*La víctima fue señalada equivocadamente de colaborar con un grupo armado ilegal que tenía
injerencia en el departamento.

En atención a un recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Neiva revocó un fallo absolutorio de primera instancia y condenó a 50 años y ocho meses de prisión a cuatro exintegrantes de la fuerza pública y a un particular por la desaparición y posterior crimen de un campesino el 29 de enero de 2009, en zona rural de Pitalito (Huila).

Los sentenciado son: el suboficial en retiro del Batallón de Infantería N°27 Magdalena del Ejército Nacional, Carlos Hernán Rodríguez Vera; el subteniente (r) Andrés Felipe Vera Escobar, el subintendente (r) Juan Pablo Ocampo Cardona, el patrullero (r) Nelson Humberto Murillo Morales, estos tres adscritos en su momento a la estación de policía de Pitalito, y Gilberto Sevilla Marín, conocido como ‘Morocho’.

Las pruebas obtenidas por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos dan cuenta de que unidades de la Policía Nacional detuvieron una camioneta en la que se movilizaban dos hombres y dos menores de edad. Posteriormente, llegaron al lugar dos hombres que se identificaron como integrantes del Ejército Nacional, y asumieron el control del procedimiento.

Los uniformados retuvieron a uno de los ocupantes con el supuesto de que sería colaborador de un grupo ilegal que tenía injerencia en el departamento, lo obligaron a subir a otro vehículo y lo llevaron a un punto desconocido. Dos días después, el 11 de febrero de 2009, el cuerpo fue hallado en el río Magdalena, en jurisdicción de Oporapa (Huila).

Contra la condena conocida por los delitos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada agravada y homicidio, proceden los recursos de ley

*Los crímenes estarían relacionados con un plan criminal para asumir el control de las rentas
ilícitas.

La Fiscalía General de la Nación documentó un patrón delictivo impuesto por un grupo delincuencial autodenominado ‘La Familia P’ para amedrantar a la población, confrontar a otras organizaciones ilegales y apoderarse de las rentas ilícitas, como la venta de estupefacientes al menudeo en Cúcuta (Norte de Santander) y su área metropolitana.

Para cumplir ese propósito criminal, Evert Carreño Corredor, alias Porras o El Viejo, señalado cabecilla de ‘La Familia P’ habría promovido ataques armados en las comunas 6, 7 y 8 de la ciudad, que dejaron 178 personas muertas y 35 heridas entre 2015 y 2024.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) este hombre presuntamente entregó instrucciones, coordinó la ejecución de las acciones delictivas, definió los diferentes roles que deberían cumplir los integrantes de su estructura y dispuso la instrumentalización de menores de edad, a través de aplicaciones de mensajería instantánea.

En ese sentido, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Norte de Santander le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; homicidio agravado, tentativa de homicidio; uso de menores de edad para la comisión de delitos; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y hurto calificado y agravado en grado de tentativa.

El procesado no aceptó los cargos y deberá seguir privado de la libertad, en el entendido de que cumple medida de aseguramiento en centro carcelario por otros eventos delictivos en los que estaría involucrado.

*Los elementos materiales probatorios indican que el exfuncionario habría extralimitado sus funciones.

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, como presunto responsable del delito de prevaricato por acción. Los hechos que se le atribuyen están relacionados con la emisión de tres actos administrativos que tendrían como propósito obstaculizar la licitación 001 de 2023, cuyo objeto era la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes hasta el 31 de julio de 2026, por un valor de 559.000 millones de pesos.

En un primer momento, el comité evaluador recomendó adjudicar el contrato a una unión temporal que superó el proceso de calificación y cumplió con los requisitos exigidos.

En consecuencia, se programó la audiencia de adjudicación pública; sin embargo, el 13 de septiembre de 2023, Leyva Durán suscribió la Resolución 7485 mediante la cual declaró desierta la licitación argumentando la existencia de un único oferente.

Ante esta decisión, el representante de la unión temporal interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto negativamente y Leyva Durán mantuvo la decisión impugnada. Ese mismo día, expidió un nuevo acto administrativo con el que declaró la urgencia manifiesta, habilitando así la adjudicación directa del contrato de pasaportes sin proceso licitatorio.

Para la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia que dirige la investigación, estas actuaciones pusieron en riesgo la continuidad en la elaboración de pasaportes y vulneraron el derecho de los ciudadanos a salir e ingresar libremente del país. Asimismo, pese a la posibilidad de corregir las decisiones adoptadas, el excanciller no lo hizo y ratificó su actuación.