*El excongresista liberal también es investigado por supuestas irregularidades en el trámite de su título como abogado de la Universidad de Medellín.

El Consejo de Estado dejó en firme la suspensión temporal del título de abogado del excongresista del Partido Liberal, Julián Bedoya.

La decisión del alto tribunal se enmarca en un proceso sobre presuntas irregularidades en el reingreso a la Universidad de Medellín y los exámenes preparatorios para graduarse como abogado en 2019.

El caso se remonta a una demanda presentada por la Universidad de Medellín (Antioquia), en la que se señala una larga lista de irregularidades en las que habría incurrido Julián Bedoya para graduarse como abogado de esa institución. “Se sostiene que dicho reingreso carece de validez porque no contó con la evaluación y autorización del Consejo de Facultad, instancia que debía pronunciarse al haber transcurrido más de cinco años desde el retiro del estudiante, de conformidad con el artículo 146 del Acuerdo número 75 de 2013”, señaló el Consejo de Estado.

Según la universidad, Julián Bedoya “comenzó sus estudios en el Programa de Derecho de la Universidad de Medellín en enero de 2001 y mantuvo su calidad de estudiante hasta mayo de 2007, fecha en la que solicitó la cancelación de su matrícula”. Posteriormente, de acuerdo con la Universidad, él “reingresó en 2008 y 2009, pero canceló nuevamente su matrícula en octubre de esos años, perdiendo su estatus de estudiante; y solicitó su reingreso, en 2011 y 2014, el cual fue autorizado, pero no concretó su matrícula”.

Posteriormente, para 2018, Bedoya “solicitó otro reingreso para el Programa de Derecho para el periodo 2018-2 y el ex Subsecretario General de la Universidad, también ex Secretario del Consejo Académico, el 8 de octubre de 2018, sin estar facultado para hacerlo, le aprobó el reingreso”. Dice la Universidad de Medellín que “la aprobación del último reingreso no es válida, porque se realizó sin la autorización del Consejo de Facultad, autoridad que debió evaluar la situación”.

Columna de opinión

Autor: Dr. Wulfran Rosendo Acuña Martínez

Abogado – Especialista en Derecho Penal y Criminalística

Email: wacmar26@hotmail.com

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Colombia enfrenta una mutación cualitativa del fenómeno criminal, pasando de estructuras delictivas tradicionales a verdaderas “empresas del crimen”, con:

* Jerarquías organizadas
* División del trabajo criminal
* Control territorial
* Sistemas de recaudo (extorsión sistemática)
* Alianzas intercriminales (“pactos” entre organizaciones)

Este fenómeno configura lo que la criminología contemporánea denomina criminalidad organizada empresarial, donde el delito deja de ser un acto aislado y se convierte en actividad económica estructurada.

II. EMPRESARIALIZACIÓN DEL CRIMEN EN COLOMBIA

Hoy las organizaciones criminales operan bajo lógicas empresariales:

1. Estructura organizacional

* “Gerentes” por zonas
* Coordinadores financieros
* Ejecutores (sicarios, cobradores)
* Redes logísticas

2. Modelo económico criminal

* Extorsión como renta fija
* Control de mercados ilegales y legales
* Lavado de activos
* Tributación paralela (impuestos ilegales)

3. Alianzas estratégicas

* Pactos de no agresión
* División territorial
* Cooperación entre grupos ilegales

Esto ha derivado en una captura funcional del territorio, donde el Estado pierde control y el crimen lo sustituye.

III. IMPACTO SOCIOECONÓMICO: POBREZA OCULTA Y DESPLAZAMIENTO

El fenómeno ha generado una categoría silenciosa:

🔴 POBREZA OCULTA

Ciudadanos que:

* Tenían estabilidad económica
* Perdieron sus negocios por extorsión
* No denuncian por miedo
* Mantienen apariencia de normalidad

Esto rompe el indicador tradicional de pobreza y crea una crisis invisible.

🔴 DESPLAZAMIENTO Y MIGRACIÓN

* Desplazamiento intraurbano (barrios → barrios)
* Migración internacional (Colombia → EE.UU., Europa, etc.)
* Desarraigo económico y familiar

El crimen organizado se convierte así en factor de expulsión poblacional.

IV. DEBILIDAD DEL SISTEMA DE JUSTICIA

1. Fiscalía General de la Nación

Problemas estructurales:

* Baja tasa de esclarecimiento
* Congestión procesal
* Débil capacidad investigativa en crimen organizado
* Percepción de selectividad

2. Policía Nacional

* Déficit de confianza ciudadana
* Limitaciones operativas frente a estructuras complejas
* Riesgo en la denuncia

3. Sistema judicial

* Lentitud procesal
* Altos niveles de impunidad
* Dificultad probatoria en redes criminales

Resultado: impunidad estructural, que incentiva la criminalidad.

V. RUPTURA DEL CONTRATO SOCIAL

Aunque comúnmente se atribuye a Rousseau, el análisis racional del orden social puede vincularse al pensamiento de René Descartes en cuanto a la necesidad de certeza, orden y racionalidad.

El contrato social implica:

👉 El ciudadano cede libertades
👉 El Estado garantiza seguridad

En Colombia:

* El ciudadano paga impuestos
* Pero no recibe seguridad efectiva

Esto produce:

* Desconfianza institucional
* Autoprotección informal
* Erosión del Estado

Se configura una crisis de legitimidad del poder público.

VI. DEBATE SOBRE PORTE DE ARMAS (ANÁLISIS COMPARADO)

Referente: Estados Unidos

✔️ VENTAJAS POTENCIALES

1. Derecho a la legítima defensa
2. Disuasión del delito en ciertos contextos
3. Equilibrio frente a criminalidad armada
4. Reducción de dependencia estatal

❌ DESVENTAJAS

1. Incremento de violencia letal
2. Accidentes y uso indebido
3. Escalamiento de conflictos cotidianos
4. Dificultad de control estatal

CONCLUSIÓN

En Colombia:

* El problema no es solo acceso a armas
* Es la debilidad institucional y criminalidad organizada

Permitir armas sin control podría agravar el conflicto social.

La Sección Quinta del Consejo de Estado dejó en firme la designación de Armando Benedetti como ministro del Interior, tras confirmar la decisión emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera instancia.

El alto tribunal aseguró que los argumentos presentados por los demandantes no configuran causales de nulidad electoral.

La demanda cuestionaba el decreto con el cual Benedetti fue nombrado en el cargo, señalando que presuntamente no cumplía requisitos legales por su estado de salud y por presuntas conductas relacionadas con el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.

Fue allí donde el Consejo de Estado señaló que este tipo de señalamientos no pueden ser analizados a través del medio de control de nulidad electoral, ya que corresponden al ámbito del derecho disciplinario.

En el fallo también hay un apartado que se refiere a los supuestos señalamientos del jefe de la cartera política contra la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, con quien ha tenido varios desencuentros.

El último y más reciente tiene que ver con la orden de la togada de allanar una de las propiedades de Armando Benedetti, en el contexto de una de las investigaciones que tenía a cargo la magistrada.

“La Sala no puede pasar por alto que, en la alzada, la parte actora expuso que el demandado agredió verbalmente a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, ‘sin el mayor respeto por la funcionaria y por su calidad de mujer’, razón por la cual, aunque esa manifestación no constituye un reparo que sea objeto de resolución en esta instancia procesal, es claro que las autoridades judiciales tienen el deber de adoptar las decisiones correspondientes desde una perspectiva de género y actuar con la debida diligencia reforzada para proteger a las mujeres”, indicó el fallo.

Por esa razón, el Consejo de Estado compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación para que adelante las averiguaciones que correspondan, en lo relacionado con los supuestos señalamientos inapropiados por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti, contra la magistrada Cristina Lombana.