*La medida fue aplicada a un inmueble y un establecimiento de comercio avaluados en 11.000 millones de pesos.

La Fiscalía General de la Nación actuó sobre el patrimonio ilícito de las redes
delincuenciales dedicadas a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Medellín.

Dos bienes, avaluados preliminarmente en más de 11.000 millones de pesos, fueron afectados con medidas cautelares de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión.

Los activos están representados en un inmueble ubicado en el centro de la ciudad y un establecimiento de comercio que funcionaba como motel, que de acuerdo con los elementos materiales probatorios habrían sido utilizados para facilitar el desarrollo de actividades de tipo sexual con menores de edad.

Durante varios procedimientos realizados en el lugar las autoridades constaron el ingreso recurrente de niñas y adolescentes para ser sometidas a actividades relacionadas con el delito de estímulo a la prostitución.

Asimismo, obtuvieron evidencia de que también funcionaría como centro de almacenamiento y venta de estupefacientes.

Las medidas cautelares decretadas por una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio fueron materializadas en diligencias realizadas de manera articulada con unidades de la Policía Nacional y del Ejército Nacional.

Las propiedades quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración, mientras avanza el proceso correspondiente.

*Mediante diferentes maniobras de engaño se habría apropiado de más de 620 millones de pesos. Recientemente había sido judicializada por hechos similares.

La Fiscalía General de la Nación identificó el presunto patrón delictivo de Judith Elbertes Jay Cuervo, una abogada que habría estafado a, por lo menos, 26 personas con falsos remates judiciales en Pereira y Dosquebradas (Risaralda).

La mujer es señalada de valerse de su formación profesional para contactar personas con el supuesto de tener conocidos en los juzgados civiles del departamento y algunas sucursales bancarias de Quindío, que le ayudarían a adquirir a bajo costo inmuebles y automotores que entraban en proceso de subasta.

Para ganar la confianza de los interesados y dar apariencia de legalidad a las aparentes gestiones que realizaba, les entregaba documentos con sellos, actas de remate y formatos de consignación en cuentas de depósitos judiciales.

De esta manera, entre 2021 y 2024, presuntamente recibió 624 millones de pesos de manos de ciudadanos que creyeron en los ofrecimientos. En todos los casos Jay Cuervo perdió contacto con las víctimas, dejó de contestar llamada y se quedó con los recursos que le confiaron.

En ese sentido, una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico de la Seccional Risaralda le imputó los delitos de estafa, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado, todas las conductas agravadas.

Los cargos fueron aceptados y le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.

Recientemente, la mujer fue judicializada por actuaciones fraudulentas similares que dejaron 15 personas afectadas en Rionegro (Antioquia) y Buga (Valle del Cauca).

*Con su intervención favoreció la conformación de la unión temporal a la que el MinTic le adjudicó un millonario contrato de conectividad rural.

En atención a las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, una juez penal de conocimiento de Bogotá condenó a Ottomar José Lascarro Torres a 12 años y 9 meses de prisión por su participación en las irregularidades detectadas en el contrato 1043 de 2020, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados 2020 para llevar internet a más de 7.000 escuelas rurales del país. El procesado fue declarado responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado.

Además de la pena de prisión impuesta, deberá pagar una multa de 2.452 millones de pesos y cumplir una inhabilidad de 153 meses para ejercer derechos y funciones públicas.

En el curso de la investigación dirigida por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción se conoció que Lascarro Torres aportó los nombres, la experiencia y la información financiera de dos empresas de su propiedad para acreditar la capacidad técnica y la trayectoria exigidas en el proceso contractual y permitir la conformación de la ‘Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020’.

De esta manera, se indujo en error a los funcionarios del MinTic que adjudicaron a la unión temporal constituida el contrato de conectividad, que ascendió en valor a más de un billón de pesos.

Por las actuaciones irregulares que permitieron a ‘Centros Poblados’ quedarse con el proyecto, el empresario recibió más cerca de 250.000 dólares, recursos que fueron transferidos a una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos.

La sentencia conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.