*El hombre permaneció retenido en un inmueble de Medellín (Antioquia) durante siete días. Por su liberación exigían 800 millones de pesos.

Con el supuesto de cerrar un negocio relacionado con la venta de unas tierras para la explotación minera en el sur de Bolívar, un comerciante de Cali (Valle del Cauca) se trasladó a Medellín (Antioquia) el pasado 23 de junio.

Al llegar al punto indicado, un grupo de hombres lo trasladó en un vehículo de servicio público a un predio del barrio La Iguaná y sometió violentamente.

Elementos materiales probatorios en poder la Fiscalía General de la Nación indican que fue intimidado con armas de fuego, obligado a entregar sus pertenencias, avaluadas en 15 millones de pesos, y retenido en contra de su voluntad. Entre tanto los familiares recibieron llamadas en las que les exigieron 800 millones de pesos a cambio de la libertad de su allegado.

Siete días después, en una labor articulada con el Gaula de la Policía Nacional, la víctima fue rescatada en el inmueble donde permanecía privada de la libertad. En el procedimiento fueron capturadas dos personas identificadas como Maicol Alexis Castrillón Agudelo y Santiago de Jesús Gallo Zuluaga, quienes serían las encargadas de custodiar al comerciante.

Adicionalmente, se incautaron un arma de fuego, un supresor de sonido y un proveedor de 12 cartuchos calibre 9mm.

Un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y fabricación, tráfico, porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, todas las conductas agravadas.

Los procesados no aceptaron los cargos y recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

*Estaría implicado en la retención y posterior crimen de un hombre señalado de pertenecer a otro grupo armado ilegal.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a Juan David Pineda Vargas, señalado integrante del ‘Clan del Golfo’ que estaría implicado en múltiples actividades delictivas perpetradas en Zaragoza, El Bagre y otras poblaciones del Bajo Cauca antioqueño.

Según la investigación, este hombre presuntamente asumió funciones como sicario en 2024.

A finales de ese año habría sido designado cabecilla urbano con la responsabilidad de coordinar homicidios selectivos, secuestros, extorsiones, tráfico de estupefacientes y extracción ilegal de minerales; además de recopilar información sobre movimientos de la fuerza pública en la zona.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, el 5 de agosto de 2024, hizo parte de un grupo armado que se trasladó a una vivienda ubicada en la vereda Cacales, en El Bagre, y retuvo en contra de su voluntad a un hombre y lo condujo hasta el sector conocido como La Arenosa, donde fue amarrado de manos y sometido a agresiones físicas para que revelara información sobre una agrupación rival.

Al no obtener lo que pretendían, la víctima fue llevada a otro lugar y asesinada con arma de fuego, mientras permanecía maniatada e indefensa.

Su cuerpo fue hallado al día siguiente, 6 de agosto de 2024. Pineda Vargas, al parecer, fotografió el cuerpo para reportar a sus superiores la ejecución del crimen.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado en calidad de cabecilla, secuestro simple agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El procesado no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

*La audiencia fue suspendida y continuará el 6 de julio a las 4 de la tarde.

El Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito, Rodrigo Restrepo, solicitó al Juzgado 09 Penal Municipal Control Garantías De Barranquilla detención domiciliaria para los señalados de secuestro y tortura del prestamista Carlos Alfredo Mejía Vargas, en Barranquilla.

Esta medida aplicaría para Luis Mariano Díaz, hijo de Diomedes Díaz; Keiner David Rocha Gamero, Darío Andrés Tirado Bossio, José David Martínez Ibáñez, Alexis Rafael Jiménez Urina y Stiven Rafael Bolaño De La Hoz.

“La Fiscalía le solicita detención preventiva en la residencia señalada por los imputados, porque la Fiscalía considera que no obstaculiza el juzgamiento”.

El ente acusador precisó que “la detención domiciliaria no es exagerada, no es abusiva por parte de la Fiscalía”, además, aseguró que “las víctimas están de acuerdo con la medida domiciliaria”.

Los defensores de los procesados estuvieron de acuerdo con la medida solicitada por la Fiscalía. Sin embargo, al turno del Juzgado, la audiencia fue suspendida.

La suspensión por parte del Juzgado se debió a que el material probatorio enviado por la Fiscalía al despacho, llegó en diferentes correos electrónicos con múltiples archivos adjuntos, sin numeración, identificación ni organización, lo que dificultó ubicar y verificar los elementos probatorios citados durante la audiencia.

Precisó la juez que el despacho debe evaluar los elementos materiales probatorios que sustentó la medida el Fiscal y por ello, suspendió la audiencia, la cual continuará el 6 de julio a las 4 de la tarde.