La Fiscalía, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, desarticuló una red de siete personas acusadas de explotar sexualmente a menores de edad en Medellín y comercializar material audiovisual explícito en el exterior.
La Fiscalía General de la Nación, en operativo conjunto con la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por su sigla en inglés), desarticuló este 5 de mayo una red criminal de siete personas acusadas de explotar sexualmente a menores de edad en Medellín y producir pornografía infantil que era comercializada en Estados Unidos.
Los hechos investigados ocurrieron entre junio de 2024 y agosto de 2025, principalmente en los sectores del corregimiento de San Cristóbal, el barrio San Michel, el barrio Santa Lucía y el sector de Las Palmas. Seis de los procesados contactaban a las víctimas dentro de su propio entorno familiar o vecinal, valiéndose de engaños para producir los videos que luego enviaban al exterior a través de aplicaciones de mensajería.
El séptimo capturado es el ciudadano mexicano Cein Quezada Ríos, también conocido como Carlos Hernández o El Mexicano. Su detención se produjo cuando tramitaba su cédula de extranjería en el Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Medellín, donde funcionarios de Migración Colombia detectaron una orden de captura vigente en su contra emitida por un juzgado de la ciudad por distintos delitos sexuales contra menores de edad.
Cein Quezada Ríos, conocido como Carlos Hernández o El Mexicano, ofrecía entre 80 mil y un millón a menores de edad para explotarlas sexualmente.
De acuerdo con la Fiscalía, este hombre operaba de manera distinta al resto de la red: el extranjero frecuentaba sectores de la comuna 13, donde presuntamente “buscaba jóvenes vírgenes”. Abordaba directamente —o a través de terceros— a menores en las inmediaciones de colegios y les ofrecía entre 80.000 y un millón de pesos para que se desplazaran a su residencia, donde los sometía a vejámenes sexuales. Además, utilizaba a las propias víctimas para contactar a otras.
“Instrumentalizó a menores de edad para que cometieran delitos, ofreciéndoles sumas de dinero a cambio de que le consiguieran otras menores para sostener dichos encuentros sexuales”, explicó Deicy Jaramillo, delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía.
La captura fue posible gracias a un trabajo articulado entre Migración Colombia, la Fiscalía, la Policía Nacional —a través de la Dirección de Protección y Servicios Especiales (DIPRO)— y autoridades de Estados Unidos.
“Este resultado evidencia el trabajo articulado entre las autoridades para detectar y judicializar redes de explotación sexual”, señaló Gloria Esperanza Arriero, directora de Migración Colombia.
Tras las capturas, fiscales de la Unidad de Delitos Priorizados contra Niñas, Niños y Adolescentes de Medellín imputaron a los detenidos cargos por demanda de explotación sexual comercial de menor de 18 años, acceso carnal abusivo, uso de menores para la comisión de delitos, acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir, pornografía infantil agravada y proxenetismo. Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para los siete procesados.
El caso hace parte de una investigación más amplia que busca establecer la posible existencia de una red de trata de personas.
Varios de los menores que estaban siendo instrumentalizados por sus propios familiares fueron recuperados y puestos bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos.
