La Dijin de la Policía, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de 11 personas en una operación simultánea en Barranquilla, Montería y Medellín.

Los capturados presuntamente estarían dedicados al fraude electrónico y en donde se habrían apropiado de más de 3 mil millones de pesos de subsidios del Departamento de Prosperidad Social.

“De acuerdo con la investigación, esta organización criminal se especializaba en la suplantación de identidades y de puestos de cobro, para apropiarse ilegalmente de los recursos del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), los cuales estaban estrictamente destinados a mitigar la pobreza de familias en situación de alta vulnerabilidad”, precisó la Dijin de la Policía.

Según la institución armada, “para lograr el cometido la organización delincuencial suplantaba las huellas dactilares de las víctimas; los peritos judiciales mediante minuciosos cotejos dactiloscópicos, lograron evidenciar que la red accedía de forma ilegal al software diseñado para enrolar las huellas de los beneficiarios legítimos, con el fin de modificar las mismas, por las del cabecilla de la organización y las de sus cómplices y así realizar los cobros fraudulentos”.

Las capturas se lograron gracias a una investigación que duró más de un año.

“Se pudo establecer que el dinero desviado correspondía a los subsidios de los programas estatales Jóvenes en Acción, Adulto Mayor y la Unidad para las Víctimas Desplazadas por la Violencia, identificando más de 334 víctimas a nivel nacional, 49 denuncias penales y 69 quejas ante la red multiservicios”, dijo el coronel Elver Vicente Alfonso, director de la Dijin de la Policía e Interpol en Colombia.

El alto oficial precisó que la investigación continúa con la búsqueda de más integrantes y colaboradores de la organización criminal.

Los investigadores lograron identificar a alias ‘Yeimar’ como presunto cabecilla y a sus integrantes quienes tenían roles criminales específicos dentro de la organización (reclutadores, cobradores y suplantadores).

“Habían empezado a cobrar fraudulentamente los subsidios en la ciudad de Medellín y municipios del departamento de Antioquia, pero decidieron expandir su red criminal hacia las ciudades de Ibagué (Tolima), Montería (Córdoba) y Barranquilla (Atlántico), donde buscaron lugares específicos para realizar falsificación de documentos de identidad, acceder abusivamente a los sistemas informáticos y captar colaboradores para realizar los cobros”, detalló la Dijin en un comunicado.

Durante los allanamientos fueron encontrados e incautados 9 computadores, 8 terminales telefónicas y 3 discos duros que serán sometidos a pruebas forenses para extraer información; también fueron halladas máquinas laminadoras, lectores biométricos, lectores de códigos de barras e insumos para la presunta creación ilícita de cédulas de ciudadanía.

Las 11 personas detenidas y los elementos materiales probatorios incautados durante los allanamientos, fueron presentados en audiencia pública ante un Juez de Control de Garantías quien dio legalidad a sus capturas y la Fiscalía General de la Nación les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático, abuso de confianza calificado y falsedad personal.

*El cuerpo fue encontrado en una zona boscosa donde suelen arrojar escombros y en la que hay una pequeña vía para el paso de bicicletas y peatones.

Continúa la conmoción por el hallazgo del cuerpo sin vida de Kevin Santiago Ángel Garzón, un profesor de informática de 31 años que había desaparecido el miércoles 20 de mayo luego de asistir a la Institución Educativa Santiago de las Atalayas, en Bosa, para cumplir con su jornada laboral.

Su rastro se perdió horas después de la jornada laboral, cuando llamó en la tarde a su mamá para decirle que estaba en un gimnasio del barrio Gran Colombiano, en la localidad de Kennedy. Después fue hallado a unos seis kilómetros de distancia, en el barrio El Tintal, de la misma localidad.

El hallazgo de Kevin Santiago Ángel
Una residente de la zona donde encontraron al profesor reveló que el cuerpo estaba adentro de una maleta en zona boscosa donde suelen arrojar escombros. En ese sitio hay una vía para el paso de peatones y bicicletas.

No obstante, fue un reciclador quien hizo el hallazgo y dio aviso a las autoridades junto con la mujer. “Yo me acerqué por curiosidad y vi una pierna afuera”, dijo la mujer y agregó: “Pasó una moto de la Policía y yo les dije que miraran porque ahí había un muerto. El policía llegó y dijo: ‘Uy, ¿cómo así?’. Ellos se bajaron de la moto, revisaron y luego llamaron al CTI para recoger el cuerpo, quienes llegaron media hora después”.

El cadáver fue trasladado a Medicina Legal, donde horas más tarde confirmaron la identidad del profesor. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó de manera contundente lo ocurrido.

“Las circunstancias exactas de su muerte están bajo investigación, la Fiscalía ya tiene avances determinantes que permitirán dar con los responsables”, escribió en su cuenta de X.

Mientras tanto, las autoridades siguen en la búsqueda de los sospechosos de este crimen y en el esclarecimiento de lo ocurrido con el profesor Santiago Ángel Garzón.

*El jefe del Ministerio Público, Gregorio Eljach, recordó que la jurisprudencia así lo definió.

El Procurador Gregorio Eljach aclaró que lo escrito en redes sociales por los servidores públicos en materia de política no constituye una falta disciplinaria, ya que hace parte de la vida privada.

«La vida privada no trasciende al mundo de lo público», dijo el jefe del Ministerio Público.

«Lo de las redes está establecido por jurisprudencia que si son redes personales eso es privado y no es objeto de disciplina. Cuando se hace con los medios que el Estado le da para cumplir su función, ahí sí estamos en la posibilidad de averiguar», precisó.

Según el Procurador Eljach hay límites claros para determinar la neutralidad electoral.

«Lo que prohíbe la ley expresamente son determinadas acciones, conductas y comportamientos que rompen la neutralidad y la imparcialidad de los funcionarios públicos frente a las conductas electorales», reiteró.

Eljach reconoció que los procedimientos del Procurador son «tortuosos, lentos», por lo que muchas veces los servidores públicos son disciplinados por participación indebida en política después de que salgan de sus cargos.

La Procuraduría General de la Nación adelanta varias investigaciones contra servidores públicos por romper su neutralidad frente a corrientes electorales, entre ellos el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.