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Fiscalía

Condenan a 50 años de cárcel a cuatro exintegrantes de la fuerza pública por desaparición y homicidio de un campesino

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*La víctima fue señalada equivocadamente de colaborar con un grupo armado ilegal que tenía
injerencia en el departamento.

En atención a un recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Neiva revocó un fallo absolutorio de primera instancia y condenó a 50 años y ocho meses de prisión a cuatro exintegrantes de la fuerza pública y a un particular por la desaparición y posterior crimen de un campesino el 29 de enero de 2009, en zona rural de Pitalito (Huila).

Los sentenciado son: el suboficial en retiro del Batallón de Infantería N°27 Magdalena del Ejército Nacional, Carlos Hernán Rodríguez Vera; el subteniente (r) Andrés Felipe Vera Escobar, el subintendente (r) Juan Pablo Ocampo Cardona, el patrullero (r) Nelson Humberto Murillo Morales, estos tres adscritos en su momento a la estación de policía de Pitalito, y Gilberto Sevilla Marín, conocido como ‘Morocho’.

Las pruebas obtenidas por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos dan cuenta de que unidades de la Policía Nacional detuvieron una camioneta en la que se movilizaban dos hombres y dos menores de edad. Posteriormente, llegaron al lugar dos hombres que se identificaron como integrantes del Ejército Nacional, y asumieron el control del procedimiento.

Los uniformados retuvieron a uno de los ocupantes con el supuesto de que sería colaborador de un grupo ilegal que tenía injerencia en el departamento, lo obligaron a subir a otro vehículo y lo llevaron a un punto desconocido. Dos días después, el 11 de febrero de 2009, el cuerpo fue hallado en el río Magdalena, en jurisdicción de Oporapa (Huila).

Contra la condena conocida por los delitos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada agravada y homicidio, proceden los recursos de ley

Fiscalía

Exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar, imputado por presunta corrupción

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*El contrato fue suscrito por 15.280 millones de pesos y recibió una adición de 6.500 millones. La obra permanece suspendida desde febrero de 2024.

La Fiscalía General de la Nación imputó al exgobernador de Santander Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado por las presuntas irregularidades detectadas en la planeación, contratación y ejecución de un proyecto para construir un colegio con énfasis agrícola en Suaita (Santander), financiado con recursos de regalías.

La investigación indica que, en marzo de 2021, el entonces mandatario autorizó la compra por 551 millones de pesos del predio destinado a la obra, pese a que presentaba condiciones que comprometían su viabilidad, como fuentes hídricas, bosque nativo y una servidumbre de redes eléctricas por 30 años. Un arquitecto de la Secretaría de Infraestructura había advertido sobre las dificultades del terreno.

Posteriormente, Aguilar Hurtado delegó la firma del contrato, que fue suscrito el 7 de diciembre de 2022 por 15.280 millones de pesos. Los estudios y diseños estarían
incompletos, no contemplaban las licencias ambientales requeridas y el presupuesto no incluía la totalidad de las obras necesarias.

Aunque el contratista debía verificar la viabilidad del predio y asumir el costo de las modificaciones, en octubre de 2023 solicitó una adición de 6.500 millones de pesos, que fue aprobada.

Luego se efectuó un pago de 3.339 millones por la compra del lote, trabajos preliminares y movimientos de tierra.

La obra fue suspendida en febrero de 2024 y, según los elementos recopilados, lo construido tendría que ser demolido por razones ambientales. Para la Fiscalía, las irregularidades habrían ocasionado un detrimento patrimonial de 3.339 millones de pesos.

La investigación también evidenció que en el municipio ya existía una institución educativa con 10 sedes adicionales, y que no se había previsto presupuesto para una nueva planta docente ni se contaba con suficientes estudiantes para justificar el proyecto.

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Fiscalía

Capturan a 3 suboficiales señalados de sustraer armas de depósitos militares y venderlas a grupos ilegales

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*También fueron capturados dos civiles.

La Fiscalía anunció que puso al descubierto una red delincuencial señalada de extraer y comercializar ilegalmente municiones y otros elementos de uso exclusivo de la fuerza pública, mediante maniobras que habrían permitido alterar los registros y controles establecidos para la custodia del material en diferentes sedes militares.

«Con la coordinación de un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y el Ejército Nacional capturaron a cinco señalados integrantes de la organización en Armenia, Ibagué, Florencia, Villavicencio y Bogotá. Se trata de tres suboficiales, uno activo y dos en retiro, y dos civiles», indicó la Fiscalía.

Así mismo fue notificado en la cárcel La Picota de Bogotá Óscar Roberto Cediel Hoyos, alias ‘Sargento García’, quien cumple una condena por tráfico de armas y sería el encargado de coordinar la actividad ilícita desde el centro carcelario.

Según la Fiscalía, la estructura contactaba a funcionarios que desempeñaban labores de almacenistas de armamento en diferentes guarniciones. Al parecer, les ofrecían dinero y otros beneficios a cambio de alterar registros, generar legalizaciones fraudulentas y facilitar la extracción de armas, municiones y componentes.

Posteriormente, estos elementos eran comercializados a diferentes grupos armados ilegales.

«Hasta el momento han sido documentados eventos delictivos en el Cantón Militar Coronel Jaime Rooke, de Ibagué, y en el Batallón de Infantería Mecanizada No. 5 ‘General José María Córdova’, en Santa Marta», indicó la Fiscalía.

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Fiscalía

Hombre hirió con un machete a su hermana por una deuda de 40 mil pesos

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El 20 de septiembre, en la manzana C casa 7 del barrio El Oasis, Santa Marta, se presentó una riña entre hermanos relacionada con una deuda de 40.000 pesos.

Durante el altercado, Gabriel Antonio Payares Bolívar habría agredido con un arma blanca a su hermana, Juana María Payares Bolívar, ocasionándole una lesión de gravedad en una de sus manos.

La víctima fue auxiliada por su hermana y su esposo, quienes la trasladaron inicialmente al puesto de salud de Bastidas y posteriormente a la Clínica Bahía, donde recibió atención médica debido a la gravedad de la lesión.

Gabriel Antonio Payares Bolívar fue capturado en flagrancia por uniformados de la Estación Bastidas y puesto a disposición de la Fiscalía 7 Seccional URI.

El caso fue tipificado como lesiones personales agravadas por circunstancias, conforme al artículo 119 del Código Penal.

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