la Fiscalía General de la Nación judicializó a Gerson Alí Tulande Burbano por su presunta responsabilidad en la explotación ilícita de oro en dos socavones ubicados en el sector Minas del Socorro.

De acuerdo con la investigación, Tulande Burbano habría realizado esta actividad ilícita en asocio con otras personas entre 2019 y 2023, utilizando materiales tóxicos como explosivos y mercurio, que generaron un grave daño ambiental al agua, el suelo, la flora y la fauna de esta zona protegida.

Actividades de policía judicial dan cuenta de que el hombre no tendría ningún permiso ambiental ni título minero para realizar dicha actividad. El oro extraído era comercializado en Cali (Valle del Cauca), así como en Suárez y Santander de Quilichao (Cauca).
Por lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente le imputó los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales; daño en los recursos naturales y ecocidio; contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero e hidrocarburos; e invasión de área de especial importancia ecológica.

En desarrollo de las audiencias concentradas, el hombre no aceptó los cargos y una juez de control de garantías de Cali le impuso medida privativa de la libertad en centro carcelario.

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Fiscalía amplía medidas cautelares en caso Lili Pink por supuestos contrabando y lavado de activos

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*De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía, Elephant Import & Export S.A.S. habría sido utilizada para respaldar la importación y el abastecimiento de mercancías, pese a que, presuntamente, no contaba con la capacidad económica real para desarrollar esas operaciones comerciales.

La Fiscalía General de la Nación amplió las medidas cautelares dentro de la investigación que adelanta por un presunto esquema de contrabando y lavado de activos relacionado con la sociedad Fast Moda S.A.S., empresa que opera las tiendas Lili Pink y Joy, al incorporar al proceso a la sociedad Elephant Import & Export S.A.S.

Conductor como representante legal y más empresas fachada: nuevos hallazgos del caso Lili Pink
La decisión fue adoptada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio dentro del proceso que vincula al menos a nueve personas que, según la investigación, harían parte de una estructura dedicada a operaciones de presunto contrabando y lavado de activos.

De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía, Elephant Import & Export S.A.S. habría sido utilizada para respaldar la importación y el abastecimiento de mercancías, pese a que, presuntamente, no contaba con la capacidad económica real para desarrollar esas operaciones comerciales.

La investigación también estableció que la aparente solidez financiera de esa sociedad se sustentaba en un préstamo por 64.000 millones de pesos otorgado por otra empresa que, según el ente investigador, tampoco tendría la capacidad económica para realizar una operación de esa magnitud.

Adicionalmente, la Fiscalía identificó que Fast Moda S.A.S. registraba una deuda por 126.000 millones de pesos a favor de Elephant Import & Export S.A.S., situación que, de acuerdo con la investigación, haría parte del esquema financiero utilizado por la estructura investigada.

Como parte de las nuevas diligencias, fueron ubicados 12 contenedores con mercancía de origen chino que ingresó al país desde Panamá. De igual manera, la Fiscalía verificó que otros 31 contenedores habían sido aprehendidos previamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Los investigadores también establecieron que parte de la mercancía encontrada ya contaba con etiquetas elaboradas para su comercialización en el mercado colombiano, pese a corresponder a productos fabricados en China.

Con la ampliación de las medidas cautelares, la Fiscalía busca fortalecer la afectación patrimonial sobre los bienes y sociedades vinculadas a la investigación, con el propósito de impedir que, presuntamente, continúen siendo utilizadas para operaciones relacionadas con contrabando y lavado de activos.

Durante las recientes audiencias, la fiscal del caso expuso cómo, según la investigación, se habría estructurado un entramado empresarial mediante la creación de empresas de papel para ocultar el control real de las operaciones comerciales.

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