*La víctima fue sacada de una estación de Policía y conducida a una zona rural para presionarla a entregar una información.

Los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que el intendente Rodolfo Herrera Hernández, los subintendentes Yonerse Alejandro Álvarez Marín y Sor Ángela Sánchez Duque, y la patrullera María Gabriela Yáñez Rodríguez presuntamente sometieron a un privado de la libertad a actos de tortura con el fin de ubicar una supuesta caleta con armas y dinero.

El 9 de julio de 2025, la víctima habría sido esposada, trasladada mediante engaños desde la estación de policía de San Vicente Ferrer a una zona rural de La Ceja (Antioquia), donde le exhibieron una pica y una pala, y la amenazaron con ser sepultada en la zona sino suministraba la información que necesitaban los uniformados.

El hombre logró escapar y llegar a una finca en La Unión (Antioquia), donde recibió auxilio y fue puesto en contacto con unidades de la Dijin de la Policía Nacional, para su entrega voluntaria.

Dos días después, el 11 de julio de 2025, el intendente Herrera Hernández, en su condición de subcomandante de la estación de policía de San Vicente Ferrer, reportó a sus superiores que el privado de la libertad se había fugado durante un traslado médico.

Por estos hechos, un fiscal especializado de la Seccional Antioquia imputó a los policías el delito de tortura.

Adicionalmente, a Herrera Hernández le formuló cargos por falsedad ideológica en documento público. Entre tanto, un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

*Los crímenes estarían relacionados con un plan criminal para asumir el control de las rentas
ilícitas.

La Fiscalía General de la Nación documentó un patrón delictivo impuesto por un grupo delincuencial autodenominado ‘La Familia P’ para amedrantar a la población, confrontar a otras organizaciones ilegales y apoderarse de las rentas ilícitas, como la venta de estupefacientes al menudeo en Cúcuta (Norte de Santander) y su área metropolitana.

Para cumplir ese propósito criminal, Evert Carreño Corredor, alias Porras o El Viejo, señalado cabecilla de ‘La Familia P’ habría promovido ataques armados en las comunas 6, 7 y 8 de la ciudad, que dejaron 178 personas muertas y 35 heridas entre 2015 y 2024.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) este hombre presuntamente entregó instrucciones, coordinó la ejecución de las acciones delictivas, definió los diferentes roles que deberían cumplir los integrantes de su estructura y dispuso la instrumentalización de menores de edad, a través de aplicaciones de mensajería instantánea.

En ese sentido, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Norte de Santander le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; homicidio agravado, tentativa de homicidio; uso de menores de edad para la comisión de delitos; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y hurto calificado y agravado en grado de tentativa.

El procesado no aceptó los cargos y deberá seguir privado de la libertad, en el entendido de que cumple medida de aseguramiento en centro carcelario por otros eventos delictivos en los que estaría involucrado.

*Los elementos materiales probatorios indican que el exfuncionario habría extralimitado sus funciones.

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, como presunto responsable del delito de prevaricato por acción. Los hechos que se le atribuyen están relacionados con la emisión de tres actos administrativos que tendrían como propósito obstaculizar la licitación 001 de 2023, cuyo objeto era la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes hasta el 31 de julio de 2026, por un valor de 559.000 millones de pesos.

En un primer momento, el comité evaluador recomendó adjudicar el contrato a una unión temporal que superó el proceso de calificación y cumplió con los requisitos exigidos.

En consecuencia, se programó la audiencia de adjudicación pública; sin embargo, el 13 de septiembre de 2023, Leyva Durán suscribió la Resolución 7485 mediante la cual declaró desierta la licitación argumentando la existencia de un único oferente.

Ante esta decisión, el representante de la unión temporal interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto negativamente y Leyva Durán mantuvo la decisión impugnada. Ese mismo día, expidió un nuevo acto administrativo con el que declaró la urgencia manifiesta, habilitando así la adjudicación directa del contrato de pasaportes sin proceso licitatorio.

Para la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia que dirige la investigación, estas actuaciones pusieron en riesgo la continuidad en la elaboración de pasaportes y vulneraron el derecho de los ciudadanos a salir e ingresar libremente del país. Asimismo, pese a la posibilidad de corregir las decisiones adoptadas, el excanciller no lo hizo y ratificó su actuación.