*Alexander Herrera Ramírez, alias Capi Ortiz, fue declarado responsable de 28 asesinatos y otros ataques armados en varios municipios de Meta.

Un juzgado penal del circuito especializado de Villavicencio (Meta) avaló el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y Alexander Herrera Ramírez, alias Capi Ortiz, y lo declaró responsable de una ola de homicidios selectivos y otros ataques armados perpetrados entre junio de 2014 y febrero de 2016, en Puerto Gaitán, Puerto López y Villavicencio (Meta).

Herrera Ramírez, en su condición de cabecilla del grupo armado ilegal autodenominado ‘Libertadores del Vichada’, asumió la coordinación y ejecución de sicariatos en medio de una confrontación violenta con otras estructuras criminales para asumir el control del tráfico de estupefacientes, y como método de intimidación a las comunidades que se oponían al actuar delictivo en la región.

Entre los hechos acreditados está la agresión a dos integrantes de la Policía Nacional, el 10 de febrero de 2016, durante una diligencia de registro y allanamiento realizada en Mosquera
(Cundinamarca), que tenía como propósito capturar a Herrera Ramírez.

Durante la huida fueron disparadas armas de fuego desde un vehículo. Uno de los uniformados resultó herido y el otro fue arrollado por el automotor.

En el curso de la investigación orientada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales fueron identificados 28 eventos delictivos en los que participó esta persona.

En ese sentido, fue condenada a 27 años y 8 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa, en concurso homogéneo.

Además de la pena de prisión, el juzgado le impuso 20 años de inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas.

*Los dos fueron judicializados junto a la madre de una de las víctimas, una adolescente de 16 años.

Entre agosto y octubre de 2025, en un inmueble de Villa del Rosario (Norte de Santander), habría funcionado un estudio clandestino dedicado a realizar transmisiones con contenido sexual explícito a través de plataformas digitales.

A ese lugar habrían sido llevadas una mujer de 19 años y una adolescente de 16 años, quienes debían cumplir horarios y atender todas las solicitudes de los usuarios durante las sesiones en vivo para obtener mayores ingresos económicos. Los pagos eran realizados en dólares y recibidos por los administradores del sitio.

Actividades de policía judicial dirigidas por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que los hermanos Carlos Alberto y Carlos José Colina Herrera, de nacionalidad venezolana, serían los encargados de vigilar y supervisar a las víctimas, y aplicar multas por posibles incumplimientos de las reglas impuestas.

De igual manera, se conoció que la madre de la adolescente también estaría involucrada en las actividades ilícitas y, al parecer, permitió que su hija acudiera al estudio y fuera explotada sexualmente.

Una fiscal de la Seccional Norte de Santander imputó a los tres señalados implicados, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de trata de personas agravada y utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años.

Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

*Este hombre habría viajado desde Boyacá hasta Casanare para identificar el lugar donde podrían ejecutar la acción delincuencial.

Como resultado de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación con ocasión del homicidio del exalcalde de Yopal (Casanare), Jhon Jairo Torres Torres, ocurrido el pasado 29 de septiembre, fue judicializado Eduard Daniel Martínez Pinzón.

Esta persona presuntamente viajó desde Tunja (Boyacá) para ubicar a la víctima, identificar el lugar del crimen y participar en su ejecución.

Asimismo, es señalado de trasladar en motocicleta al adolescente que disparó contra el exmandatario, en su finca ubicada zona rural de Yopal.

Las evidencias indican que el menor de edad habría descendido del vehículo y accionado un arma de fuego contra el exalcalde, quien murió posteriormente en un centro asistencial.

Durante la huida, el hoy procesado aceleró abruptamente la motocicleta y ocasionó un accidente. Él alcanzó a escapar del lugar; mientras que el joven fue retenido por la comunidad y entregado a las autoridades.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Policía Nacional capturaron a Martínez Pinzón en un inmueble de Tunja, en cumplimiento de una orden judicial.

Una fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de homicidio con circunstancia de mayor punibilidad. El procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Por estos mismos hechos, el adolescente aceptó su responsabilidad y permanece en un centro especializado cumpliendo medida de internamiento preventivo.