*Jhorman David Mora Silva y Cristian Camilo González Ardila admitieron su participación en actos previos y posteriores a la ejecución del ataque armado.

En atención a las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la Nación, Jhorman David Mora Silva, alias Caleño, y Cristian Camilo González Ardila reconocieron mediante preacuerdo su participación en las labores de planeación y logística del magnicidio del precandidato presidencial y exsenador Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

Una juez penal especializada avaló la negociación judicial, tras constatar que las sanciones acordadas se ajustan a la normatividad vigente, y condenó a Mora Silva a 15 años y 8 meses de prisión, y a González Ardila a 11 años y 7 meses de prisión como responsables, de acuerdo con su participación individual, de los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; concierto para delinquir agravado, y uso de menores en la comisión de delitos.

Según la investigación adelantada por un grupo de fiscales de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, Mora Silva contactó al joven que disparó contra la víctima. Además, el día del ataque sostuvo una videollamada con otros involucrados, entre ellos Elder José Arteaga Hernández, durante la cual el adolescente recibió instrucciones precisas sobre el proceder criminal.

Por su parte, González Ardila se sumó al plan delictivo comprometiéndose a recoger en motocicleta al menor de edad que ejecutó el atentado, con el propósito de facilitar su huida.

Como parte de esta labor, recibió una transferencia de dinero destinada a cubrir el combustible del vehículo y desplazarse hasta el punto acordado. No obstante, el joven fue interceptado durante su fuga por el esquema de protección del senador antes de llegar al sitio de encuentro.

Con las sentencias conocidas hoy, son siete las condenas en firme por el magnicidio del senador Uribe Turbay.

*Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que habrían utilizado un taxi desde donde descendió uno de ellos en en punto donde fue atacada la víctima con arma de fuego. Itagüí, Antioquia.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Yesison Alexis Arenas Torres y Emanuel Patiño Garzón, posibles responsables de causarle la muerte al dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Wilber Ferney Martínez Sana, el pasado 13 de agosto, en Itagüí (Antioquia).

Según la investigación dirigida por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Medellín, los dos hombres llegaron en un taxi al barrio San Francisco, en inmediaciones de la cárcel La Paz, y habrían perpetrado el crimen con una pistola provista de un supresor de sonido de fabricación hechiza. Arenas Torres es señalado de disparar en contra del funcionario, quien se encontraba de espaladas y en estado de indefensión.

Entre tanto, Patiño Garzón, al parecer, condujo el vehículo presuntamente utilizado para trasladarse al lugar escogido para ejecutar el ataque armado y posteriormente huir. Unidades de la Policía Nacional los capturaron minutos después en el barrio Guayabal de Medellín.

Durante el procedimiento fueron incautados el taxi y el arma de fuego utilizada para atentar contra el dragoneante. Por estos hechos, la Fiscalía les imputó los delitos de homicidio y fabricación, tráfico o porte de armas, partes o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, ambas conductas agravadas. Los procesados no aceptaron los cargos y una juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

*El procesado habría registrado actas fraudulentas con las que consiguió modificar los estatutos de las empresas y ser designado como representante legal.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jorge Camilo Gnecco Espinosa por su presunta
responsabilidad en la utilización de documentos falsos para asumir el control de dos sociedades familiares en Santa Marta (Magdalena).

De acuerdo con la investigación, tras el fallecimiento de su padre, Gnecco Espinosa habría elaborado y utilizado actas fraudulentas de supuestas juntas extraordinarias realizadas en enero de 2011, sin la participación ni convocatoria de su madre, quien para entonces era socia gestora de las dos empresas.

Los elementos recopilados indican que las actas habrían sido registradas ante la Cámara de Comercio de Santa Marta y utilizadas para transformar las sociedades en comandita en sociedades por acciones simplificadas, modificar sus estatutos y designar al procesado como gerente y representante legal.

Con estas actuaciones habría excluido a su madre de la administración y afectado sus intereses económicos, así como los de sus hermanas, quienes para la época de los hechos eran menores de edad.

La investigación también estableció que, para las fechas en las que supuestamente se realizaron las reuniones, la madre se encontraba en Bogotá y el hoy imputado estaría fuer del país, circunstancias que fueron tenidas en cuenta durante las labores investigativas.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Fe Pública y Orden Económico de la Seccional Bogotá lo imputó en contumacia por los delitos de obtención de documento público falso agravada por el uso, en concurso homogéneo y sucesivo; fraude procesal, en concurso homogéneo y sucesivo; y estafa agravada por la cuantía.