Con el fin de entregar una base a fiscales e investigadores para diferenciar entre la protesta social legítima y los delitos que pueden generarse en la misma, la Fiscalía emitió una directiva.

“Tras varios meses de estudio y análisis interinstitucional respecto a la solicitud formal del Ministerio de Justicia y del Derecho, efectuada a fines de abril del presente año, la Fiscalía General de la Nación expidió la Directiva 0001 de 2024, mediante la cual emite criterios orientadores dirigidos a Fiscales e investigadores aplicables al análisis de eventos ligados a la protesta social”, precisó el ente acusador.

Así mismo indicó que “el documento recoge la normatividad vigente y la jurisprudencia de las Cortes Suprema de Justicia y Constitucional de Colombia, así como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las guías de Naciones Unidas sobre la materia”.

Se trata de una herramienta para las y los funcionarios de la entidad en la que se precisa el alcance de los derechos y deberes de quienes convocan y participan en la protesta social pacífica, los escenarios y acciones permitidas, las competencias de los funcionarios y la manera de abordar los hechos delictivos cometidos durante las movilizaciones.

“Se reitera el marco legal y procesal aplicable a las investigaciones por actos que desbordan el ejercicio del derecho a la protesta pacífica. Se insta al personal de la Fiscalía a adoptar decisiones libres de prejuicios y de discriminación, brindando especial protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que cubren los ejercicios de protesta social”, detalló la Fiscalía.

Así mismo precisa cuáles son conductas delictivas dentro de la protesta. “De igual manera, se ahonda en las conductas delictivas de relevancia en escenarios de protesta tales como la obstrucción de vías, perturbación en servicio de transporte público, colectivos u oficial; violencia contra servidores públicos, daño en bien ajeno y asonada. Así mismo, se precisan las formas de participación en este tipo de conductas punibles y las diferencias entre coautoría y concierto para delinquir”, puntualizó la Fiscalía.

La Fiscalía General de la Nación obtuvo material de prueba que da cuenta de la existencia de una red delictiva, conocida como ‘Los Pitatoto’, señalada de gestionar de manera irregular trámites de tránsito, en Pitalito (Huila).

En diligencias realizadas conjuntamente por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Gaula Militar, fueron capturadas 14 personas que harían parte de la organización ilegal, entre ellos agentes de tránsito, tramitadores, funcionarios y contratistas del Instituto de Tránsito y Transporte de Pitalito.

En los procedimientos fueron incautados elementos como placas de vehículos, computadores, una maquina cortadora, memorias USB, discos duros, y licencias de conducción.

Un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Huila presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías, y les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad, los delitos de concierto para delinquir, peculado, concusión, hurto y falsedad material en documento público.

Los presuntos integrantes de la estructura delictiva, al parecer, ubicaban infractores y les ofrecían ayuda para recuperar los vehículos inmovilizados, y evitar que las multas fueran cargadas a los sistemas oficiales. Por esta intermediación ilícita cobraban entre 100.000 y 1.000.000 de pesos.

Asimismo, se estableció que estarían involucrados en el hurto de partes de motocicletas y automóviles, que eran vendidas como chatarra; y en otras maniobras ilícitas como eliminación de infracciones, obtención ilegal de matrículas para maquinaria amarilla y aprobación de licencias de conducción para personas que no tenían la idoneidad ni
cumplían los requisitos de ley.

Los investigados son: Leonardo Vargas Torres, señalado cabecilla de ‘Los Pitatoto’; José Jamer Morales Vargas, Luisa Fernanda Calderón Lozada, Carlos Alonso Rodríguez Berrío, Danitza Daniela Benavides Cano, Derly Maritza Laguna Narváez, Juan Nicolás Barrera, Luis Alfredo Samboní, Jhonatan Martínez Méndez, Guido Alexander Galíndez Sáenz, Jhon Weimar Varón López, Héctor Fernando Chavarro Motta, Manuel de Jesús Salamanca Imbachi y William Iván Rojas Giraldo, exdirector del Instituto de Tránsito y Transporte de Pitalito.

Los uniformados Alfonso Quinchanegua Quinchanegua y Dana Alejandra Canizales Bonilla pasarán a ser testigos del ente acusador.

El intendente Alfonso Quinchanegua Quinchanegua y la patrullera de la Policía Nacional Dana Alejandra Canizales Bonilla firmaron un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación para aceptar su culpabilidad en el caso de las ‘chuzadas’ a Marelbyz Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia.

En abril de este año, el ente investigador ya los había acusado formalmente por su presunta participación en los actos que facilitaron la interceptación ilegal de las comunicaciones de Marelbys Meza y otras dos personas. Los uniformados son señalados de los delitos de falsedad ideológica en documento público, violación ilícita de comunicaciones y fraude procesal.

Cinco meses después, en la mañana de este miércoles 11 de septiembre, la fiscal del caso anunció a la jueza 53 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá en medio del juicio contra los policías que se logró “una negociación pre acordada de culpabilidad y consecuencialmente de responsabilidad penal”.

“Este despacho ha radicado solicitud de aplicación de principio de oportunidad a favor de cada uno de ellos de manera independiente”, dijo la representante del ente acusador.

En respuesta, la jueza avaló los preacuerdos suscritos entre la Fiscalía y los policías Quinchanegua y Canizales, decretando la ruptura procesal por el delito de violación de datos personales.

Así, los uniformados aceptaron cargos por los delitos de fraude procesal, falsedad material en documento público y falsedad ideológica en documento público.

La fiscal indicó durante la diligencia que, como reparación a las víctimas, los procesados se comprometen a comparecer en calidad de testigos del ente en las audiencias de juicio contra otros policías y particulares en el marco del caso por ‘chuzadas’ contra Marelbys Meza.

Por su parte, la Fiscalía se compromete a degradar las conductas delictivas de coautor a cómplice.

La patrullera Alejandra Canizales Bonilla ofreció disculpas a las víctimas durante la audiencia, aunque aseguró que solo cumplió órdenes de sus superiores.

“Sin embargo, quiero pedir disculpas por mi error a las víctimas, situación de la que estoy totalmente arrepentida al perder mi libertad, pase situaciones muy difíciles, por eso pido perdón”, sostuvo Canizales.