*Para realizar la actividad minera ilegal fueron utilizados materiales tóxicos como mercurio, que eran vertidos en los cuerpos de agua del parque natural.

Como parte de las acciones desplegadas contra las redes dedicadas a la minería ilegal en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, la Fiscalía General de la Nación judicializó a Gerson Alí Tulande Burbano por su presunta responsabilidad en la explotación ilícita de oro en dos socavones ubicados en el sector Minas del Socorro.

De acuerdo con la investigación, Tulande Burbano habría realizado esta actividad ilícita en asocio con otras personas entre 2019 y 2023, utilizando materiales tóxicos como explosivos y mercurio, que generaron un grave daño ambiental al agua, el suelo, la flora y la fauna de esta zona protegida.

Actividades de policía judicial dan cuenta de que el hombre no tendría ningún permiso ambiental ni título minero para realizar dicha actividad. El oro extraído era comercializado en Cali (Valle del Cauca), así como en Suárez y Santander de Quilichao (Cauca).
Por lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente le imputó los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales; daño en los recursos naturales y ecocidio; contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero e hidrocarburos; e invasión de área de especial importancia ecológica.

En desarrollo de las audiencias concentradas, el hombre no aceptó los cargos y una juez de control de garantías de Cali le impuso medida privativa de la libertad en centro carcelario.

*De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía, Elephant Import & Export S.A.S. habría sido utilizada para respaldar la importación y el abastecimiento de mercancías, pese a que, presuntamente, no contaba con la capacidad económica real para desarrollar esas operaciones comerciales.

La Fiscalía General de la Nación amplió las medidas cautelares dentro de la investigación que adelanta por un presunto esquema de contrabando y lavado de activos relacionado con la sociedad Fast Moda S.A.S., empresa que opera las tiendas Lili Pink y Joy, al incorporar al proceso a la sociedad Elephant Import & Export S.A.S.

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La decisión fue adoptada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio dentro del proceso que vincula al menos a nueve personas que, según la investigación, harían parte de una estructura dedicada a operaciones de presunto contrabando y lavado de activos.

De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía, Elephant Import & Export S.A.S. habría sido utilizada para respaldar la importación y el abastecimiento de mercancías, pese a que, presuntamente, no contaba con la capacidad económica real para desarrollar esas operaciones comerciales.

La investigación también estableció que la aparente solidez financiera de esa sociedad se sustentaba en un préstamo por 64.000 millones de pesos otorgado por otra empresa que, según el ente investigador, tampoco tendría la capacidad económica para realizar una operación de esa magnitud.

Adicionalmente, la Fiscalía identificó que Fast Moda S.A.S. registraba una deuda por 126.000 millones de pesos a favor de Elephant Import & Export S.A.S., situación que, de acuerdo con la investigación, haría parte del esquema financiero utilizado por la estructura investigada.

Como parte de las nuevas diligencias, fueron ubicados 12 contenedores con mercancía de origen chino que ingresó al país desde Panamá. De igual manera, la Fiscalía verificó que otros 31 contenedores habían sido aprehendidos previamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Los investigadores también establecieron que parte de la mercancía encontrada ya contaba con etiquetas elaboradas para su comercialización en el mercado colombiano, pese a corresponder a productos fabricados en China.

Con la ampliación de las medidas cautelares, la Fiscalía busca fortalecer la afectación patrimonial sobre los bienes y sociedades vinculadas a la investigación, con el propósito de impedir que, presuntamente, continúen siendo utilizadas para operaciones relacionadas con contrabando y lavado de activos.

Durante las recientes audiencias, la fiscal del caso expuso cómo, según la investigación, se habría estructurado un entramado empresarial mediante la creación de empresas de papel para ocultar el control real de las operaciones comerciales.

*Este grupo delincuencial estaría implicado en 250 vandalizaciones a cajeros automáticos y afectaciones económicas cercanas a los 1.200 millones de pesos.

Los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía General de la Nación permitieron judicializar a cinco presuntos integrantes de la organización delincuencial denominada Los Quintis, señalada de alterar cajeros automáticos y realizar el denominado “cambiazo” de tarjetas de débito y crédito para hurtar a usuarios del sistema financiero.

La investigación, liderada por una fiscal de la Unidad de Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá, descubrió que la organización habría operado entre 2023 y 2026. A sus integrantes se les atribuyen 13 hurtos y cerca de 250 eventos de obstaculización ilegítima de sistemas informáticos.

De acuerdo con la investigación, algunos integrantes manipulaban previamente los cajeros automáticos con sustancias adhesivas para generar aparentes fallas técnicas. Otros vigilaban el lugar, simulaban realizar transacciones para transmitir confianza, ofrecían ayuda a los usuarios, observaban sus claves y realizaban el cambiazo de las tarjetas. Posteriormente, otros miembros de la organización efectuaban retiros de dinero o compras con los productos financieros obtenidos mediante engaño.

Las actividades investigativas adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) evidenciaron que la organización afectó de manera sistemática cajeros automáticos de diferentes entidades bancarias en Bogotá, varios municipios de Cundinamarca y otras ciudades del país. Entre las víctimas fueron identificados adultos mayores, quienes eran previamente seleccionados para facilitar el engaño.

La investigación da cuenta de que la organización habría ocasionado pérdidas superiores a 1.200 millones de pesos entre el dinero apropiado de las víctimas y los costos asumidos por las entidades bancarias para reparar los cajeros afectados. Por estos hechos fueron judicializados Miguel Ángel Paredes Daza, Laura Valentina Orozco Romero, Jonathan Yesid Rojas Castiblanco, Héctor Javier Bautista Vargas y Anderson Steve Sánchez Aguilar.

De acuerdo con su presunta participación individual, la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado y obstaculización ilegítima de sistema informático o red de comunicaciones agravada. A Anderson Steve Sánchez Aguilar también le fueron imputados los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas o municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas, debido a que al momento de su captura le fueron incautadas una escopeta apta para disparar, munición calibre 16 y cartuchos para los que no contaba con autorización.

Los procesados ​​no aceptaron los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, fueron afectados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.