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“La inseguridad, un flagelo que nos afecta a todos”

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La larga trayectoria en el campo de la seguridad, acredita a Gioseppe Giovanni Borrás como uno de los profesionales más acreditados en esa área en Colombia. Actualmente realiza una maestría en ciberseguridad en la Escuela Internacional de Criminología y Criminalística de Estados Unidos. 

Para nadie es un secreto que Colombia es uno de los países de América Latina más azotado por diferentes manifestaciones delictivas: narcotráfico, terrorismo, secuestro, extorsión, robos, fleteos, entre otras conductas criminales. Sin embargo, a pesar de esta difícil coyuntura, el país cuenta con personal idóneo y calificado, en el sector privado, que aporta luces y propuestas para enfrentar el flagelo de la inseguridad.  

AL DÍA contactó a una de las voces más autorizadas, en estos momentos, para analizar esta problemática. Se trata de Gioseppe Giovanni Borrás Sanabria, un experto profesional en el campo de la seguridad. Borrás Sanabria cuenta con más dd 20 años de experiencia en el campo de la seguridad y actualmente se encuentra realizando una maestría de ciberseguridad en la Escuela Internacional de Criminología y Criminalística en Estados Unidos. 

El fleteo se ha constituido en el pan de cada día. Los casos, en las principales ciudades del país, abundan por doquier, incluyendo la pérdida de vida de personas que se oponen a los delincuentes. Al margen de esta situación, también aumentan las extorsiones a manos de bandas criminales organizadas, las estafas informáticas y el atraco callejero y en las unidades de transporte público por parte de la delincuencia común.  

“El hurto es el delito que más se denuncia en Colombia y el robo a personas es la modalidad más frecuente, con 21 robos cada hora, 419 personaa afectadas por día y 77.100 denuncias; seguido del robo de celulares, con 15 hurtos cada hora, 272 móviles robados por día y 49.949 denuncias por día”, según cifras de la Fiscalía y de las autoridades policiales, precisa al especialista. 

¿Qué hacer?  

“El delito se tecnifica, se moderniza, se adapta para burlar los esquemas y planes de seguridad de los organismos policiales. Por eso es que las autoridades están llamadas y obligadas a dar pasos de gigante ante las arremetidas de los delincuentes. Considero que es necesario que se profundice en el tema de la inteligencia, la cual nos permite analizar el accionar de las bandas criminales. Sin un trabajo de inteligencia, desarrollado en las calles, sin el apoyo de la comunidad, seremos incapaces de frenar el auge delictivo. Los organismos policiales deben colocarse a la vanguardia de la inteligencia porque el hampa también hace trabajo de inteligencia en las calles. Para nadie es un secreto que el fleteo se basa en la inteligencia que hacen los bandidos dentro y fuera de las entidades bancarias a un costo muy alto en vidas y en recursos económicos”, apunta el experto en seguridad.  

“Sería magnífico que se incremente el trabajo de inteligencia de la Sijín, Dijín y demás organismos policiales en el sector bancario, en las afueras de los bancos, para contrarrestar el fleteo. Recientemente las autoridades dieron a conocer un informe en el que se señalan algunas ciudades en donde se ha registrado un aumento en el hurto bajo la modalidad del fleteo: Cartagena, Riohacha, Santa Marta, Yopal, Cúcuta, Puerto Carreño, Mocoa, Popayán, Sincelejo, Leticia, Manizales, Quibdó, Montería, Barranquilla, Medellín e Inírida. En total son 23 ciudades. Esto debe llamar la atención del Estado colombiano porque la ciudadanía ya está hastiada de esos delitos”, precisa Borrás.  

Recomendaciones 

Sugiere a los ciudadanos una serie de medidas para no ser víctimas del hampa: No exhibir objetos de valor o llamativos como joyas y relojes en espacios públicos. No contar el dinero en espacios públicos. Evitar las multitudes. Mantener bolsos o maleta bien cerrados y en lugares visibles. En caso de ir en un vehículo mantener las ventanas cerradas y no dejar objetos de valor a la vista. Igualmente, al caminar por un andén, portar el bolso o maleta del lado contrario de la calle. No caminar arrinconado por la pared. Estar atentos a las personas que cruzan por su lado, que caminan cerca, que vienen en el sentido contrario. Si necesita hacer una llamada utilice los manos libres y mantenga el celular oculto en el bolso. No chatear en los buses y no llevar el celular en las manos.  

“El delito y el crimen organizado se combaten con políticas gubernamentales en las que se tengan en cuenta sus raíces y causas, apoyadas con el desarrollo de la tecnología y el concurso articulado de las diferentes instituciones del país, pero sobre todo con la participación activa de la ciudadanía, pues el flagelo de la criminalidad nos afecta a todos y traspasa las fronteras”, explicó.  

De acuerdo con su experiencia, las personas también deben ser cuidadosas con el tema de la extorsión. “No reciba, no atienda llamadas telefónicas de número desconocidos. Bloquee de inmediato esos números, tampoco responda mensajes de WhatsApp que no tenga en sus contactos. Proceda a bloquearlos de inmediato. En caso de que a su casa o negocio lleguen panfletos extorsivos, comuníquese de inmediato con el Gaula, la Fiscalía o demás autoridades policiales. No se atemorice pero tampoco se descuide. Lo ideal es denunciar la extorsión”, subrayó. 

De igual manera el experto considera que los ciudadanos también deben adoptar medidas de seguridad cuando se dispongan a sacar sumas de dinero en bancos o cajeros automáticos. “No vaya solo a realizar esas transacciones. Si se trata de sumas altas de dinero, pida acompañamiento policial, no haga visajes, esté atento a las personas que le despierten sospechas, no confíe en nadie ni diga a nadie que va a ir al banco o al cajero. Saque el dinero estrictamente necesario y procure hacerlo en bancos o cajeros ubicados en sectores vigilados por las autoridades policiales. Lo mejor sería realizar sus transacciones en el área virtual. Hoy, todos los bancos ofrecen a través de sus plataformas virtuales ese mecanismo”, puntualizó Borrás Sanabria. 

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La JEP ha determinado que entre 1990 y 2016 hubo al menos 7.837 casos de falsos positivos en Colombia

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*Según las investigaciones que ha adelantado ese tribunal, entre los años 1990 y 1994 se habrían presentado al menos 470 falsos positivos. Entre 1995 y 1998 la cifra sería de 334 casos. Desde 1999 y hasta 2002 hubo 708 registros. De 2003 a 2010 se registran los números más altos, con al menos 6.053 ejecuciones extrajudiciales. Mientras que de 2011 a 2016 empezaron a descender, con 272 registros. Estos datos aún están siendo consolidados y contrastados por la JEP y podrían tener una variación a medida que avanzan las indagaciones.

Blu Radio obtuvo documentos oficiales entregados a este medio de comunicación tras una petición, en la que se aclara que se han adelantado varios procesos de revisión y depuración de los registros documentados sobre víctimas de estos casos.

La sección que ha estado encargada de esclarecer estas cifras es el Grupo de Análisis de Información, GRAI.

Según la respuesta de la jurisdicción, el GRAI “ha adelantado varios procesos de revisión y depuración de los registros documentados como Muertes Ilegítimamente Presentadas como Bajas en Combate (MIPBC), y que hacen parte del patrón macrocriminal investigado en el macrocaso 03 de la JEP. Nótese que las MIPBC son un subconjunto de los homicidios atribuibles a la Fuerza Pública, ya que no todo homicidio de esta naturaleza fue presentado como una baja durante un combate legítimo”.

La JEP también señala que el consolidado de víctimas no es un número estático, absoluto o cerrado, y aclaran que las muertes y desapariciones presuntamente atribuibles a la Fuerza Pública durante el conflicto superan los 20.000 casos.

“Bajo la última actualización, el GRAI ha documentado 20.728 homicidios y desapariciones forzadas presuntamente atribuibles a la Fuerza Pública, de los cuales 7.837 han sido clasificados como MIPBC entre los años 1990 a 2016”.

A este resultado se llegó después de que la Sala de Reconocimiento le ordenó al GRAI sistematizar todos los informes remitidos a la jurisdicción y consolidar un Catálogo de Informes y un Universo Provisional de Hechos, con base en cuatro criterios: metadatos de la fuente, información detallada de los hechos, características de las personas identificadas y la posibilidad de realizar conteo y análisis estadísticos relevantes”, dice el documento entregado a Blu Radio por la JEP.

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Corte Constitucional da vía libre a la Jurisdicción Agraria: comenzará a operar en 2027

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Miles de hectáreas y más de 200 expedientes agrarios esperan resolución, mientras Colombia alista tribunales rurales especializados desde 2027.

Después de una década desde la firma del Acuerdo de Paz, Colombia contará con una Jurisdicción Agraria y Rural que empezará a funcionar en 2027, tras una decisión de la Corte Constitucional que ordena su implementación progresiva.

Según la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio de Agricultura, la medida busca que los conflictos sobre tierras, producción agraria y tenencia rural sean resueltos por jueces especializados, una figura que hasta ahora no existía en el país.

La decisión también instruye al Consejo Superior de la Judicatura para que adelante la creación de juzgados y tribunales agrarios y rurales en todo el territorio nacional.

Además, el alto tribunal exhortó al Congreso de la República a aprobar antes del 20 de junio la ley ordinaria que establecerá el procedimiento especial agrario, requisito indispensable para completar la implementación de esta nueva jurisdicción.

Una deuda pendiente con el campo: MinAgricultura

La creación de esta jurisdicción responde a un compromiso establecido en el Punto 1 del Acuerdo Final de Paz, firmado en 2016, que contempló una justicia especializada para atender los conflictos de tierras en las zonas rurales.

Su objetivo, según la ANT, es ofrecer respuestas más rápidas y especializadas a disputas que han permanecido sin resolución.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, advirtió que «restan pocas sesiones legislativas para aprobar la norma que definirá las competencias y procedimientos de estos despachos judiciales».

La Sentencia C-099 del 22 de abril de 2026 reiteró la urgencia de que el Congreso complete el desarrollo normativo del Acto Legislativo 03 de 2023.

Procesos agrarios represados

Juan Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, señaló que «la orden judicial establece la entrada en funcionamiento de esta jurisdicción a partir del próximo año».

La decisión se produjo luego de una demanda presentada por la entidad para acelerar su puesta en marcha.

Según ambas entidades, la ausencia de jueces especializados ha generado un represamiento significativo de procesos agrarios en el país. Entre 2025 y 2026, la Agencia Nacional de Tierras radicó 13 demandas que involucran 15 procesos sobre aproximadamente 16.400 hectáreas, todos en condiciones similares.

A esto se suman cerca de 210 procesos agrarios que actualmente cursan en fase administrativa y abarcan unas 45.000 hectáreas. Estos expedientes son considerados clave para avanzar en la meta de redistribuir tres millones de hectáreas a través del Fondo de Tierras.

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Corte Suprema confirma condena contra exdirector de la Policía Rodolfo Palomino por el delito de tráfico de influencias

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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra el exdirector de la Policía, el general en retiro Rodolfo Palomino López, por tráfico de influencias.

La Sala cuestionó el uso indebido de su investidura y calificó su conducta como una “inaceptable desviación de poder”, al intentar interferir en una investigación judicial.

“De acuerdo con lo que se ha explicado, la Sala puede concluir que el entonces general Rodolfo Palomino López, exdirector de la Policía Nacional, se sirvió de sus competencias funcionales para contactar a través de uno de sus subalternos a la fiscal Sonia Lucero Velázquez Patiño”, comenzó por decir el magistrado Gerson Chaverra Castro.

Indicó que el motivo por el que Palomino se contactó con la fiscal no fue la coordinación interinstitucional para la provisión de apoyo logístico a los operativos ordenados por Sonia Velázquez, en el marco de la investigación adelantada contra algunos miembros del fondo ganadero de Córdoba.

“Las pruebas practicadas en el juicio oral permitieron conocer que el contacto con la funcionaria judicial fue propiciado por el general con el único objetivo de favorecer la situación jurídica del empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo, vinculado a la referida investigación como uno de los promotores del contubernio que se habría gestado entre las Autodefensas Unidas de Colombia y el fondo”, dijo el togado.

Sostuvo que Rodolfo Bautista Palomino “intercedió proactivamente” ante la funcionaria judicial durante la reunión del 8 de febrero de 2014, conversación durante la cual el “procesado le propuso a su interlocutora dejar quieto el proceso seguido contra el nombrado empresario”.

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