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Cae red de explotación sexual infantil en Medellín: capturan a siete personas, entre ellas un mexicano

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La Fiscalía, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, desarticuló una red de siete personas acusadas de explotar sexualmente a menores de edad en Medellín y comercializar material audiovisual explícito en el exterior.

La Fiscalía General de la Nación, en operativo conjunto con la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por su sigla en inglés), desarticuló este 5 de mayo una red criminal de siete personas acusadas de explotar sexualmente a menores de edad en Medellín y producir pornografía infantil que era comercializada en Estados Unidos.

Los hechos investigados ocurrieron entre junio de 2024 y agosto de 2025, principalmente en los sectores del corregimiento de San Cristóbal, el barrio San Michel, el barrio Santa Lucía y el sector de Las Palmas. Seis de los procesados contactaban a las víctimas dentro de su propio entorno familiar o vecinal, valiéndose de engaños para producir los videos que luego enviaban al exterior a través de aplicaciones de mensajería.

El séptimo capturado es el ciudadano mexicano Cein Quezada Ríos, también conocido como Carlos Hernández o El Mexicano. Su detención se produjo cuando tramitaba su cédula de extranjería en el Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Medellín, donde funcionarios de Migración Colombia detectaron una orden de captura vigente en su contra emitida por un juzgado de la ciudad por distintos delitos sexuales contra menores de edad.

Cein Quezada Ríos, conocido como Carlos Hernández o El Mexicano, ofrecía entre 80 mil y un millón a menores de edad para explotarlas sexualmente.

De acuerdo con la Fiscalía, este hombre operaba de manera distinta al resto de la red: el extranjero frecuentaba sectores de la comuna 13, donde presuntamente “buscaba jóvenes vírgenes”. Abordaba directamente —o a través de terceros— a menores en las inmediaciones de colegios y les ofrecía entre 80.000 y un millón de pesos para que se desplazaran a su residencia, donde los sometía a vejámenes sexuales. Además, utilizaba a las propias víctimas para contactar a otras.

“Instrumentalizó a menores de edad para que cometieran delitos, ofreciéndoles sumas de dinero a cambio de que le consiguieran otras menores para sostener dichos encuentros sexuales”, explicó Deicy Jaramillo, delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía.

La captura fue posible gracias a un trabajo articulado entre Migración Colombia, la Fiscalía, la Policía Nacional —a través de la Dirección de Protección y Servicios Especiales (DIPRO)— y autoridades de Estados Unidos.

“Este resultado evidencia el trabajo articulado entre las autoridades para detectar y judicializar redes de explotación sexual”, señaló Gloria Esperanza Arriero, directora de Migración Colombia.

Tras las capturas, fiscales de la Unidad de Delitos Priorizados contra Niñas, Niños y Adolescentes de Medellín imputaron a los detenidos cargos por demanda de explotación sexual comercial de menor de 18 años, acceso carnal abusivo, uso de menores para la comisión de delitos, acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir, pornografía infantil agravada y proxenetismo. Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para los siete procesados.

El caso hace parte de una investigación más amplia que busca establecer la posible existencia de una red de trata de personas.

Varios de los menores que estaban siendo instrumentalizados por sus propios familiares fueron recuperados y puestos bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos.

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Lanzan artefacto explosivo contra un lavadero de carros en Barranquilla: dos heridos

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Hombres que se movilizaban en una motocicleta lanzaron un artefacto explosivo en un lavadero de carros, ubicado a un lado de la nevada de Coolitoral, en la calle 120 con carrera 9G, en la urbanización de Caribe Verde, en el suroccidente de Barranquilla. El ataque con explosivos contra el establecimiento dejó dos personas heridas confirmaron las autoridades.

Información preliminar señala que el artefacto fue lanzado cuando unas personas se bajaban de una camioneta en el mencionado establecimiento comercial.

Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer qué hipótesis están manejando frente al caso.

Los hechos ocurrieron diagonal, a unos pocos metros, donde se construye la nueva estación de Policía de Caribe Verde.

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Lo pillan por presunto acto sexual violento contra una adolescente en el Atlántico

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*Fue trasladado a la URI de la Fiscalía en Barranquilla. Los hechos ocurrieron el pasado 2 de octubre, en Puerto Colombia.

Juan Álvarez Torres, dueño del terreno donde funciona Kilymandiaro, en Puerto Colombia, fue capturado en la mañana de este martes en el barrio Villa Santos por funcionarios del CTI de la Fiscalía.

Álvarez Torres tenía una orden de captura por el delito de acto sexual violento tras ser denunciado por el presunto acoso sexual del que habría sido víctima una adolescente surfista, de 16 años, en hechos ocurridos el pasado 2 de octubre en el centro vacacional.

«Nos encontramos con Juancho afuera, estábamos hablando normal hasta que me agarra del brazo y me mete a su oficina, me dice que lo acompañe para decirme algo. Yo nunca me imagine nada malo, siempre lo consideré mi tío”, relató la joven.

Una vez dentro de la oficina, según relata la menor, le pidió que se sentara y fue allí cuando presuntamente empezó hacerle preguntas de su vida íntima cómo si había terminado con su novio y si tenía relaciones con él.

“Las preguntas se volvieron cada vez más sexuales e inapropiadas. A todas respondí incómoda y diciéndole que ya me tenía que ir, pero él me dijo que esperara, que solo estábamos hablando. Luego me dice que ya tengo 16 años, que yo puedo tener relaciones sexuales con él”, narró la adolescente en sus redes sociales.

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“Arritmia cardíaca por descargas eléctricas”: Necropsia sobre muerte de joven en procedimiento policial

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*A los policías capturados les imputarán homicidio y tortura agravada.

La Fiscal Delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera, reveló las causas que le produjeron la muerte al joven afrodescendiente Donovan Balanta Paz, quien murió en medio de un procedimiento policial el pasado 20 de septiembre en el barrio Caracolí, en el sur de Bogotá.

“Medicina Legal manifiesta que la muerte se produce por una arritmia cardíaca por descargas eléctricas. Adicionalmente presentaba quemaduras y otras lesiones en el cuerpo de la víctima, a quien se le aplicó un Taser”, dijo la funcionaria en una rueda de prensa este lunes en Bogotá.

La funcionaria señaló que al momento de los hechos los uniformados que estaban presentes tenían tres pistolas Taser, de las cuales dos fueron activadas y se “le colocó en varias oportunidades, tanto al momento de su aprehensión como cuando estaba en la estación de Policía”.

La Fiscal explicó en detalles cómo ocurrieron los hechos.

“En el lugar se generó un enfrentamiento entre vecinos. A ese lugar concurren uniformados y Donovan Balanta. En el sitio, el joven es señalado de haber lanzado un objeto contra el grupo de los agentes de Policía, por lo que el joven es perseguido y capturado”, detalló.

Tres de los policías ya fueron trasladados al Búnker de la Fiscalía.

Explicó que en el lugar se generó un enfrentamiento entre los uniformados y los civiles. En medio de la situación Donovan fue supuestamente golpeado por los policías y adicionalmente le produjeron descargas eléctricas con las pistolas Taser.

“Estando en la estación de Policía, continúan los golpes y las agresiones de los funcionarios contra el civil y allí solicitaban auxilio (otro recluso) para su intervención teniendo en cuenta los golpes y la situación en la que se encontraba, auxilio que fue prestado de forma tardía”, precisó Jaramillo Rivera.

Cuando se le prestó el auxilio, el joven ya se encontraba en mal estado y cuando fue llevado a una clínica se produjo su muerte.

“Cerca de 20 minutos después, luego de perder el conocimiento, el hombre fue llevado a un hospital, donde falleció en la noche del 20 de septiembre”, precisó la Fiscalía.

Por estos hechos, la Fiscalía materializó cuatro órdenes de captura contra un Mayor, un Subintendente y dos patrulleros en el municipio de Soacha (Cundinamarca) y Barbosa (Santander).

La Fiscalía precisó que le imputará, de acuerdo con la posible responsabilidad y participación individual, los delitos de homicidio y tortura, ambas conductas agravadas.

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