*El auto de la representante Gloria Arizabaleta ni siquiera fue radicado, aunque sí firmado.

Alejandro Ocampo, representante a la Cámara del Pacto Histórico, habló con Blu Radio desde la Comisión de Acusaciones acerca del auto que se conoció por parte de la representante Gloria Arizabaleta para suspender al presidente Gustavo Petro de su cargo.

“La Comisión de Acusaciones no ha tomado ninguna decisión contra el presidente Petro. Ni la de hace ocho días que dijeron que lo íbamos a llamar a indagatoria y tampoco esta de suspenderlo”, dijo.

“Es un auto que llegó a los medios, de la presidenta de la Comisión, el cual según ha dicho aquí, ni siquiera lo ha radicado. Lo sacaron de su oficina, de su correo pero no está radicado, no existe en la Comisión ningún auto”, agregó.

Ocampo añadió que “una sola investigadora no puede suspender al presidente, no tiene validez”.

“Un investigador no puede suspender a un presidente de la República. La Constitución no establece que un investigador tenga tanto poder y pueda someter a un presidente de esa manera (…) primero se debe radicar el auto, se debe discutir con las 18 personas de la Comisión y debería tener mínimo la mitad más uno para poder discutirse”, explicó.

“La Comisión puede acusar al presidente ante la Cámara, si la Cámara decide que sí, será el Senado quien decida si hay mérito para investigarlo y si podría suspenderlo. Eso no se puede hacer, no tiene ninguna validez. Puede tener la intencionalidad pero jurídicamente no se puede”, dijo Ocampo.

El representante del Pacto Histórico, Alirio Uribe, dijo que “el auto que presentan de la Comisión de Acusaciones dónde se suspende el Presidente, nunca ha sido radicado en la Secretaría de la Comisión, por lo que no se ha debatido, es inexistente, parece una filtración de un borrador que jurídicamente no existe”.

*Petro afirmó en Córdoba que volverá a movilizarse si un proyecto político contrario al suyo llega al poder.

El presidente Gustavo Petro elevó el tono de sus declaraciones este jueves durante un evento de entrega de 50.000 hectáreas en Córdoba, donde aseguró que, si un proyecto político contrario al suyo llega al poder, volverá a movilizarse.

“Si ganan, estaré yo en las calles arriesgándome. Otra vez con mi pueblo, otra vez a defender la justicia social, la democracia del pueblo, el poder de la población, las conquistas logradas con tanto esfuerzo para que una votación en un solo día las borre de un plumazo”, afirmó el mandatario.

Las declaraciones contrastan con un discurso que pronunció horas antes, en el que había señalado que se apartaría del ejercicio del poder una vez concluya su mandato, independientemente del resultado de las elecciones.

Petro también respondió al reciente respaldo expresado desde Estados Unidos a la candidatura presidencial de Abelardo De La Espriella y lanzó fuertes cuestionamientos contra la administración del presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Tengo que decir que no entiendo a Donald Trump ni al señor Rubio, tienen que definirse. O vamos a luchar contra el narcotráfico o ustedes van a llevar el narcotráfico a la Casa Blanca para hacer leyes sobre el pueblo de Latinoamérica con los mismos narcotraficantes, y yo no lo acepto”, señaló.

En ese mismo discurso, el jefe de Estado desafió las posibles sanciones que pudieran imponérsele desde Washington.

“Me pueden meter 10.000 veces a la lista OFAC, y si me quieren llevar preso, inténtelo, pero no bajaré la voz. Aquí antes de que quieran llevarme preso me querrán asesinar también, si los espectros de la muerte vuelven a ganar y gobernar desde la Casa de Nariño”.

Sin mencionarlo directamente, Petro también lanzó críticas al candidato Abelardo De La Espriella, haciendo referencia al tigre, símbolo de su campaña presidencial. “Aquí un tigre mataría a todos los animales de la región y a los seres humanos”, concluyó.

*Dos de los representantes investigadores piden que el mandatario sea vinculado al proceso. La Comisión habría dado con indicios de posibles gastos no reportados.

El Presidente Gustavo Petro podría ser llamado a indagatoria por el caso de financiación de su campaña en 2022.

Dos de los representantes de la Comisión Legal de Investigación y Acusación pidieron que el mandatario sea vinculado al proceso para rendir testimonio y que se practiquen las pruebas testimoniales, documentales y periciales correspondientes.

Los congresistas investigadores Gloria Arizabaleta Corral y Wilmer Carrillo Mendoza se opusieron, a través del salvamento de voto, a que concluyera la etapa de investigación previa contra el Presidente.

La Comisión habría dado con indicios de posibles gastos no reportados.

En ese sentido, de acuerdo con los representantes, la diligencia de indagatoria deberá ser citada en los términos del artículo 336 de la Ley 600 de 2000.

Asimismo, garantizar al investigado el “derecho a la defensa técnica, derecho a guardar silencio y a no auto incriminarse; prohibición de derivar de tal silencio indicios en su contra, derecho a ser informado de los hechos y de la calificación jurídica provisional, y derecho al traslado del expediente para la preparación de su defensa”.

Pidieron que se ordene la practica de pruebas testimoniales y rendir declaraciones a Juan Carlos Lemus, auditor de la campaña presidencial; Jonathan Ramírez Nieves, abogado principal de la campaña del Pacto Histórico en 2022; el representante legal de Ingenial Media S.A.S. sobre la celebración del contrato con la campaña.

Asimismo, a otras firmas que tuvieron presunta vinculación con la campaña de Petro en 2022 y al magistrado del Consejo Nacional Electoral, Benjamín Ortiz, para que rinda testimonio de las actuaciones de la corporación en el caso.

Adicionalmente, los representantes pidieron solicitar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) los datos contenidos en sus archivos sobre operaciones financieras inusuales o sospechosas relacionadas con la campaña presidencial de 2022.

Por otra parte, solicitaron compulsar copias a la jurisdicción ordinaria penal, sobre ruptura de la unidad procesal por razón de fuero, respecto de las personas no aforadas que aparezcan eventualmente involucradas en los hechos investigados.

Por último, piden trasladar comunicación a la Contraloría General de la República y al Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales sobre la apertura de la investigación.