*La Fiscalía documentó ocho casos y detectó incrementos patrimoniales injustificados por más de 240 millones de pesos entre los implicados.

Préstamos informales ofrecidos a comerciantes, conductores de servicio público y otras personas con necesidades económicas pusieron al descubierto el presunto actuar delictivo de ‘Los Cobra’, una red delincuencial involucrada en los denominados préstamos ‘gota a gota’ o ‘paga diario’ en Tunja, Samacá y Duitama (Boyacá).

La Fiscalía General de la Nación asoció las denuncias de ocho víctimas que, desde 2022, recibieron desembolsos de uno a tres millones de pesos, con intereses superiores a los límites legales. Cuando se retrasaban en los pagos de las cuotas fijadas eran amenazadas, recibían malos tratos o sufrían daños en sus bienes.

La investigación, liderada por un fiscal de la Seccional Boyacá, permitió identificar a los presuntos integrantes del grupo ilegal. Se trata de John Maicol Beltrán Bernal, Luis Miguel Garcés Guerra, Yefer Hernán Bernal Reyes, Juan Diego Ospina Bernal, Rómulo Antonio Garcés Parra y Víctor Hugo Pedraza Báez.

Estas personas cumplirían distintos roles. Al parecer, se distribuían horarios y zonas para ofrecer créditos, realizar cobros y acordar refinanciaciones.

Estas actividades les habrían generado incrementos patrimoniales injustificados por más de 240 millones de pesos, reflejados en movimientos bancarios y en la adquisición de bienes muebles e inmuebles.

Los seis hombres fueron capturados durante diligencias realizadas de manera articulada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional.

En los procedimientos les fueron incautados tarjetas de cobro, cuadernos con registros contables y rutas de recaudo, tarjetas SIM, dinero en efectivo, celulares, motocicletas y vehículos.

La Fiscalía les imputó, según su posible responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares y usura. Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia.

*Alexander Herrera Ramírez, alias Capi Ortiz, fue declarado responsable de 28 asesinatos y otros ataques armados en varios municipios de Meta.

Un juzgado penal del circuito especializado de Villavicencio (Meta) avaló el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y Alexander Herrera Ramírez, alias Capi Ortiz, y lo declaró responsable de una ola de homicidios selectivos y otros ataques armados perpetrados entre junio de 2014 y febrero de 2016, en Puerto Gaitán, Puerto López y Villavicencio (Meta).

Herrera Ramírez, en su condición de cabecilla del grupo armado ilegal autodenominado ‘Libertadores del Vichada’, asumió la coordinación y ejecución de sicariatos en medio de una confrontación violenta con otras estructuras criminales para asumir el control del tráfico de estupefacientes, y como método de intimidación a las comunidades que se oponían al actuar delictivo en la región.

Entre los hechos acreditados está la agresión a dos integrantes de la Policía Nacional, el 10 de febrero de 2016, durante una diligencia de registro y allanamiento realizada en Mosquera
(Cundinamarca), que tenía como propósito capturar a Herrera Ramírez.

Durante la huida fueron disparadas armas de fuego desde un vehículo. Uno de los uniformados resultó herido y el otro fue arrollado por el automotor.

En el curso de la investigación orientada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales fueron identificados 28 eventos delictivos en los que participó esta persona.

En ese sentido, fue condenada a 27 años y 8 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa, en concurso homogéneo.

Además de la pena de prisión, el juzgado le impuso 20 años de inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas.

*Los dos fueron judicializados junto a la madre de una de las víctimas, una adolescente de 16 años.

Entre agosto y octubre de 2025, en un inmueble de Villa del Rosario (Norte de Santander), habría funcionado un estudio clandestino dedicado a realizar transmisiones con contenido sexual explícito a través de plataformas digitales.

A ese lugar habrían sido llevadas una mujer de 19 años y una adolescente de 16 años, quienes debían cumplir horarios y atender todas las solicitudes de los usuarios durante las sesiones en vivo para obtener mayores ingresos económicos. Los pagos eran realizados en dólares y recibidos por los administradores del sitio.

Actividades de policía judicial dirigidas por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que los hermanos Carlos Alberto y Carlos José Colina Herrera, de nacionalidad venezolana, serían los encargados de vigilar y supervisar a las víctimas, y aplicar multas por posibles incumplimientos de las reglas impuestas.

De igual manera, se conoció que la madre de la adolescente también estaría involucrada en las actividades ilícitas y, al parecer, permitió que su hija acudiera al estudio y fuera explotada sexualmente.

Una fiscal de la Seccional Norte de Santander imputó a los tres señalados implicados, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de trata de personas agravada y utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años.

Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.